A los trabajadores que detuvo la Dgcim y laboraban para la refinería Amuay los enviaron a dos cárceles de Miranda, dijo el sindicalista
El sindicalista petrolero en el exilio, Iván Freites, denunció que a los trabajadores petroleros que detuvieron hace un mes en el estado Falcón los trasladaron este 10 de julio a las cárceles de Yare II y Yare III, en el estado Miranda.
En sus redes sociales, Freites afirmó que les permitieron tener una breve comunicación con sus familiares para informarles sobre su envío a dos de las cárceles «más peligrosas del país», dijo el dirigente.
«Este caso reviste extrema gravedad. A más de un mes de su desaparición forzada, el régimen no ha ofrecido información oficial, no ha presentado cargos, y ni siquiera ha reconocido públicamente las detenciones», reiteró Freites quien es uno de los pocos que denuncia estos casos que se produjeron tanto en la Refinería Amuay, Falcón, como de otro grupo en el estado Anzoátegui.
Los detuvieron sin órdenes judiciales
Aunque con temor, familiares de los trabajadores petroleros de Falcón dijeron que los sacaron de sus casas de forma violenta funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el aparato de inteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Se trata de personas que laboran para la estatal petrolera Pdvsa, en el Complejo Refinador de Paraguaná, que agrupa a las refinerías de Cardón y Amuay, que en su momento llegó a ser una de las instalaciones más grandes del planeta y de mayor producción de crudo.
«Exigimos la liberación inmediata de todos los trabajadores secuestrados. Denunciamos la criminalización del trabajo y la protesta. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a pronunciarse con firmeza ante esta barbarie», dijo Freites, quien es secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros, Gasíferos y Petroquímicos del Estado Falcón y secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
Arrestos en Falcón y Anzoátegui
José Bodas Lugo, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) y miembro de la Corriente Unitaria Revolucionaria Autónoma (C-Cura), denunció esta semana que también hay presos 35 trabajadores petroleros del estado Anzoátegui, en el oriente del país, a quienes habrían arrestado sin órdenes judiciales.
Se trata de una nueva ola de arrestos contra trabajadores públicos que ocurre después de las detenciones políticas del pasado mes de mayo antes de las elecciones regionales y parlamentarias, así como la de economistas y expertos en el área que se dio tras los arrestos de personas que manejaban cuentas en redes sociales asociadas con la publicación de información sobre el dólar paralelo.
Venezuela, en medio de la pandemia del COVID-19, sufrió una baja en la producción petrolera que la agravó el coronavirus, la falta de inversión en el sector petrolero y las sanciones económicas de Estados Unidos, por lo que cayó la extracción y procesamiento de crudo, el principal motor de la economía nacional.
La persecución contra el sector petrolero tuvo una primera etapa cuando el entonces presidente Hugo Chávez y su ministro Rafael Ramírez botaron a gerentes y técnicos de la industria, lo que desencadenó un paro petrolero por más de 60 en días entre finales de 2002 y principios de 2003.
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