La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, flexibilizó sanciones y amplió este miércoles, 2 de septiembre, el margen de operaciones autorizadas para empresas estadounidenses que trabajen con oro y otros minerales venezolanos.
Sin embargo, la nueva flexibilización no implica el levantamiento general de las sanciones sobre el país.
La actualización se concreta en tres licencias generales. La Licencia General 51D habilita a entidades estadounidenses establecidas a exportar, vender, comprar, almacenar, transportar, procesar y refinar minerales de origen venezolano, incluido el oro, aunque mantiene vetadas las operaciones vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y determinadas estructuras ligadas a China.
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El control más estricto de la nueva normativa recae sobre el destino de los ingresos generados por estas operaciones. Los pagos dirigidos a personas bloqueadas deberán canalizarse a través de fondos de depósito del Gobierno extranjero, creados mediante una orden ejecutiva de enero de 2026, o hacia otras cuentas designadas por el Tesoro.
Además, las empresas estadounidenses tendrán que reportar con detalle a las partes involucradas, la cadena de custodia del mineral, las cantidades comercializadas, los precios y los pagos hechos al Gobierno venezolano.
La flexibilización también alcanza a la actividad minera dentro del país. La Licencia General 54C permite el suministro desde Estados Unidos de bienes, tecnología, software y servicios para explorar, extraer, procesar, refinar o producir minerales y oro en territorio venezolano, incluyendo logística, seguros marítimos y mantenimiento de instalaciones, aunque prohíbe los pagos en oro y las transacciones con los países ya excluidos.
Por su parte, la Licencia General 55A abre la puerta a que las empresas negocien y firmen contratos condicionados para nuevas inversiones en los sectores del carbón y los minerales, aunque cualquier ejecución de esos proyectos requerirá una autorización adicional de la Ofac.
Las medidas se suman a otras ampliaciones recientes de licencias vinculadas al petróleo, el gas, los minerales y el oro venezolanos, y confirman la estrategia de Washington basada en una apertura selectiva.
Es decir, se permite ciertas actividades económicas, pero las somete a controles financieros, trazabilidad y autorización estadounidense, manteniendo así una estructura de vigilancia sobre Caracas y los actores del sector.
