El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este viernes la detención arbitraria de Omar Escalante, presidente de la Federación de Trabajadores del estado Carabobo (Fetracarabobo).
Escalante se presentó voluntariamente este 19 de diciembre en los tribunales de Caracas para cumplir una medida cautelar de presentación periódica, impuesta desde 2017 por el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar en Fuerte Tiuna.
La autoridad judicial revocó este viernes de forma inesperada dicha medida y ordenó su encarcelamiento inmediato, sin que se conozcan motivos objetivos que justifiquen el cambio.
El dirigente sindical pasó casi cinco meses detenido en 2017 en la cárcel militar de Ramo Verde, acusado de hechos que no se probaron.
Ese año se le vinculó al asalto de la 41 Brigada Blindada de Carabobo, pero su hijo asegura que ese día ni siquiera salió de su casa.
De acuerdo a lo indicado por su primogénito, inicialmente se le acusó de rebelión militar y ataque al centinela, pero el juez otorgó el sobreseimiento. Luego se le imputó por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada. Le habían otorgado medidas cautelares por su estado de salud, que había venido cumpliendo.
Tras su excarcelación bajo cautelares, cumplió estrictamente las obligaciones procesales durante años, sin incumplimientos registrados.
Clippve calificó la acción como un mecanismo de castigo contra líderes sociales y sindicales independientes.
Fetracarabobo pertenece a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), cuyo secretario general, Elías Torres, permanece en situación de desaparición forzada.
La organización exigió la liberación inmediata de Escalante y alertó a instancias internacionales de derechos humanos sobre la criminalización del sindicalismo en el país. Defendió que la defensa de derechos laborales no constituye delito y que el cumplimiento de medidas judiciales no debe servir como pretexto para privaciones de libertad.
La detención ocurre en un contexto de reclamos por salarios dignos, pensiones justas y conquistas laborales, en medio de la crisis económica venezolana.
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