La mesa de diálogo, negociación y acuerdos conformada por representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen de Delcy Rodríguez está operando en la práctica como una especie de constituyente en miniatura. Al menos, de ese modo lo percibe un segmento importante del país democrático. Por esa razón, a esa instancia se le exige que, además de designar al nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), al nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y fijar un cronograma electoral, resuelva liberar todos los presos políticos y restablecer plenamente los fueros sindicales, vulnerados por décadas, entre otras demandas. El país le reclama a ese foro que recomponga parte de la institucionalidad vapuleada durante casi treinta años. Se le pide que trascienda sus propios límites con el fin de que la nación comience a transitar hacia un nuevo estadio. No se convocó una constituyente, pero, la población espera que el grupo de trabajo opere como tal.
En el diálogo tutelado por el gobierno de Donald Trump, la Casa Blanca optó por apoyarse en algunos de los parlamentarios electos en 2015, cuando los venezolanos eligieron la Asamblea Nacional. El Gobierno norteamericano argumenta que es una forma de revestir de legalidad el diálogo y los acuerdos entre el régimen de Delcy Rodríguez y la oposición. Aquella fue la última elección legítima que se convocó en el país. Estados Unidos desechó a María Corina Machado y a varios de los partidos y organizaciones reunidos en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD, protagonistas de las Primarias y del relanzamiento de la oposición democrática a partir de 2023. María Corina y los grupos que la acompañaron fueron los protagonistas de ese poderoso movimiento que le permitió a Edmundo González Urrutia triunfar de forma aplastante en la elección del 28 de julio de 2024.
La exclusión de María Corina y de los factores reunidos en torno a la PUD es injusta e incorrecta. Parte de una evaluación errónea de la situación política nacional. Los funcionarios que rodean a Trump, y el propio presidente, consideran que el oficialismo está en capacidad de desestabilizar al país aún más de lo que ya lo ha hecho. Creen que la Venezuela de 2026 es la misma que cuando gobernaba Hugo Chávez o al comienzo de la era de Nicolás Maduro, cuando el régimen autoritario era monolítico, contaba con una Fuerza Armada cohesionada en torno al líder, un PSUV compacto y unos grupos paramilitares (colectivos) con suficientes recursos logísticos y financieros para aterrorizar a la población. Este cuadro se modificó de forma drástica a partir de la captura de Maduro. En la actualidad, la situación del régimen es muy diferente. Está atravesado de conflictos internos en todos los planos y sin capacidad de desplegar el poderío represivo e intimidatorio que tuvo en el pasado. Apenas logras sobrevivir. La mesa es uno de los espacios que le permite mantenerse en pie.
Sin embargo, lo que importa realmente es la evaluación que realizan los norteamericanos y estas consideraciones no forman parte de su análisis. Frente a este cuadro, lo que le corresponde a la oposición es actuar con realismo y pragmatismo. Sin el apoyo de la Casa Blanca, son pocos los avances que pueden obtenerse para transformar la crítica situación nacional. Resulta incompresible que algunos partidos de la alianza opositora se deslinden del diálogo con los representantes de la Asamblea Nacional 2015 que integran la mesa, afirmando que ellos no fueron consultados ni llamados a intervenir en el ciclo de discusiones entre los parlamentarios y el régimen venezolano.
La realidad indica, desafortunadamente, que ni María Corina ni los partidos que la respaldan poseen el peso suficiente para convencer al gobierno norteamericano de que son ellos quienes deben liderar el debate y alcanzar los acuerdos.
La oposición debe reagruparse, superar sus diferencias y entender que en fase actual cada sector debe cumplir el papel que puede desempeñar. Los venezolanos esperan con impaciencia que se fije una fecha para elegir al nuevo Presidente de la República, para lo cual resulta indispensable designar el CNE. Los familiares de los presos políticos desean que sus parientes sean liberados de inmediato. El sufrimiento de los encarcelados ha sido demasiado prolongado. Los líderes obreros reclaman que la actividad sindical deje de ser hostigada y que sus dirigentes puedan actuar con plena libertad. La nación pide un nuevo TSJ, con capacidad de elevar la dignidad del Poder Judicial, hoy sumergida en un pantano. La mayoría de los venezolanos aspira a vivir en un país donde las instituciones del Estado funcionen. No son reclamos estrafalarios, sino ambiciones normales, bloqueadas durante el largo ciclo de destrucción de la República democrática iniciado en 1999.
La mesa de diálogo puede operar como una mini constituyente. Les corresponde a los partidos y a los ciudadanos exigirle y apoyarla.
@trinomarquezc
