Cualquiera que haga una evaluación rápida del significado de esta conjetura podría pensar (y con toda la razón) que se trata simplemente de una proyección de olas de candidatos y postulados a cargos públicos. Personas que, desde las propias esferas de lo que ha quedado de los partidos políticos, asumirían puestos sin más requisito que su atadura al grupo de poder o su contraparte, dejando de lado cualquier convicción doctrinaria.
Pero eso no es todo. El mismo análisis superficial propondría que la población apta para votar elegiría a los de elección popular, mientras que los cargos de no elección se designarían bajo criterios y requisitos específicos. Sin embargo, la realidad es más cruda. Este ecosistema de partidócratas y agentes de la estructura requiere que la gente solo vote; pero para romper este ciclo hay que presentarles algo alternativo: una verdadera cultura ciudadana que solo elige, sino que exige.
A decir verdad, estas serían las escenas finales de quiebre en el proceso, no de la política como tal, sino de esa tendencia inercial y casi consensuada de mantener el Estado subvertido, la economía deteriorada y la sociedad pulverizada
Lo primero que debe hacer una propuesta política real es tomarles el pulso a los acontecimientos. Debe verificar la posibilidad, viabilidad y los frentes de la acción política, académica, profesional, y gremial, marcando un distanciamiento claro de esos grupos que han sido, por decir lo menos, nada convenientes y los principales causantes del mal del país.
Todos los ciudadanos deberían tener la oportunidad de ejercer cargos públicos. Pero aquellos que ejecutaron las acciones principales y los que cohonestaron a los destructores del país, esos no tienen derecho. Y que se entienda bien: esto no se trata de una disputa o una justa política; es una justicia policial y jurídica.
La señal y la práctica de los ciudadanos venezolanos debe ser tajante: evitar que aquellos protagonistas, colaboradores y cómplices que destruyeron la nación vuelvan a ocupar cargos públicos y no solo eso, sino a quienes se les demuestre mediante auditorías y juicios institucionales haber cometido delitos, que paguen por ellos ante la Ley.
En Venezuela conviene recordar que la destrucción del país no puede superarse con tonterías ni con una ridícula tolerancia. Tampoco tiene cabida esa creencia (empujada de forma malintencionada) de que nadie decente puede echar adelante la nación desde una sociedad honesta.
Esto correspondería a la versión moderna de una afirmación temeraria del siglo XIX, durante el derrocamiento del presidente José María Vargas, en el que uno de los protagonistas aseguraba que el mundo era del valiente y no del justo. Es el recordatorio de que surgir como país en una sociedad decente deberá ser, necesariamente, a través de principios éticos y una estricta conducta ciudadana, mas no por el arbitrio de los que cometieron hechos fácticos, brutales, viveza o a la atadura al grupo de poder.
Por: ABRAHAM SEQUEDA @abrahamsequeda
