El 3 de agosto de 2024, decenas de drones surcaban los cielos sobre la ciudad de Carora, capital del municipio Torres del estado Lara, centrooccidente de Venezuela. Los artefactos sobrevolaban la vivienda de Iraida Timaure, entonces alcaldesa encargada de la entidad tras la salida de Javier Oropeza, quien había tenido que pasar a la clandestinidad por la persecución política.
El municipio Torres, un cantón semidesértico en el oeste de Lara, había estado bajo el control del oficialismo chavista desde 1999. Sin embargo, en 2021, se produjo un cambio en el panorama político local cuando Javier Oropeza, empresario agrícola y propietario del periódico El Caroreño, ganó las elecciones municipales como candidato independiente.
Para Iraida Timaure, la suplente de Oropeza que se creía provisoria, aquella mañana de agosto, apenas unos días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, no solo sería la primera vez en la que pudo ver drones sobrevolando su hogar, sino también el momento en que tuvo que enfrentar una decisión que finalmente tomó, como muchos venezolanos tras el fraude consumado por el régimen de Nicolás Maduro en esos comicios presidenciales y la represión sin precedentes que le siguió: dejar el país para irse al exilio; a Buenos Aires, en su caso particular. Esto no solo significó un éxodo sobrevenido para Iraida; también fue la primera vez en sus 62 años que salió de Venezuela.
La situación no era para menos. En Carora ocurría entonces lo mismo que en otras municipalidades de toda Venezuela. Parte de la población que había votado por el candidato opositor, Edmundo González Urrutia -quien, de acuerdo a numerosas evidencias, resultó ganador- salió a las calles a protestar el fraude cometido por el régimen entre gallos y medianoche. Los cuerpos de seguridad contraatacaron e hicieron miles de arrestos en las principales urbes. Entre el 28 y el 29 de julio de 2024 se registraron más de 915 protestas en todo el país, más de dos mil detenciones arbitrarias y la cifra de muertos durante la represión alcanzó las 25 personas asesinadas; una de ellas, por cierto, cayó abatida en Carora. Se trató de Walter Páez, de 29 años, padre de dos hijos, impactado en el abdomen por un proyectil que le ocasionó la muerte.
En esas horas salvajes de fragor represivo, diversas organizaciones civiles y defensores de derechos humanos denunciaron el uso de drones como un recurso no solo para vigilar sino también para intimidar a los manifestantes. Y de nuevo Carora no fue una excepción en esa novedad incorporada al despliegue de las fuerzas de choque de la dictadura. Los drones también sobrevolaron las casas de Oropeza, de sus vecinos, de algunos empleados de la alcaldía y sobre negocios de comida, posadas y abastos.
En esas horas salvajes de fragor represivo, diversas organizaciones civiles y defensores de derechos humanos denunciaron el uso de drones como un recurso no solo para vigilar sino también para intimidar a los manifestantes. Y de nuevo Carora no fue una excepción en esa novedad incorporada al despliegue de las fuerzas de choque de la dictadura.
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