Delcy desempolvó su página de "transparencia" justo cuando EEUU sacó las cuentas petroleras

Foto: Prakash Singh/Bloomberg

Delcy Rodríguez salió este jueves 12 de noviembre a exhibir las cifras de su plataforma de “transparencia” en Venezuela, coincidiendo con la divulgación en Estados Unidos de un informe sobre el manejo de más de 12.000 millones de dólares provenientes de recursos naturales venezolanos, en una jornada marcada por nuevas preguntas sobre el destino del dinero petrolero.

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La coincidencia no pasó inadvertida. El Departamento de Estado estadounidense divulgó un informe elaborado por la firma KPMG que detalla los movimientos de una cuenta administrada por el Tesoro de EEUU, utilizada para recibir ingresos de las exportaciones venezolanas después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El documento, fechado el 29 de octubre, había sido remitido al Congreso a comienzos de noviembre.

Según el reporte, 12.110 millones de dólares, equivalentes a casi el 99 % de los depósitos recibidos hasta septiembre, fueron desembolsados mediante el mecanismo financiero supervisado por Washington. La mayor parte pasó por subastas de divisas organizadas por autoridades del régimen venezolano, mientras que unos 133 millones de dólares se destinaron directamente al pago de proveedores de bienes y servicios.

El informe estadounidense también identificó ingresos procedentes de la comercialización de petróleo, gas, oro, minerales y fertilizantes. 

En Caracas, Rodríguez optó por poner el acento en otro porcentaje. A través de Telegram, aseguró que 14.710 millones de dólares fueron destinados al pago de salarios de empleados públicos y pensiones entre enero y noviembre, frente a 14.860 millones de ingresos petroleros y mineros. Su mensaje remitió a la página Transparencia Soberana, que presentó como prueba de la política social de su administración.

La sucesora de Nicolás Maduro afirmó que “los números del portal demuestran el compromiso del Gobierno Bolivariano con una política social centrada en recuperar el ingreso de los trabajadores: 14.710 millones de dólares para salarios y pensiones frente a 150,5 millones para el funcionamiento del gobierno. De cada 100 dólares 99 van para los trabajadores y pensionados. Es la prioridad de la inversión laboral y social, con el propósito de recuperar el nivel de vida de los venezolanos”.

La página oficial, además, no nació este jueves. Su última actualización correspondía al 13 de marzo. El portal fue concebido para mostrar movimientos de dos fondos soberanos, pero su alcance declarado excluía otros mecanismos de inversión pública. 

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Amnistía, reforma migratoria y Ley Dignidad: lo que debes saber sobre el proyecto de María Elvira Salazar

La congresista María Elvira Salazar en el lanzamiento de la coalición nacional por la Ley Dignidad, en marzo de 2026. Foto: Oficina de María Elvira Salazar

Las declaraciones de Donald Trump sobre un posible acuerdo migratorio con los demócratas reabrieron en Estados Unidos el debate sobre la Ley Dignidad, el proyecto de la congresista republicana María Elvira Salazar que daría un estatus legal temporal a millones de inmigrantes indocumentados. En esa discusión, amnistía y reforma migratoria se usan a menudo como sinónimos, aunque los documentos del propio Congreso las definen de formas distintas.

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En una entrevista con el programa 60 Minutes, de CBS, emitida el domingo 8 de noviembre, Trump admitió que su política de deportaciones “quizás fue demasiado dura” y calificó como “algo realmente factible” un acuerdo sobre inmigración con la nueva mayoría demócrata en el Congreso, aunque no dio detalles. Sostuvo que los delincuentes deben ser deportados, mientras que otros podrían quedarse si son “buenas personas” que trabajan en jardinería u hoteles y, en algunos casos, pagan impuestos. Sin embargo, horas después de grabar la entrevista nombró jefe de gabinete de la Casa Blanca a Stephen Miller, arquitecto de su agenda migratoria más dura.

Por su parte, Salazar llevaba semanas anticipando ese giro. El 15 de octubre, en Miami, aseguró que Trump apoyaría legalizar a algunos inmigrantes antes del final de su mandato, y a finales de ese mes recuperó el respaldo público del presidente tras la polémica que generó su propuesta entre los republicanos.

Para separar los términos se tomará como referencia un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) publicado en noviembre de 2019. El documento define la legalización como la concesión de un estatus migratorio legal a un extranjero que está en el país sin autorización, de modo que deje de estar sujeto a deportación. La palabra amnistía quedó asociada sobre todo a la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 (IRCA), que abrió dos programas únicos, uno para quienes residían en el país desde 1982 y otro para trabajadores agrícolas, y que según el informe regularizó a más del 60% de la población indocumentada de entonces. La Corte Suprema, en el caso McNary v. Haitian Refugee Center de 1991, se refirió a ese primer programa como una amnistía.

En cambio, la reforma migratoria integral apunta a un paquete más amplio. El mismo informe recoge cómo la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, la describió en 2009 como un “taburete de tres patas”, hecho de una aplicación seria de la ley, mejores vías legales para familias y trabajadores, y un trato justo para quienes ya vivían en el país.

La Ley Dignidad, identificada como H.R. 4393, se mueve en ese segundo terreno. Salazar la presentó el 15 de julio de 2025 junto con la demócrata Veronica Escobar, de Texas, y un grupo bipartidista de representantes. El texto combina dinero para seguridad fronteriza, el uso obligatorio de E-Verify para todos los empleadores y la creación de al menos tres campus humanitarios en la frontera sur, donde las solicitudes de asilo se decidirían en 60 días.

Su pieza central es el Programa Dignidad, abierto a indocumentados que estuvieran en el país antes del 31 de diciembre de 2020. Según el resumen de la oficina de Salazar, deben carecer de antecedentes penales, pagar los impuestos atrasados, abonar una restitución de 7.000 dólares en un plazo de siete años y presentarse ante el Departamento de Seguridad Nacional cada dos años. A esto se suma un descuento del 1% del salario de quienes obtengan permiso de trabajo, que iría a un fondo para trabajadores estadounidenses. Durante esos siete años no tendrían acceso a beneficios federales ni a una vía hacia la residencia o la ciudadanía. Al completar el programa podrían pedir el Estatus Dignidad, que incluye permiso de trabajo, protección contra la deportación y autorización de viaje, y que se renueva de forma indefinida con buena conducta y sin nuevos pagos.

En cuanto a los Dreamers, los jóvenes llegados al país cuando eran niños, el proyecto les ofrece una residencia condicional de diez años con una vía a la residencia permanente por trabajo, servicio militar o estudios. Es el único grupo al que la propuesta abre ese camino.

Salazar resume su proyecto como “estatus legal, no ciudadanía, para quienes trabajan, pagan impuestos y contribuyen al país”, y con esa definición rechaza que se trate de una amnistía. La Ley Dignidad no ha sido aprobada y cualquier avance depende de que el Congreso la someta a votación.

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