Cómo el Tren de Aragua usó el modelo de franquicia para sembrar terror en América Latina

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara al Tren de Aragua como una organización terrorista, esta se ha convertido en un fenómeno por su estructura y metodología de expansión. La red se ha extendido desde Venezuela hacia Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos.

La Fundación TAEDA e IBI Consultants, a través de los investigadores Pablo Zeballos y Douglas Farah, publicó un informe que explica este caso de «éxito criminal», en el que además señala a sus colaboradores regionales y alerta sobre el riesgo que implican las medidas adoptadas por las autoridades de Estados Unidos y El Salvador.

El Tren de Aragua tuvo sus inicios entre 2004 y 2005 en la cárcel de Tocorón, durante el gobierno de Hugo Chávez, Para ese momento, se declaró emergencia penitenciaria ante el aumento de la violencia en las cárceles.

Más adelante, el gobierno de Nicolás Maduro sostuvo negociaciones con los reclusos, lo que llevó a crear el sistema de pranatos. Estos grupos carcelarios se organizaron en estructuras criminales mayores que se denominaron trenes.

Según el informe, el Tren de Aragua creció entre 2015 y 2018 hasta convertirse en la más grande de las 19 megabandas que operaban en el país.

Los investigadores indicaron que los líderes de la organización criminal están definidos y que las órdenes se transmiten a toda la cadena y cada franquicia o división territorial las cumple de la forma que considera adecuada.

Esta flexibilidad, sumada a la migración venezolana y la porosidad de las fronteras y de países limítrofes, permitieron instauran un negocio ilegal basado en el narcotráfico y el tráfico de personas que comenzó a expandirse por América Latina en 2018.

Tren de Aragua en Chile

Este modelo de franquicias permitió a distintas organizaciones criminales diseminadas por toda la región tener una porción de los negocios del Tren de Aragua a cambio de recursos y logísticas para sus operaciones.

Entre esos países está Chile, donde Los Gallegos, un grupo criminal que opera en Cerro Chuño, cerca de Arica, se convirtieron en un nexo de las operaciones del Tren de Aragua.

Durante un operativo de seguridad denominada Tren del Norte, llevó a la detención de 16 criminales. En los interrogatorios, estos dieron detalles de la relación criminal entre ambas bandas delictivas.

La organización venezolana comenzó a tener contactos para establecer un negocio permanente en Chile entre 2018 y 2019, principalmente en pueblos cercanos a las fronteras con Perú y Bolivia.

Los Gallegos captaron a migrantes de distintas nacionales, algo que, según el informe, es inusual en el mundo delictivo, tomando en cuenta que las bandas criminales suelen buscar una estructura identitaria.

La presencia del grupo en Chile fue notoria con el homicidio de Ronald Ojeda, crítico de Maduro que participó en el alzamiento militar de 2017.

En enero pasado, los fiscales chilenos publicaron su hipótesis sobre el caso, donde señalaron a Diosdado Cabello de pagar a la organización criminal, a través de su máximo jefe Héctor «El Niño» Guerrero, para ejecutar el crimen. La facción ejecutora del secuestro y asesinato de Ojeda fue identificada como Los Piratas del Tren de Aragua.

Las investigaciones de la Fundación TAEDA e IBI Consultants sugiere que estos hechos son parte de «una campaña más amplia y dispersa del régimen de Maduro y sus aliados para sembrar el caos y socavar la gobernanza democrática en la región, utilizando la migración masiva como un arma asimétrica”.

Dicha lógica rige tanto en Chile, como en otros países como Perú, Colombia e incluso Estados Unidos.

Conclusiones

El informe en cuestión define al Tren de Aragua como: «Una estructura delictiva innovadora, depredadora, extractiva y extremadamente violenta que se ha establecido muy rápido como un actor principal de la emergente cuarta ola del crimen organizado transnacional en América Latina”.

Finalmente, los investigadores alertaron sobre las medidas de Estados Unidos y El Salvador de agrupar en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a miembros delictivos del MS-13, el Tren de Aragua y otras organizaciones que lograron crecer en distintas cárceles de la región.

https://www.elnacional.com/

EEUU advierte de que necesitará colaboración continua para hacer más seguras las Américas

Estados Unidos advirtió este viernes de que necesitará una colaboración continua entre los países que conforman América para deportar inmigrantes indocumentados y hacer el continente «más seguro».

EFE

En un breve mensaje en su cuenta de X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, parte del Departamento de Estado, dio las gracias a Honduras por «facilitar la expulsión y el tránsito de extranjeros ilegales venezolanos» -entre ellos supuestos delincuentes y miembros del Tren de Aragua- «de regreso a Venezuela».

«Unas Américas más seguras requerirán una colaboración continua en toda la región», anotó.

El Gobierno de Honduras anunció este jueves que colaborará con Estados Unidos en la deportación de migrantes venezolanos a su país, acción que se inició con el envío de los primeros 170, informó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores de la nación centroamericana.

«Este día fueron deportados 170 venezolanos quienes llegaron en un avión estadounidense a Comayagua donde hicieron trasbordo a un avión venezolano», indicó la Cancillería hondureña en un comunicado.

Agregó que «hoy se realizan acciones humanitarias de traslado de migrantes venezolanos provenientes de los EE.UU. con destino a Venezuela por medio de la base militar conjunta entre Estados Unidos y Honduras, (Enrique) Soto Cano en Palmerola, Comayagua», en el centro hondureño.

Como parte de las nuevas acciones de Estados Unidos contra migrantes de varios países, Honduras ha recibido en lo que va de 2025 más de 3.000 nacionales deportados, algunos de ellos en cuatro vuelos militares, durante la Administración de Donald Trump. El resto ha llegado en vuelos civiles.

Alberto News

El Tiempo | ‘Piratas de Aragua’: así opera temida facción del Tren de Aragua, con tentáculos en Colombia

Un emoji de una bandera pirata, en un grupo de WhatsApp, fue el origen del nombre de la célula criminal más importante del Tren de Aragua: Los ‘Piratas de Aragua’, quienes se conocieron en la prisión de Tocorón, en Venezuela, de donde emergió la banda transcriminal que, desde 2019, ha extendido sus tentáculos por gran parte de América Latina.

Por El Tiempo  

En Chile, empezaron a sonar en las noticias desde el pasado 22 de enero, cuando, en un megaoperativo, liderado por la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), fueron detenidos más de una veintena de sus miembros, en allanamientos en distintas zonas populares de Santiago, incluida Maipú, el barrio en el que fue encontrado, en marzo del año pasado, el cuerpo del exteniente venezolano, Ronald Ojeda.

“Estamos dándole un golpe importante a una agrupación criminal que cometió decenas de crímenes en nuestro país, integrada particularmente por ciudadanos extranjeros. Es una agrupación que estuvo involucrada en el homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda, que ha cometido secuestros extorsivos, secuestros con homicidios y homicidios de distinta naturaleza”, señaló en ese momento el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, quien destacó que se trataba de una operación de carácter internacional.

Y es que los delitos cometidos por esta célula criminal, entre 2023 y 2024, que incluyen el asesinato de un teniente de carabineros y el secuestro de un empresario en Chile, han dejado en evidencia que actúan con una jerarquía clara, en la que se destacan personajes como Carlos Gómez Moreno, más conocido como alias Carlos Bobby, jefe para Sudamérica del Tren de Aragua, y Rafael Gámez Salas, alias el Turko, líder de la banda transnacional en Chile, quienes fueron claves en la planeación del crimen de Ojeda, secuestrado el 21 de febrero del año pasado, y en ordenar a quienes participaron en el delito que huyeran de Chile.

El ‘Turko’ fue detenido a finales del año pasado en el estado de Texas, Estados Unidos, mientras que ‘Carlos Bobby’ fue detenido en Colombia y al igual que otro miembro fundador de la banda: Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry ‘Changa’, ambos actualmente en proceso de extradición. Mientras que 23 miembros de esta célula están actualmente formalizados por la justicia chilena, que ha identificado que operaban en la ciudad norteña de Calama, pero también en Santiago.

“Lo que estamos entendiendo, por lo menos en Chile, es que ‘Los Piratas’ son lo más cercano a lo que es el origen del Tren de Aragua y su expansión, y que, por los antecedentes que estamos viendo, y por las detenciones que se han registrado, lo más probable es que esa línea pura esté operando muy fuerte también en Colombia”, señala a EL TIEMPO, Pablo Ceballos, consultor e investigador en crimen organizado en Chile.

¿Cómo es el modus operandi de los ‘Piratas de Aragua’?

Ceballos asegura que esta célula delincuencial diversifica sus actividades ilícitas, pero también subcontrata a elementos delictivos, y desafía a las justicias de distintos países mediante delitos de alto impacto y de su capacidad para seguir operando desde las prisiones.

“Esto se ha observado en Chile y en Colombia. No se golpea exclusivamente una estructura criminal como el Tren de Aragua, poniendo a sus líderes dentro de la cárcel. Se golpea realmente afectando su economía ilícita y monitoreando la actitud de esos líderes criminales también dentro de la cárcel”, asegura.

Redes en Colombia

Desde julio del año pasado comenzaron a caer en distintos departamentos del país figuras claves del Tren de Aragua, que habían delinquido en Chile. En julio fue capturado Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, en Quindío. Tenía una orden de captura en 196 países por la Interpol, y había vivido en el país austral de encubierto del 2018 hasta 2022.

El pasado 7 de diciembre fue capturado en Norte de Santander, Carlos Gómez Moreno, alias Carlos Bobby considerado hombre de confianza de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como ‘Niño Guerrero’, líder máximo del Tren de Aragua. Gómez tenía más de 120 hombres a su cargo y estaba sindicado de dirigir secuestros y casas de tortura en Chile.
A sus capturas se sumaron, este año, las de Atencio Padilla, alias Chocolate, en la ciudad de Bucaramanga, y la de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, en Boyacá, quien está implicado en el secuestro y homicidio de Ojeda.

“Buena parte de ellos está plenamente identificado y sus principales cabecillas están detenidos en terceros países, sobre los cuales Chile ha solicitado su extradición. El último ha sido detenido en Boyacá, hace pocos días por elementos de la policía colombiana”, señala a EL TIEMPO Gaspar Rivas, exsubsecretario de Defensa de Chile.

Pero, la vinculación de Colombia con los ‘Piratas de Aragua’ no ha sido solamente por ser el lugar de las detenciones de estos cabecillas, también hay ciudadanos colombianos vinculados al asesinato del exteniente venezolano Ojeda.

Ese es el caso de Julio Iglesias, quien llevaba una doble vida en la capital chilena, al trabajar como portero en un edificio de un sector acomodado y, a la vez, hacer parte de esta banda criminal y haber enterrado el cuerpo de Ojeda, cuyos restos fueron hallados bajo cemento, a un metro y medio de profundidad en una zona marginal de Santiago.

Su hijo, Julián Iglesias, también de nacionalidad colombiana, está detenido por robo y fue acusado de ser uno de los cuidadores de las casas de tortura de Los Piratas.

Alberto News

Ana María Ibáñez y Nathalie Alvarado: La delincuencia castiga a las economías latinoamericanas

La delincuencia violenta en América Latina y el Caribe (ALC) se ha cobrado durante décadas muchísimas vidas y medios de subsistencia. Fuera de las zonas afectadas por las guerras, la región es la más violenta del mundo, a la cabeza en tasas de asesinatos, robos a mano armada y otros delitos violentos. Pero las consecuencias económicas son igualmente devastadoras. Entender en qué medida la delincuencia actúa como un impuesto sobre el desarrollo -un impuesto que la región ya no puede darse el lujo de pagar- podría ayudar a los gobiernos de ALC a diseñar sus respuestas políticas.

Nuestro estudio reciente de 22 países de ALC le pone precio a la violencia delictiva de la región: cada año se pierde el 3,4% del PIB, o 192.000 millones de dólares, en costos relacionados con el crimen. Esto equivale a 78% del gasto en educación de la región, y al doble de lo que se destina a programas de asistencia social. Este despilfarro representa muchas oportunidades perdidas de crecimiento y desarrollo. Peor aún, esta cifra coincide con nuestras conclusiones a partir de 2017, que ponen de relieve la naturaleza persistente de la crisis de delincuencia.

Los homicidios le cuestan a la región 0,45% del PIB, y la región del Caribe es la que soporta la carga más pesada, con 0,71%. La maquinaria dedicada a hacer cumplir la ley -la policía, las cortes y las cárceles- consume otro 1,08%. Más allá de los costos directos de construcción y mantenimiento de los complejos penitenciarios, el encarcelamiento crea un efecto dominó de pérdida de productividad que se extiende de generación en generación. Quizá lo más preocupante sea el impuesto al espíritu empresarial: las empresas gastan 1,6% del PIB en medidas de seguridad.

Pero esas cifras apenas arañan la superficie del verdadero costo de la delincuencia para las economías de ALC. Los inversores extranjeros, especialmente en sectores vitales como las finanzas y la agricultura, huyen de la región. Las mujeres abandonan el mercado laboral, exacerbando las desigualdades de género existentes. Los resultados educativos se resienten, ya que las escuelas en las zonas de alta criminalidad tienen dificultades para mantener la asistencia y ofrecer una enseñanza de calidad. La confianza -la infraestructura invisible de una economía que funciona- se erosiona, no sólo en las instituciones sino también entre los ciudadanos. Incluso el medio ambiente sale perjudicado, ya que la explotación de los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas por parte de las organizaciones criminales quedan fuera de control.

Superar la crisis de la delincuencia supondría un gran impulso para las economías de ALC. Según nuestro estudio, si se redujera la tasa de delincuencia al nivel promedio de seis países europeos -República Checa, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia-, la región podría desbloquear el equivalente a alrededor de 1% del PIB o 57.000 millones de dólares. Estos recursos podrían reorientarse hacia medidas que construyan comunidades más fuertes y fomenten el crecimiento sostenible. Un estudio del Fondo Monetario Internacional sugiere que la reducción de las tasas de homicidio en los países de ALC al promedio mundial podría impulsar el crecimiento económico anual en 0,5 puntos porcentuales -alrededor de un tercio del crecimiento de la región entre 2017 y 2019.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde ambas trabajamos, ha compilado una base de datos de intervenciones contra la delincuencia de eficacia probada. Los resultados sugieren que la reducción de la violencia requiere un enfoque múltiple. Los responsables de las políticas de ALC deben implementar reformas institucionales para mejorar la eficiencia del gasto en seguridad, y la eficacia y equidad de los sistemas judiciales. De igual importancia son los programas sociales específicos que abordan las causas profundas de la delincuencia y fomentan la creación de empleo en las comunidades vulnerables.

Por ejemplo, cuando Brasil aplicó estrategias policiales basadas en datos y resultados, los homicidios disminuyeron hasta 17%. Esto demuestra que el cambio es posible cuando existe la voluntad política de adoptar reformas basadas en pruebas.

Pero los desafíos actuales exigen una respuesta coordinada a escala regional. Las redes delictivas son cada vez más transnacionales y están cada vez más interconectadas, y se han vuelto más sofisticadas a la hora de evitar ser detectadas, mientras que los esfuerzos para combatirlas siguen estando fragmentados. Para mejorar la cooperación regional, el BID se asoció con 18 países para lanzar la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. Esta alianza permitirá a los gobiernos elaborar políticas de lucha contra la delincuencia basadas en pruebas y coordinar su implementación. El Banco Mundial, Interpol y la Organización de Estados Americanos (OEA) se encuentran entre las 11 organizaciones que se han sumado a la iniciativa.

Los países de ALC poseen un potencial extraordinario: son ricos en biodiversidad y en los minerales que impulsarán el cambio de la economía global hacia la energía verde, y tienen los recursos agrícolas para alimentar al mundo. Aunque la violencia ha obstaculizado el crecimiento de la región, no tiene por qué definir su futuro. Si fomentamos la colaboración para reforzar las instituciones públicas e implementar políticas contra la delincuencia basadas en pruebas, podemos conseguir que los países de ALC no sean noticia por el aumento de la violencia, sino por la mejora de sus estándares de vida.

Ana María Ibáñez es vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

Nathalie Alvarado es jefa de Seguridad Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo.

https://www.costadelsolfm.org/

¿Cómo la proliferación del crimen organizado en Venezuela se ha convertido en un problema para la región?

A finales de septiembre de 2023, unos 11.000 militares y policías ingresaron al Centro Penitenciario de Aragua, en el centro norte de Venezuela, sin previo aviso. A medida que los funcionarios se adentraban en la prisión, conocida como Tocorón, se les hizo imposible ocultar la sorpresa cuando se encontraron con piscinas, un estadio de beisbol, un zoológico, locales de venta de alcohol y drogas, y hasta restaurantes. Pero lo más ensordecedor lo hallaron unas horas después: diversos túneles secretos que permitían a los presos salir y entrar de la cárcel sin restricciones. A través de esos pasadizos se habría escapado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, jefe de la banda transnacional Tren de Aragua y ahora una de las personas relacionadas con el crimen organizado más buscadas en el continente.

Algunas publicaciones especializadas, como InSight Crime, sugirieron que el escape de los líderes de la banda se trató de una operación acordada y planificada con el gobierno nacional. Sin embargo, las autoridades venezolanas negaron esa versión de los hechos.

Durante su reclusión en el penal de Tocorón, el Niño Guerrero convirtió la prisión en el centro de operaciones del Tren de Aragua. La banda comenzó controlando los territorios de las comunidades locales del estado Aragua, sometiéndolas a crímenes que van desde la extorsión económica, secuestros, violencia física y asesinatos.

Héctor Guerreo, alias Niño Guerrero, señalado cabecilla del Tren de Aragua

Al otro extremo, al sureste del país, en el estado Bolívar, el escenario no es muy diferente. En las extensas tierras del Arco Minero del Orinoco se registran constantes conflictos entre grupos armados criminales y las fuerzas de seguridad del Estado por el control de las minas que afloran en el territorio, de acuerdo con reportes de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas. A veces, incluso, existe connivencia entre las autoridades y los grupos criminales, precisó el informe.

La consecuencia directa ha sido que las mafias mantengan un control de facto sobre las zonas mineras de la región, permitiendo la explotación ilegal de minas de oro y contribuyendo con la deforestación de zonas naturales. Este escenario, incentivado por las luchas internas entre bandas por el dominio de las rentas ilícitas, ha terminado provocando incursiones violentas y la creación de un sistema de normas que somete a la población a castigos corporales como palizas, amputaciones y asesinatos, según relataron testigos a los expertos de la ONU.

Y, mientras los grupos criminales continúan expandiéndose, el Estado luce incapaz de hacerle frente a la situación.

El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos habla durante un operativo de seguridad en el centro penitenciario Tocorón, el 23 de septiembre de 2023. Foto: EFE

¿Cómo se ha perfeccionado el crimen organizado?

Las operaciones de los grupos criminales se han perfeccionado en la última década, a juicio de Will Freeman, investigador de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores, un think thank en Estados Unidos especializado en política exterior y relaciones internacionales.

Las mafias, explica Freeman, han cambiado sus estrategias: ya no se enfocan en luchar hasta derrocar Gobiernos, sino que destinan una importante energía en reclutar redes de políticos, funcionarios judiciales, de los servicios de seguridad y otros burócratas que les permitan infiltrarse dentro de las instituciones estatales.

“Estos grupos (criminales) necesitan cierto grado de control sobre el Estado y la política para funcionar, por lo que establecen poderes paralelos para inutilizar la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley y limitan el accionar de la democracia”, dijo en conversación telefónica con El Nacional.

Una vez que consiguen ese control, las consecuencias son enormes: incrementan la violencia, destruyen la institucionalidad de los países e incentivan el fortalecimiento del crimen organizado, que se expande en busca de nuevas rentas ilícitas incluso en otras latitudes.

Unos de esos ejemplos es el del Tren de Aragua, que ha expandido sus actividades a países como Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, donde participan en operaciones de tráfico de migrantes, lavado de dinero, trata de personas, sicariatos, secuestros, extorsiones y narcotráfico, según denuncias presentadas por los gobiernos de dichos países.

Los miembros de la banda han llegado incluso a operar como un brazo represivo del gobierno de Nicolás Maduro en el extranjero, de acuerdo con declaraciones del fiscal chileno Héctor Barros, que sugirió que el secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda en Chile se había planificado desde Venezuela por “razones politicas”.

El fiscal chileno Héctor Barros apuntó a móvil político la muerte de Ronald Ojeda

“Estados mafiosos”

Hay algunos lugares donde el crimen organizado tiene mayor control sobre las instituciones estatales, como Honduras y algunas regiones de México. Entre ellos, además, Freeman incluye a Venezuela. “A todos esos sitios, creo que los pudieras describir como Estados mafiosos o acercándose en convertirse en ellos, porque la distinción entre el Estado y los grupos mafiosos es difusa”, indicó.

Un factor que ha impulsado esta tendencia ha sido la restructuración de las economías ilícitas en todo el continente americano, que comenzó a ocurrir en la última década, según Freeman. Y dentro de ese factor hay, a su vez, otros tres elementos que explican estos cambios:

1. El aumento colosal en la producción de cocaína impulsada por la demanda entre los consumidores. Esto ha creado nuevos mercados mundiales y, por lo tanto, la necesidad de conseguir nuevos territorios para producirla. Si antes Estados Unidos la distribución se centraba principalmente en los Estados Unidos, ahora se ha extendido a Europa.
2. La subida de la demanda del oro en los mercados internacionales ha desencadenado, en paralelo, “una fiebre del oro criminal”. Como ocurre en el Arco Minero del Orinoco, el crimen organizado se hizo con el control de las zonas mineras, creado minas ilegales y, a través de ellas, ha capturado una renta ilícita que cada vez genera más ganancias.
3. La migración de millones de personas en la región se convirtió en otras industria millonaria para los grupos criminales, que se benefician controlando las rutas, extorsionando a los migrantes y traficando personas.

“Cada vez es más común que los grupos criminales estén mejor organizados”, advierte Freeman, y lamenta que, de no haber cambios notorios en las acciones para combatirlos, más democracias se verán amenazadas mientras las mafias continúan consolidándose en más territorios.

Alberto News

Venezolana relató desde la cárcel cómo opera una red criminal que secuestra a bebés y niños en Perú

Ciudadana venezolana revela red de secuestros de bebés en Lima desde cárcel de Chorrillos

En el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, un testimonio ha revelado la existencia de una red criminal en Lima que secuestra a bebés y niños. Es una mujer venezolana, víctima de trata de persona, quien fue traída bajo falsas promesas de un trabajo en Perú.

Por Infobae

Al llegar al país fue retenida en un búnker en San Juan de Lurigancho y explotada sexualmente bajo amenazas, mientras sus dos hijas eran mantenidas cautivas en un lugar llamado “guardería”, según declaró el testimonio a Panorama.

La joven relató que, tras un operativo policial, fue detenida y acusada de varios delitos, incluyendo secuestro, tenencia ilegal de armas y venta de drogas, lo que resultó en nueve meses de prisión preventiva.

Durante este tiempo, fue separada de sus hijas, quienes continuaron bajo el control de la organización criminal. Sin embargo, hace algunos meses logró recuperar a su hija menor, de solo siete meses, con la ayuda de la Defensoría del Pueblo.

A pesar de haber recuperado a una de sus hijas, la mujer sigue buscando a su hija mayor, quien permanece desaparecida y en peligro. Ante las cámaras de Panorama, hizo un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y logren el rescate de su hija mayor.

A pesar de haber recuperado a una de sus hijas, la mujer sigue buscando a su hija mayor, quien permanece desaparecida y en peligro. Ante las cámaras de Panorama, hizo un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y logren el rescate de su hija mayor.

Este caso ha generado gran conmoción y pone de manifiesto los serios problemas de explotación y violación de derechos que enfrentan muchas mujeres migrantes en Perú. Se espera que la Policía Nacional del Perú actúe de manera oportuna para desmantelar esta peligrosa red criminal y proteger a las víctimas involucradas.

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