Hasta la madrugada del 3 de enero de 2026, Venezuela estaba considerada como autocracia, una de las cinco autocracias de América Latina (las otras son Cuba, El Salvador, Haití, y Nicaragua). Esta caracterización proviene de los resultados de proyecto Variedades de Democracia (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, quizás el más riguroso para el análisis del desempeño de las democracias a escala global, con datos sistematizados desde 1789.
A partir del mediodía del 3 de enero de 2026, Venezuela sigue siendo una autocracia, pero ahora bajo el gobierno de Estados Unidos, como fue anunciado en vivo y directo para la audiencia mundial. Esta es la realidad. Concreta, contundente, decepcionante. En un segundo, con las palabras del presidente de Estados Unidos quedó anulada la intención expresada en el Acta de Independencia de 1811: «…que, como todos los pueblos del mundo, estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra…».
Ambos hechos, ser una autocracia, y estar ahora bajo la dependencia de Estados Unidos, son expresiones de un monumental fracaso político. Fracaso incubado por décadas, con responsabilidades previas a 1998, año en el cual se inicia la conversión del país en una nueva autocracia. Fracaso que debería suponer una profunda autocrítica de lo que se hizo mal antes de 1998 para que se progresara a una autocracia, y lo que se hizo mal para que se haya mantenido la autocracia por más de un cuarto de siglo. Sin esta autocrítica no será posible construir una democracia plena (la tercera de la República).
Ahora bien, la autocrítica debe llevar a soluciones, a la definición de alternativas para que se supere la autocracia y también la intervención externa. Para ello es fundamental analizar la evolución de la democracia en Venezuela a partir de 1936.
En el gráfico se muestra la tendencia del Índice de Democracia Liberal (IDL) estimado por V-Dem para Venezuela y Costa Rica (país líder en América Latina en la última medición, 2024). Se puede apreciar que la democracia que surge a partir de las primeras elecciones directas, universales y secretas de 1947 apenas duró nueve meses, al ser clausurada con el golpe de estado del 24 de noviembre de 1948.
La segunda democracia, surgida a partir del derrocamiento de la dictadura perezjimenista el 23 de enero de 1958 y de las elecciones de diciembre de ese año, se prolongó por 40 años. Desde 1959 hasta 1966, Venezuela ocupó el tercer lugar en la puntuación del IDL en América Latina, solo superada por Uruguay y Costa Rica. A partir de 1966, con el inicio de la involución autocrática en Uruguay, Venezuela solo fue superada por Costa Rica hasta el año 1983. A partir de 1983 otros países de la región (Argentina, Brasil y Chile), al salir de las dictaduras militares, superaron a Venezuela en la medición del IDL. Tal como puede apreciarse, el discreto aumento del IDL de Venezuela entre 1959 y 1998 es un indicativo de las dificultades que se experimentó para incorporar innovaciones institucionales que mejoraran el desempeño de la democracia.
A pesar de ello, y al contrario de los argumentos esgrimidos sobre las deficiencias entre 1959 y 1998, es bastante obvio, especialmente si se analiza la experiencia comparada en la región, que la calidad de la democracia fue notable, no así el bienestar de los venezolanos. En 1998, antes del inicio de la inmensa involución autocrática que ha experimentado el país en los últimos 27 años, Venezuela era la sexta democracia de la región en lo que respecta al IDL, solo superada por Costa Rica, Chile, Uruguay, Brasil, y Argentina.
Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo fue que la segunda democracia de la región por casi 20 años pudo transformarse en una autocracia que ya tiene 27 años? Y de allí a otra pregunta clave: ¿qué tuvieron en común los fracasos de las democracias en 1948 y 1998?
La causa común de la desaparición de la primera democracia en 1948 y de la segunda democracia en 1998 fue la exclusión, el predominio deliberado y sistemático de un actor político sobre los demás. Este predominio, basado en la expresión circunstancial de una mayoría, aniquiló el acuerdo entre diferentes para construir un sistema compartido.
La evolución prolongada de la exclusión, especialmente desde 1999, destruyó todos los espacios de comunidad democrática. Así se estaba en la madrugada del 3 de enero de 2026. Ahora tenemos todo eso, y, además, tenemos la intervención extranjera.
En este contexto, la pregunta salta a la vista: ¿cuál es la mejor ruta para construir una democracia plena y recuperar la independencia política? La respuesta a esta pregunta debe ser un esfuerzo conjunto de la sociedad. Se trata de construir la democracia plena entre todos, con la mayor inclusión posible. Para ello es indispensable que todos los actores políticos y sociales concienticen la gravedad de la situación y los errores que la generaron.
Para acordar la respuesta a esa pregunta se requiere un espacio institucional inclusivo. Que invite a toda la sociedad. En la experiencia de las transiciones democráticas exitosas en el siglo XXI, uno de los factores condicionantes más relevantes es justamente la existencia de este espacio institucional. Se trata de establecer un espacio que permita a todos los actores políticos y sociales acordar con rapidez, pero también con criterio de sostenibilidad. Se trata de construir un acuerdo perdurable y efectivo para todos.
En la última década, con la profundización de la autocracia en Venezuela, los intentos para acordar han sido infructuosos y traumáticos. Muchas son las razones. Un factor común en esos fracasos ha sido la dificultad para que los actores gocen de la entidad política requerida. La combinación de discrecionalidad e intervención de actores internacionales facilitadores no ha sido efectiva.
Desde el 5 de enero de este año, con la instalación de la nueva Asamblea Nacional, se puede construir ese espacio institucional requerido. Si bien es cierto que la elección de esta Asamblea Nacional se realizó en el marco de innumerables fallas del sistema electoral, razón por la cual se produjo la abstención de actores políticos muy relevantes, no es menos cierto que en la actualidad no existe otra instancia en la cual se encuentre una representación, imperfecta claro está, de la expresión popular. A pesar de estas restricciones, la Asamblea Nacional podría crear las condiciones para ser la vía que facilite un acuerdo de transición inclusivo y efectivo a la democracia plena.
Para que la Asamblea Nacional supere estas restricciones, y se convierta es un espacio institucional amplio y democrático, al menos tres condiciones deberían cumplirse. La primera condición es que todos los actores ya representados formalicen un acuerdo político a través del cual se comprometan a consensuar una hoja de ruta hacia la democracia plena. Este compromiso supone la aceptación por parte de todos los actores, independientemente del número de curules parlamentarias, para trabajar en esa dirección. En este acuerdo se deberán expresar las premisas para concretar las fases de la hoja de ruta de la forma más perentoria.
La segunda condición es que la Asamblea Nacional, por las razones señaladas, promueva la incorporación en este proceso de todos los actores de la sociedad venezolana, con la mayor amplitud. Esto incluye de manera especial a los actores políticos que decidieron no participar en la elección de la actual Asamblea Nacional. Esta incorporación debe combinar la mayor flexibilidad y celeridad. Es fundamental incluir la mayor variedad de visiones de manera sistemática y práctica.
La tercera condición, por la importancia de que este acuerdo por la transición a la democracia sea lo más inclusivo posible, es que su aprobación se realice por unanimidad. Que sea asumido por todos. Esto significa que muy probablemente la amplitud del acuerdo se concrete en los elementos esenciales de lo que significa alcanzar una democracia plena. Lo fundamental es que se exprese la convicción de todos los actores de que esa es la ruta que se debe transitar.
Si se asume, como es lo deseable, que el objetivo de la transición inclusiva es alcanzar la democracia plena, surgirán de manera nítida los criterios de cumplimiento. Se trata de que se tenga un país sin ningún preso político, sin ningún torturado, sin ningún asesinato por causas de persecución política, sin ningún exilado.
Con un sistema electoral transparente y respetado por todos, sin la intervención del gobierno en la libertad de voto de los funcionarios públicos, sin violencia electoral, con la más amplia libertad de expresión, sin periodistas ni medios de comunicación censurados, acosados o perseguidos, con la más amplia libertad de asociación, sin partidos políticos acosados o con injustas causas judiciales.
Con el más amplio ambiente para la discusión y participación política, con la más amplia libertad académica y cultural, sin la utilización de bandas armadas oficiales para amedrentar a ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos, con plena igualdad de los ciudadanos ante la justicia, con la total vigencia del Estado de Derecho.
Con total respeto a los derechos de propiedad y asociación para producir, con respecto absoluto a la libertad religiosa, con absoluta libertad para salir y entrar al país, con vigencia absoluta de la Constitución, con ejercicio de controles amplios al Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo, con respeto irrestricto a la autonomía del Poder Judicial, con un Poder Ejecutivo que acate las sentencias del Poder Judicial autónomo. De esto trata la democracia plena.
La actual Asamblea Nacional tiene una extraordinaria responsabilidad y oportunidad en esta coyuntura trascendental que vive el país. De sus capacidades para rectificar, acordar y abrir espacios de coincidencia, dependerá en gran medida que se pueda avanzar lo más rápido posible a una democracia plena para el bienestar de los venezolanos.
Es una hora de especial significación para el parlamento de Venezuela, quizás única. Ojalá se manifieste con contundencia el tino político y la visión histórica que exige esta excepcional encrucijada.
X: @marinojgonzalez
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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