A imagen y semejanza de la apertura en el sector hidrocarburos, la Ley de Minas que está por aprobarse en Venezuela busca abrir la puerta a la inversión extranjera e incorporar el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, dos aspectos considerados positivos por analistas, aunque el borrador enfrenta escollos por temas como las regalías y el impacto ambiental.
Lleva casi un mes en debate y en 130 artículos esta iniciativa intenta integrar, ordenar, mejorar y corregir el antiguo marco legal que regulaba este sector, favorecido en las últimas semanas por una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos en medio del interés del presidente Donald Trump en el oro venezolano.
Venezuela hasta ahora tenía una ley de minas de 1999 y un decreto de ley del oro de 2015 que reservaba este mineral al Estado; en la primera se precisa el arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos solo ante tribunales nacionales y en el segundo no está contemplado.
El nuevo proyecto, del que han sido avalados hasta la fecha 55 artículos, no solo unifica estas dos normas otorgando la posibilidad de la compra de oro a terceros, aunque con preferencia al Estado durante los primeros cinco días después de su extracción, sino que propone los tribunales de la República, la mediación y el arbitraje frente a posibles disputas sin expresar taxativamente ante cuál jurisdicción.
La propuesta de ley «tiene un avance porque permite el ejercicio de la minería al Estado, a empresas mixtas donde el Estado tenga mayoría accionaria, empresas donde el privado tenga mayoría accionaria y empresas que solamente son privadas», señaló en una conversación telefónica con EFE el exdiputado e ingeniero Elías Matta, en referencia al artículo 11 de la ley.
Sin embargo, apuntó que en cuanto al tema del arbitraje es necesaria una precisión para dejar claro que se permitirá el mecanismo ante una jurisdicción internacional.
Otros expertos consultados por EFE coinciden en que aún bajo este escenario la ley ofrece garantías jurídicas atractivas para las compañías foráneas.
El profesor e investigador de la Universidad Católica del Táchira y vicepresidente para Venezuela de la Alianza Minera de América Latina, José Pernía, explicó a EFE que el tema del arbitraje se puede definir cuando se redacten los contratos de concesión o el derecho minero que se vaya a otorgar.
«Se incorpora una cláusula en la que se permita acudir al arbitraje o a la mediación», dijo.
Materia pendiente
El proyecto tiene pendiente discutir el tema de las regalías y otros impuestos y Matta llama la atención sobre este particular debido a que la propuesta sitúa hasta en 13% las primeras y un máximo del 12% los tributos.
Este porcentaje está fuera del promedio de la región, algo que el exlegislador no ve favorable para entrar a competir en el mercado.
«Si yo soy una empresa de oro y resulta ser que me ponen 13% de regalía y 12% de impuestos mineros, llevo ya 25%. Eso está fuera de la media en el mundo», alertó.
Otra materia pendiente es el impacto ambiental. En el último debate, de hecho, este fue un punto de discusión debido a que un partido ecologista pidió incluir explícitamente que los recursos generados por la actividad minera también sean destinados para temas de ambiente.
La solicitud fue negada por la mayoría oficialista, que argumentó que el artículo 6 establece los principios de la ley en los que se habla de la «prevención y remediación ambiental» y de la «conservación del ambiente».
ONG han advertido igualmente que el proyecto de ley no establece como requisito obligatorio los estudios de impacto ambiental para otorgar concesiones y recuerdan que en las zonas mineras operan grupos irregulares armados a quienes acusan de explotar el suelo con «complicidad» de autoridades. EFE
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