La Defensoría del Pueblo de Venezuela no es independiente y, por lo tanto, perderá su certificación como institución veladora de los derechos humanos.
Así lo determinó el Subcomité de Acreditación (SCA) de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés) en su más reciente informe, en el que afirma que la Defensoría del Pueblo “está funcionando de una manera que compromete gravemente su independencia” y que “no ha demostrado que cumple los requisitos mínimos de los Principios de París”.
Los Principios de París son la base normativa internacional que deben cumplir todas las instituciones nacionales de derechos humanos, conocidas como defensorías, procuradurías de derechos humanos, oficinas del Ombudsman, etc. Estos principios incluyen mandato y competencias amplios, independencia, pluralismo en su composición y métodos de operación adecuados, incluyendo la investigación independiente y la presentación de informes.
Como consecuencia de esta decisión del SCA, la Defensoría del Pueblo de Venezuela perderá, a partir de 2026, su capacidad de participar con voz y voto en los debates internacionales de los órganos de derechos humanos de la ONU y en las actividades de la Ganhri.
Este dictamen del SCA es el segundo que cuestiona la independencia de la Defensoría del Pueblo venezolana. Las primeras evaluaciones del SCA comenzaron en el período 2007 – 2012, durante el mandato de Gabriela Ramírez. En 2016, tomando en cuenta los antecedentes de falta de independencia verificados durante la gestión de Ramírez, el SCA decidió degradar a la Defensoría de categoría A (pleno cumplimiento de los Principios de París) a categoría B (cumplimiento parcial), durante la gestión de Tarek Saab.
Un factor clave en la más reciente evaluación negativa es el hecho de que Alfredo Ruiz haya sido “reelecto” como Defensor del Pueblo en octubre de 2024, cuando la reelección no aparece en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
El SCA constató además otros comportamientos cuestionables de la Defensoría, como afirmar que el 97 % de las denuncias de desapariciones en Venezuela son “infundadas”. Agrega el SCA que la Defensoría “no acepta sistemáticamente las denuncias y que las víctimas han sufrido represalias al presentar denuncias sobre violaciones graves de derechos humanos”.
El SCA también cuestiona el papel de la Defensoría del Pueblo en la defensa de la población LGBT, protección de migrantes y de ciudadanos extranjeros detenidos bajo incomunicación, falta de colaboración con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incumplimiento de su deber de presentar informes anuales a la Asamblea Nacional y la acción limitada en el contexto de los estados de emergencia decretados por el ejecutivo.
El SCA basó su evaluación en informes de la sociedad civil y de organismos internacionales de la ONU. La Defensoría aportó pocos elementos en su propia defensa.
El SCA recuerda que la Defensoría “mantendrá el estatus B hasta la 48.ª sesión del SCA, que se celebrará en 2026. Esto brinda a la DPV la oportunidad de aportar las pruebas necesarias para demostrar su cumplimiento parcial de los Principios de París”. En el pasado, la Defensoría no ha aprovechado esas oportunidades de enmienda, por lo que lo más posible es que se confirme su expulsión al culminar ese plazo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario