A finales de septiembre de 2023, unos 11.000 militares y policías ingresaron al Centro Penitenciario de Aragua, en el centro norte de Venezuela, sin previo aviso. A medida que los funcionarios se adentraban en la prisión, conocida como Tocorón, se les hizo imposible ocultar la sorpresa cuando se encontraron con piscinas, un estadio de beisbol, un zoológico, locales de venta de alcohol y drogas, y hasta restaurantes. Pero lo más ensordecedor lo hallaron unas horas después: diversos túneles secretos que permitían a los presos salir y entrar de la cárcel sin restricciones. A través de esos pasadizos se habría escapado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, jefe de la banda transnacional Tren de Aragua y ahora una de las personas relacionadas con el crimen organizado más buscadas en el continente.
Algunas publicaciones especializadas, como InSight Crime, sugirieron que el escape de los líderes de la banda se trató de una operación acordada y planificada con el gobierno nacional. Sin embargo, las autoridades venezolanas negaron esa versión de los hechos.
Durante su reclusión en el penal de Tocorón, el Niño Guerrero convirtió la prisión en el centro de operaciones del Tren de Aragua. La banda comenzó controlando los territorios de las comunidades locales del estado Aragua, sometiéndolas a crímenes que van desde la extorsión económica, secuestros, violencia física y asesinatos.
Al otro extremo, al sureste del país, en el estado Bolívar, el escenario no es muy diferente. En las extensas tierras del Arco Minero del Orinoco se registran constantes conflictos entre grupos armados criminales y las fuerzas de seguridad del Estado por el control de las minas que afloran en el territorio, de acuerdo con reportes de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas. A veces, incluso, existe connivencia entre las autoridades y los grupos criminales, precisó el informe.
La consecuencia directa ha sido que las mafias mantengan un control de facto sobre las zonas mineras de la región, permitiendo la explotación ilegal de minas de oro y contribuyendo con la deforestación de zonas naturales. Este escenario, incentivado por las luchas internas entre bandas por el dominio de las rentas ilícitas, ha terminado provocando incursiones violentas y la creación de un sistema de normas que somete a la población a castigos corporales como palizas, amputaciones y asesinatos, según relataron testigos a los expertos de la ONU.
Y, mientras los grupos criminales continúan expandiéndose, el Estado luce incapaz de hacerle frente a la situación.
Las operaciones de los grupos criminales se han perfeccionado en la última década, a juicio de Will Freeman, investigador de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores, un think thank en Estados Unidos especializado en política exterior y relaciones internacionales.
Las mafias, explica Freeman, han cambiado sus estrategias: ya no se enfocan en luchar hasta derrocar Gobiernos, sino que destinan una importante energía en reclutar redes de políticos, funcionarios judiciales, de los servicios de seguridad y otros burócratas que les permitan infiltrarse dentro de las instituciones estatales.
“Estos grupos (criminales) necesitan cierto grado de control sobre el Estado y la política para funcionar, por lo que establecen poderes paralelos para inutilizar la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley y limitan el accionar de la democracia”, dijo en conversación telefónica con El Nacional.
Una vez que consiguen ese control, las consecuencias son enormes: incrementan la violencia, destruyen la institucionalidad de los países e incentivan el fortalecimiento del crimen organizado, que se expande en busca de nuevas rentas ilícitas incluso en otras latitudes.
Unos de esos ejemplos es el del Tren de Aragua, que ha expandido sus actividades a países como Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, donde participan en operaciones de tráfico de migrantes, lavado de dinero, trata de personas, sicariatos, secuestros, extorsiones y narcotráfico, según denuncias presentadas por los gobiernos de dichos países.
Los miembros de la banda han llegado incluso a operar como un brazo represivo del gobierno de Nicolás Maduro en el extranjero, de acuerdo con declaraciones del fiscal chileno Héctor Barros, que sugirió que el secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda en Chile se había planificado desde Venezuela por “razones politicas”.
Hay algunos lugares donde el crimen organizado tiene mayor control sobre las instituciones estatales, como Honduras y algunas regiones de México. Entre ellos, además, Freeman incluye a Venezuela. “A todos esos sitios, creo que los pudieras describir como Estados mafiosos o acercándose en convertirse en ellos, porque la distinción entre el Estado y los grupos mafiosos es difusa”, indicó.
Un factor que ha impulsado esta tendencia ha sido la restructuración de las economías ilícitas en todo el continente americano, que comenzó a ocurrir en la última década, según Freeman. Y dentro de ese factor hay, a su vez, otros tres elementos que explican estos cambios:
- El aumento colosal en la producción de cocaína impulsada por la demanda entre los consumidores. Esto ha creado nuevos mercados mundiales y, por lo tanto, la necesidad de conseguir nuevos territorios para producirla. Si antes Estados Unidos la distribución se centraba principalmente en los Estados Unidos, ahora se ha extendido a Europa.
- La subida de la demanda del oro en los mercados internacionales ha desencadenado, en paralelo, “una fiebre del oro criminal”. Como ocurre en el Arco Minero del Orinoco, el crimen organizado se hizo con el control de las zonas mineras, creado minas ilegales y, a través de ellas, ha capturado una renta ilícita que cada vez genera más ganancias.
- La migración de millones de personas en la región se convirtió en otras industria millonaria para los grupos criminales, que se benefician controlando las rutas, extorsionando a los migrantes y traficando personas.
“Cada vez es más común que los grupos criminales estén mejor organizados”, advierte Freeman, y lamenta que, de no haber cambios notorios en las acciones para combatirlos, más democracias se verán amenazadas mientras las mafias continúan consolidándose en más territorios.
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