¿En qué consiste el «Plan de Inversión y Empleo» presentado por Fedecámaras?

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El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capozzolo, presentó formalmente el «Plan de Inversión y Empleo», una propuesta institucional diseñada para fundamentar la reconstrucción económica del país.

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A través de sus canales oficiales, el dirigente gremial detalló que el programa centra sus esfuerzos en la capacitación técnica, el despliegue tecnológico, la vocación exportadora y el fortalecimiento institucional, con el objetivo prioritario de recuperar el valor del trabajo y revalorizar el poder adquisitivo de las familias venezolanas.

En el marco del balance correspondiente al segundo trimestre de 2026, Capozzolo reportó un leve repunte interanual del 0,5 % en el volumen de negocios del sector privado, impulsado fundamentalmente por el dinamismo de los rubros de construcción (+9,8 %) y manufactura (+5,9 %), en un contexto de estabilidad en los indicadores de empleo (+0,1 %). A pesar de que la percepción sobre el clima de negocios se mantiene en terreno desfavorecido (2,4 sobre 5 puntos), la confianza empresarial alcanza los 104,2 puntos, apalancando una proyección de crecimiento del 9,7 % para el cierre del presente año.

Pilares estratégicos del Plan de Inversión y Empleo

La propuesta técnica formulada por la cúpula patronal se estructura sobre cuatro ejes de acción prioritarios:

• Formación para el trabajo: Adecuación y modernización del sistema educativo para adaptar las competencias laborales a las exigencias del mercado actual.
• Acceso a la tecnología: Incorporación de herramientas tecnológicas para elevar los niveles de productividad industrial y la capacidad de los trabajadores.
• Visión exportadora: Apertura de mercados internacionales, atracción de inversiones extranjeras directas y generación sostenible de divisas.
• Solidez e institucionalidad: Promoción del diálogo tripartito, consolidación de alianzas público-privadas y construcción de consensos nacionales.

Indicadores de desempeño y proyección empresarial (II Trimestre 2026)

El balance del sector privado refleja el comportamiento del mercado y sus expectativas a corto plazo:

Variable Económica	Comportamiento / Indicador	Interpretación Gremial
Volumen de Negocios	+0,5 % interanual	Crecimiento moderado apalancado por construcción y manufactura.
Sector Construcción	+9,8 %	Mayor repunte registrado dentro de la actividad privada.
Sector Manufactura	+5,9 %	Recuperación progresiva en la producción de bienes.
Nivel de Empleo	+0,1 %	Estabilidad en la nómina del sector privado.
Clima de Negocios	2,4 / 5 puntos	Evaluación en terreno desfavorable debido al entorno operativo.
Confianza Empresarial	104,2 puntos	Expectativa positiva que proyecta un crecimiento de 9,7 % a fin de año.

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Fedeunep denuncia exclusión en el plan de reestructuración de la administración pública

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La Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) advirtió que las organizaciones sindicales no han sido convocadas por el Ejecutivo nacional para participar en el proceso de reestructuración del aparato estatal, una omisión que, según el gremio, vulnera las disposiciones de la legislación laboral venezolana y los contratos colectivos vigentes.

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El pronunciamiento se produce en el contexto del plan de reingeniería administrativa impulsado por el Gobierno, el cual dispone de un plazo de 90 días para auditar y revisar una nómina estimada en 3,5 millones de trabajadores públicos, bajo la conducción de una comisión presidencial dirigida por Héctor Rodríguez. Antonio Suárez, presidente de Fedeunep, señaló en una entrevista concedida a Unión Radio que, si bien la dimensión del Estado representa «un problema real» heredado desde la década de los ochenta, la expansión de la nómina durante los últimos diez años ha respondido a decisiones centralizadas del propio Ejecutivo y no a presiones del sector laboral.

Ausencia de datos oficiales frena las propuestas gremiales

El dirigente sindical lamentó que la representación de los trabajadores haya sido excluida de la comisión técnica de reestructuración y que el tema no forme parte de las agendas de las mesas de diálogo laboral vigentes. Suárez enfatizó que las cláusulas contractuales obligan legalmente al Estado a incorporar a las federaciones firmantes ante cualquier proceso de reorganización o reducción de personal.

La falta de canales de comunicación institucionales genera las siguientes limitaciones para el sector:

• Opacidad estadística: Las organizaciones sindicales carecen de información oficial actualizada respecto al número exacto de funcionarios, sus escalas salariales, categorías profesionales o distribución por ministerios.
• Inviabilidad de propuestas: El gremio sostiene que sin una base de datos fidedigna es imposible formular proyectos técnicos responsables sobre el tamaño idóneo del aparato público. “Las propuestas pueden ser válidas, pero sin una base cierta no pueden sostenerse”, argumentó el vocero.

Alerta por presuntas violaciones al contrato marco

Fedeunep insistió en que avanzar de manera unilateral en la reforma estatal constituye una violación directa al contrato marco de la administración pública. Suárez recordó que este instrumento jurídico vinculante obliga explícitamente al patrono gubernamental a convocar a las federaciones ante modificaciones en la estructura de los organismos.

El líder sectorial concluyó que la presencia activa de los delegados sindicales en las mesas técnicas es un requisito indispensable para garantizar los derechos adquiridos de los empleados, advirtiendo que, de mantenerse el diseño actual de la comisión sin representación laboral, se estaría incurriendo en un flagrante incumplimiento de la normativa legal vigente.

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EN VIDEO: Trabajadores petroleros fueron «agredidos por colectivos» mientras protestaban frente a Pdvsa por Kharelys Mendez

 

El secretario de profesionales y técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleo y Gas (FUTPV), Iván Freites, denunció que un grupo de colectivos los agredió mientras protestaban frente al edificio Pdvsa La Campiña, en Caracas.

En ese sentido, sostuvo que solo exigen el cumplimiento de órdenes de reenganche y su reincorporación a sus puestos de trabajo.

«Estos padres y madres de familia fueron agredidos mientras ejercían su derecho legítimo a la protesta pacífica», indicó en redes.

Destacó que «las pancartas fueron destruidas y los trabajadores intimidados por grupos protegidos por las autoridades de Pdvsa. Mientras la empresa continúa desacatando decisiones laborales y negando justicia a cientos de familias».

«La persecución, el amedrentamiento y la violencia no podrán ocultar la realidad. Miles de trabajadores petroleros siguen despedidos por razones políticas y laborales, luchando por dignidad, derechos y libertad sindical en Venezuela», comentó.

Freites sostuvo que mientras existen órdenes de reenganche emitidas por el Ministerio del Trabajo, «Pdvsa continúa desacatando la ley y manteniendo a cientos de familias en abandono y miseria».

«El Estado venezolano destruyó salarios, contratos colectivos y libertad sindical para imponer miedo y control político dentro de la industria petrolera. Exigimos amnistía laboral, justicia y reincorporación inmediata para todos los trabajadores despedidos», dijo.

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Fedecámaras resalta que los ingresos salariales dependen del crecimiento económico del país

 

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La primera vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, calificó el reciente aumento del ingreso mínimo integral anunciado por el Ejecutivo como un primer paso, pero advirtió que aún queda camino por recorrer para alcanzar una remuneración digna. Según la representante gremial, la mejora real de los ingresos está condicionada a que la economía nacional pase de una fase de «recuperación» a una de «crecimiento» sostenido.

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Polesel aclaró que, para la mayoría de las empresas afiliadas, el monto de 240 dólares no representa un cambio drástico en su estructura de costos:

• Pagos superiores: Según la Encuesta de Coyuntura del gremio, el promedio de los salarios más bajos en el sector privado ya superaba el monto anunciado por el Gobierno.
• Empresas a la espera: Señaló que solo un grupo pequeño de empresas mantenía pagos inferiores, principalmente a la espera de conocer las características legales y técnicas del anuncio oficial para ajustar sus nóminas.
• Foco en la formalidad: El objetivo, según Polesel, debe ser avanzar hacia la creación de empleos formales que garanticen estabilidad al trabajador.

Desde Fedecámaras se enfatizó que para que el sector productivo pueda ofrecer mejores condiciones, el Estado debe garantizar:

1. Seguridad jurídica: Un marco que proteja la inversión y la propiedad.
2. Mejoras fiscales: Revisión de las cargas tributarias que afectan la operatividad.
3. Modernización laboral: Una actualización de la Ley del Trabajo que se adapte a la realidad económica actual del país.

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Luigi Pisella: El aumento de ingresos debe ser gradual y basado en la realidad económica

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Luigi Pisella, empresario y expresidente de Conindustria, afirmó este lunes que el sector privado y el gobierno nacional coinciden en la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, advirtió que cualquier ajuste debe aplicarse de forma progresiva para evitar distorsiones inflacionarias que comprometan la estabilidad lograda en 2026.

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Durante una entrevista en Unión Radio, Pisella explicó que el debate actual en las mesas técnicas no solo se centra en el monto del ajuste, sino en su naturaleza legal:

• Retroactividad social: Uno de los puntos críticos abordados es cómo las prestaciones sociales inciden directamente en la capacidad de aumentar el salario base.
• Esquema de bonificación: Pisella defendió el uso de bonos como una solución inmediata, argumentando que permiten entregar «un poco más» de flujo de caja mensual al trabajador sin generar pasivos que las empresas o el Estado no puedan cubrir a corto plazo.
• Expectativa del 1 de mayo: «Todo se lo estamos apostando al 1 de mayo», señaló, indicando que el anuncio oficial debe estar alineado con la capacidad de recaudación real del país.

El dirigente gremial reveló la existencia de una nueva comisión especial con objetivos estructurales:

1. Reducción del tamaño del Estado: La comisión analiza y clasifica los activos públicos para optimizar la administración estatal y reducir gastos innecesarios.
2. Sector Privado: Pisella sostuvo que en las industrias los ajustes son «automáticos». A medida que las fábricas recuperan su capacidad instalada y aumentan la producción, los beneficios se trasladan de forma natural a los colaboradores.

Para el sector industrial, la clave para este 2026 es la responsabilidad fiscal. Pisella enfatizó que es preferible comunicar a la población que las mejoras serán progresivas y sostenibles en el tiempo, en lugar de realizar ajustes bruscos que puedan ser devorados por un repunte de precios, permitiendo así que el consumo interno crezca de manera orgánica.

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A trabajadores petroleros detenidos en Falcón los trasladaron a Yare, denuncia Iván Freites

 

A los trabajadores que detuvo la Dgcim y laboraban para la refinería Amuay los enviaron a dos cárceles de Miranda, dijo el sindicalista

El sindicalista en el exilio denunció el envío de más de 20 petroleros a cárceles de Miranda

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El sindicalista petrolero en el exilio, Iván Freites, denunció que a los trabajadores petroleros que detuvieron hace un mes en el estado Falcón los trasladaron este 10 de julio a las cárceles de Yare II y Yare III, en el estado Miranda.

En sus redes sociales, Freites afirmó que les permitieron tener una breve comunicación con sus familiares para informarles sobre su envío a dos de las cárceles «más peligrosas del país», dijo el dirigente.

«Este caso reviste extrema gravedad. A más de un mes de su desaparición forzada, el régimen no ha ofrecido información oficial, no ha presentado cargos, y ni siquiera ha reconocido públicamente las detenciones», reiteró Freites quien es uno de los pocos que denuncia estos casos que se produjeron tanto en la Refinería Amuay, Falcón, como de otro grupo en el estado Anzoátegui.

Los detuvieron sin órdenes judiciales

Aunque con temor, familiares de los trabajadores petroleros de Falcón dijeron que los sacaron de sus casas de forma violenta funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el aparato de inteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Se trata de personas que laboran para la estatal petrolera Pdvsa, en el Complejo Refinador de Paraguaná, que agrupa a las refinerías de Cardón y Amuay, que en su momento llegó a ser una de las instalaciones más grandes del planeta y de mayor producción de crudo.

«Exigimos la liberación inmediata de todos los trabajadores secuestrados. Denunciamos la criminalización del trabajo y la protesta. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a pronunciarse con firmeza ante esta barbarie», dijo Freites, quien es secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros, Gasíferos y Petroquímicos del Estado Falcón y secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.

Arrestos en Falcón y Anzoátegui

José Bodas Lugo, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) y miembro de la Corriente Unitaria Revolucionaria Autónoma (C-Cura), denunció esta semana que también hay presos 35 trabajadores petroleros del estado Anzoátegui, en el oriente del país, a quienes habrían arrestado sin órdenes judiciales.

Se trata de una nueva ola de arrestos contra trabajadores públicos que ocurre después de las detenciones políticas del pasado mes de mayo antes de las elecciones regionales y parlamentarias, así como la de economistas y expertos en el área que se dio tras los arrestos de personas que manejaban cuentas en redes sociales asociadas con la publicación de información sobre el dólar paralelo.

Venezuela, en medio de la pandemia del COVID-19, sufrió una baja en la producción petrolera que la agravó el coronavirus, la falta de inversión en el sector petrolero y las sanciones económicas de Estados Unidos, por lo que cayó la extracción y procesamiento de crudo, el principal motor de la economía nacional.

La persecución contra el sector petrolero tuvo una primera etapa cuando el entonces presidente Hugo Chávez y su ministro Rafael Ramírez botaron a gerentes y técnicos de la industria, lo que desencadenó un paro petrolero por más de 60 en días entre finales de 2002 y principios de 2003.

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