Desde este blog, compartiremos los temas mas importantes, en esta era globalizada.
Republica del Zulia
Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.
El senador demócrata Rubén Gallego aseguró este viernes en Madrid que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “tiene obsesión con la isla (de Cuba)” y considera que la Administración del presidente, Donald Trump, está determinada a cambiar el Gobierno en Cuba, por el medio que sea.
“Creo que sí va a haber un intento de cambiar el Gobierno de Cuba, puede ser por el Ejército o de otra manera”, dijo en español Gallego, de origen méxico-colombiano, en un encuentro con varios medios en el Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos en Madrid.
Para el senador por Arizona (EE.UU.), Cuba no supone ninguna amenaza para Estados Unidos: “Es una isla muy pobre de nueve millones de personas”, pero reconoce que tanto Rubio, como los estadounidenses de origen cubano tienen mucha influencia en el actual gobierno de Donald Trump.
Asimismo, se mostró contrario a que su país empiece guerras, especialmente cuando estas tienen como objetivo un cambio de Gobierno.
En este sentido apuntó que “casi el 99 % de los demócratas” están en contra de una intervención en la isla.
Gallego también insistió en su rechazo a la operación militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y aseguró que a pesar de que era “un hombre horrible y muy corrupto” esto “no creo que nos dé permiso para tumbar el gobierno”.
“Si empezamos a argumentar que un hombre (presidente) es un criminal, ¿Qué le impide a China decir lo mismo sobre Taiwán o a otras naciones?”, apuntó.
Además, calificó de “fracaso” el proceso político de cambio de liderazgo en Venezuela.
“Pasamos de un dictador a otro, así que, desde un punto de vista más geopolítico y estratégico, creo que ha sido un fracaso hasta que veamos si Venezuela tiene una transición realmente fluida a la democracia”, dijo gallego en referencia a la sustitución de Maduro por Delcy Rodriguez.
Leire Díez y Nervis Villalobos. | Ilustración de Alejandra Svriz
La trama Leire trató de acelerar la concesión de la nacionalidad española de un viceministro de Hugo Chávez. A petición del abogado Ismael Oliver, Leire Díez intentó conseguir una entrevista con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, o «alguien de su confianza» para tramitar la solicitud de Nervis Villalobos y regularizar sus cuentas bancarias en España. Este diario desconoce si consiguió su propósito. El exdirigente chavista estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de 3.375 millones de euros de la petrolera estatal PDVSA. El caso fue archivado el pasado marzo porque la justicia venezolana ya había sobreseído el asunto.
La causa fue instruida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El mismo que ha imputado a Oliver por, presuntamente, cobrar 27.225 euros como miembro de una trama liderada por Leire Díez que tenía el «propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».
El auto de Pedraz al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE señala que la trama buscó la ayuda de Villalobos, cliente de Oliver, para esta campaña de ataque a jueces y fiscales iniciada en abril de 2024, en los días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Leire Díez se reunió en la madrileña calle de Ferraz con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que el magistrado acusa de facilitar «la estructura del partido» para conseguir sus objetivos. Los contactos de Leire Díez
Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Chávez entre 2002 y 2007, estaba investigado en otras causas (Duro Felguera y Columbus) en la que actuaba como fiscal José Grinda. «En defensa de sus intereses particulares, intentó condicionar la actuación del fiscal utilizando el testimonio de una mujer que mantenía un pleito vivo contra él» desde que era menor de edad, subraya Pedraz. En el marco de esa colaboración entre Leire Díez, Villalobos y su abogado, se habría propuesto que el representante del Ministerio Público recibiera 300.000 euros por pedir que archivara los procedimientos, un extremo que niega su entorno.
A cambio, a petición de Oliver, Leire Díez habría intentado que Villalobos lograra «una pronta recuperación de expediente de concesión de nacionalidad española y la titularidad de cuentas bancarias en España valiéndose de sus contactos. La fontanera del PSOE incluso informó al abogado de que el 25 de octubre de 2024 se iba a ver en la sede del PSOE con «el número tres del partido», que en ese momento era Cerdán, y con otra persona que les agradeció el trato mostrado con la joven que mantenía un litigio con Grinda.
A finales de ese año, Leire Díez intercambió diversos escritos con Oliver relativos a la tramitación de la solicitud de nacionalidad española para Villalobos, según el auto. El abogado planteó la cuestión en varias ocasiones a la exmilitante del PSOE durante el año pasado, incluyendo en una de sus conversaciones la petición de una entrevista con el gobernador del Banco de España «o alguien de su confianza». Escrivá fue ministro de Sánchez entre enero de 2020 y septiembre de 2024, primero de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y luego para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Pedraz indica en su auto que, para ayudar al viceministro de Chávez, Leire Díez habría contactado con «Hana», a la que los investigadores identifican con la socialista madrileña Hanna Jalloul, en ese momento eurodiputada por el PSOE. Así se lo hizo saber a Oliver, uno de los imputados este miércoles por el magistrado de la Audiencia Nacional. También investiga al abogado Jacobo Teijelo; a Cerdán, a quien otorga un «papel superior», al exvicepresidente de Andalucía Gaspar Zarrías; y a la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. El juez sostiene que la trama habría cobrado 188.000 euros a través de facturas falsas.
