La justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos vínculos con el narcotráfico, según informó este viernes The New York Times.
El reporte, que citó a tres fuentes familiarizadas con el caso, señaló que las pesquisas se centraron en determinar si el mandatario mantuvo encuentros con traficantes o si solicitó donaciones ilícitas para financiar su campaña electoral.
Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn quedaron a cargo de las indagaciones, con la participación activa de fiscales especializados en tráfico internacional de narcóticos y agentes de la DEA y el HSI.
Aunque el diario neoyorquino precisó que las investigaciones se encuentran en una fase inicial y no garantizan la presentación de cargos penales, el proceso subrayó la fragilidad de la relación bilateral.
Asimismo, el rotativo indicó que no se hallaron evidencias de que la Casa Blanca interfiriera en el origen de estas actuaciones judiciales.
Gustavo Petro, reactivación de visas y la nueva crisis
La relación entre Bogotá y la administración de Donald Trump acumuló fricciones desde enero de 2025.
El conflicto escaló cuando Petro rechazó los vuelos de deportación de ciudadanos colombianos, lo que provocó amenazas de aranceles por parte de Washington.
Posteriormente, la Casa Blanca descertificó a Colombia en su lucha contra las drogas e impuso sanciones a diversos funcionarios, incluido el jefe de Estado.
En septiembre de 2025, el Departamento de Estado revocó la visa de Petro tras su intervención en la ONU, donde instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes respecto al conflicto en Gaza.
Pese a que Petro anunció el pasado martes la reactivación de su visado hasta el final de su mandato en agosto de 2026, la revelación de estas investigaciones judiciales reabrió la brecha diplomática.
El acercamiento que pareció consolidarse tras la llamada con Trump en enero y la reunión bilateral del 3 de febrero quedó supeditado al avance de los expedientes en Nueva York.
La administración estadounidense mantuvo su enfoque de presión sobre el gobierno colombiano, especialmente en lo referente a las estrategias de erradicación y control de estupefacientes.
