La Asamblea Nacional (AN), controlada por el oficialismo, aprobó recientemente la «Ley por Palestina y la Justicia», un instrumento legislativo que, según el chavismo, deroga la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), ratificado por Venezuela en el año 2000 y vigente desde 2002.
Sin embargo, expertos jurídicos y organizaciones como Acceso a la Justicia coinciden en que esta medida no implica la salida inmediata del país del tratado internacional ni afecta la investigación en curso por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa, presentada como un acto de «defensa de la soberanía» y solidaridad con Palestina, responde a la percepción oficialista de que la CPI ha sido «instrumentalizada políticamente» contra el gobierno venezolano.
¿Qué implica realmente la ley aprobada?
Según el análisis de la ONG Acceso a la Justicia, publicado este 19 de diciembre, la ley sancionada por la AN no constituye una denuncia formal del Estatuto de Roma. Su alcance se limita a derogar la norma interna de 2000 que autorizó la ratificación del tratado por parte del Ejecutivo.
«En el derecho internacional, los tratados no pierden vigencia por la simple derogación de su ley aprobatoria nacional», indica el documento de la ONG.
Esto se rige por el principio pacta sunt servanda (los pactos deben cumplirse), consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El artículo 127 del Estatuto de Roma establece explícitamente que la retirada solo ocurre mediante una notificación formal al Secretario General de la ONU, con efectos un año después y sin retroactividad.
Hasta la fecha, el Estado venezolano no ha realizado dicha notificación ante la ONU. Además, en Venezuela, la potestad para denunciar tratados internacionales recae exclusivamente en el Presidente de la República, según el artículo 236 numeral 4 de la Constitución.
«No requiere intervención parlamentaria previa, como ocurrió en 2012 cuando Hugo Chávez denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos sin acto legislativo alguno», dice Acceso a la Justicia.
Por tanto, Venezuela continúa siendo Estado Parte del Estatuto de Roma, con todas las obligaciones derivadas, incluyendo la cooperación con la CPI, que mantiene su competencia intacta.
Incluso si el Ejecutivo decidiera denunciar formalmente el tratado, esto no detendría la investigación actual. El artículo 127 del Estatuto precisa que la denuncia no libera al Estado de obligaciones previas ni afecta la jurisdicción de la CPI sobre crímenes cometidos antes de que surta efectos (un año después de la notificación). Tampoco impactaría hechos ocurridos durante ese período transitorio, explica la ONG.
Precedentes internacionales lo confirman: Filipinas retiró su adhesión en 2019 mientras estaba bajo investigación, pero la CPI continuó el caso contra el expresidente Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad en la «guerra contra las drogas».
Efecto Cocuyo - Periodismo que ilumina
Guardia Costera de EE UU publica video del operativo en el que interceptaron a buque con petróleo venezolano
La Guardia Costera de los Estados Unidos publicó un video en el que se vio parte del operativo con el que lograron interceptar a un buque de bandera panameña que trasladaba petróleo venezolano.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, contó en su cuenta en X detalles de este hecho.
"En una acción antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estaba atracado por última vez en Venezuela", escribió.
La publicación la acompañó con un material de más de 7 minutos en el que se vio a un helicóptero acercarse a la embarcación y luego descender varios funcionarios para tomar el control del buque.
Noem prometió que seguirán estos operativos con el fin de acabar con organizaciones como el Cartel de los Soles, que aseguran está liderada por Nicolás Maduro. "Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos", comentó.
La operación fue reportada originalmente por medios como The New York Times. Según indicaron, el barco detenido se llama Centuries y no forma parte de la lista de petroleros sancionados por Estados Unidos.
La respuesta del gobierno de Maduro
Luego de que se confirmara la intercepción del buque, el gobierno venezolano rechazó este hecho, al que calificó de "robo y secuestro" por parte de Estados Unidos.
Se trata del segundo petrolero confiscado en menos de dos semanas por el país norteamericano en el mar Caribe, donde mantiene un despliegue militar.
En el comunicado consideraron lo ocurrido como un acto de "piratería" y denunciaron también la "desaparición forzada" de la tripulación.
El país suramericano advirtió que "estos actos no quedarán impunes" y que ejercerá "todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo".
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