El Gobierno de Bolivia, presidido por Rodrigo Paz, advirtió este domingo al ex presidente Evo Morales que ninguna persona está por encima de la ley, después de que el dirigente cocalero amenazara con encabezar nuevas movilizaciones desde el 13 de octubre contra las medidas económicas del Ejecutivo. La respuesta llegó de boca del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien remarcó que Morales tiene derecho a cuestionar al Gobierno, pero no a imponer condiciones mediante bloqueos.
El ultimátum de Morales exige que el Ejecutivo abrogue antes del 3 de octubre el decreto 5716, que eliminó la subvención al diésel, y la norma que prioriza la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas. Si esas demandas no se atienden, los sectores afines al ex presidente advirtieron que activarán movilizaciones a partir del 13 de octubre, bajo la consigna de que, si no es “de a buenas”, será “de a malas”.
Justiniano calificó esa fórmula como una amenaza incompatible con el Estado de derecho. El ministro sostuvo que “nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley” y recordó que existen órdenes de aprehensión vigentes contra Morales, ante las cuales corresponde que se presente ante la justicia con las garantías que establece la Constitución.
El pronunciamiento se produjo un día después de que Morales liderara un congreso de sus seguidores en el trópico de Cochabamba, la región donde permanece refugiado desde 2024. Allí calificó al Ejecutivo de gobierno corrupto y sometido a intereses extranjeros, y planteó que las privatizaciones y la entrega de recursos naturales a empresas transnacionales forman parte de un modelo que su sector rechaza de plano.
El pulso actual se explica por lo ocurrido meses atrás. Entre el 6 de mayo y el 23 de junio, organizaciones sindicales y campesinas mantuvieron durante 50 días bloqueos de carreteras que exigían inicialmente mejoras salariales y terminaron pidiendo la renuncia de Paz. El saldo fue de al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna, y pérdidas económicas superiores a los USD 3.000 millones.
Paz, investido el 8 de noviembre de 2025 tras poner fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo, había heredado una economía marcada por la escasez de dólares y combustible, descrita por los expertos como la peor crisis boliviana en cuatro décadas. Con ese diagnóstico, impulsó en diciembre de 2025 el retiro de la subvención a los hidrocarburos, que hasta entonces costaba al Estado más de USD 2.000 millones anuales.
Esa decisión, sumada a un paquete posterior de diez medidas económicas, alimentó el malestar de sectores que en 2025 respaldaron a Paz en las urnas y hoy se sienten excluidos de su gestión, en parte porque el mandatario conformó su gabinete principalmente con dirigentes empresariales.
La situación judicial de Morales agrava el conflicto. El 29 de julio, la Fiscalía ordenó su captura acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos por su presunta implicación en los bloqueos de mayo y junio, causa que se suma a otra abierta desde 2024 por presunta trata agravada de personas y estupro. Esta última investiga una relación que Morales habría mantenido con una adolescente de 15 años mientras era presidente, de la cual habría nacido una hija en 2016. Morales niega los cargos y los define como una persecución política.
El 20 de junio, tras 53 días de protestas, Paz decretó un estado de excepción en todo el territorio para restablecer la libre circulación y el abastecimiento. El Congreso lo extendió el 17 de septiembre por otros 90 días, vigente hasta mediados de diciembre, no como una segunda medida sino como prórroga del mismo régimen declarado en junio, mientras el Gobierno negocia en paralelo un acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones.
El pulso entre Paz y Morales trasciende la disputa por el precio del diésel: enfrenta a un Ejecutivo que busca desmontar dos décadas de política subvencionada con un liderazgo que aún conserva capacidad de movilización en el campo boliviano.
