Gremios en Guayana: La política del régimen es exterminar a trabajadores y jubilados de universidades

La coalición intergremial de las universidades públicas del estado Bolívar, conformada por los sindicatos y gremios de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Uneg), la Universidad Nacional Experimental Politécnica (Unexpo) y la Universidad de Oriente (UDO), anunció el inicio de una agenda de movilizaciones en la calle para rechazar el pago del bono vacacional y el deterioro generalizado de las condiciones de vida de los trabajadores universitarios.

Por lapatilla.com

Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Uneg (Apuneg), actuando como vocero de la alianza, calificó como una “política de exterminio” las recientes medidas económicas aplicadas al sector educativo. En concreto, los trabajadores rechazaron la asignación de un pago lineal de 65 dólares por concepto de bono vacacional, excluyendo además a los jubilados del beneficio correspondiente.

“Con 65 dólares no creo que nadie pueda hacer un mercado en su casa. Esa es la política que tiene el régimen de liquidar, de exterminar a los trabajadores jubilados y activos de la universidad pública”, aseveró Brito.

Agenda de movilizaciones

Frente a esta situación, la dirigencia sindical realizó dos acciones de calle en la entidad: el miércoles 15 de julio, los trabajadores universitarios, tanto activos como administrativos y obreros, acompañaron la movilización de los jubilados y pensionados en el denominado “Muro de los Lamentos” y jueves 16 de julio, se llevó a cabo una concentración y protesta general en la avenida Monumental de Ciudad Guayana, enfocada en la exigencia de salarios dignos y presupuestos justos.

A la par de las reivindicaciones salariales, el sector exige la restitución inmediata de las providencias estudiantiles, tales como el servicio de comedor, asignación de becas y transporte para los estudiantes, argumentando que el abandono presupuestario asfixia el funcionamiento operativo de la educación superior.

Postura ante el panorama nacional

El presidente de Apineg enfatizó que el sector universitario “no puede estar de espaldas al país” y trazó paralelismos entre la crisis educativa y la destrucción previa de las empresas básicas de Guayana y el sistema de salud pública.

Asimismo, Brito fijó posición frente al escenario político actual, rechazando presuntos intentos de chantaje que pretenden frenar las demandas de elecciones en el país utilizando tragedias o contingencias pasadas. Al respecto, exhortó al cumplimiento estricto de los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, exigiendo un proceso electoral libre, democrático y plural.

“Los universitarios no podemos esquivar el bulto. Tenemos que mantenernos en la calle. Calle y lucha, aquí nadie se arrodilla”, concluyó el dirigente gremial.

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Es hora de una nueva fuerza sindical en Venezuela?

La discusión sobre si es hora de una nueva fuerza sindical en Venezuela está muy presente en el debate político, económico y laboral del país. La respuesta varía profundamente según la perspectiva desde la que se mire, ya que el sindicalismo venezolano ha atravesado una severa crisis y transformación en las últimas décadas.

Argumentos a favor de una nueva fuerza sindical

Pérdida de poder adquisitivo y salario: El salario mínimo y las pensiones en Venezuela han sufrido una depreciación histórica. Muchos trabajadores sienten que las organizaciones sindicales actuales (tanto las tradicionales como las alineadas con el gobierno) no han logrado frenar el deterioro de sus condiciones de vida ni garantizar sueldos dignos.

Politización y polarización: Gran parte del movimiento sindical tradicional se percibió durante años como un apéndice de los partidos políticos de oposición, mientras que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) es vista por los críticos como un brazo político del gobierno. Quienes defienden una "nueva fuerza" argumentan que se necesita un sindicalismo autónomo, despartidizado y enfocado estrictamente en los derechos laborales.

Criminalización y persecución: En los últimos años, varios dirigentes sindicales independientes o críticos (del sector salud, educación y siderúrgico, por ejemplo) han denunciado acoso, despidos injustificados o detenciones. Ante este panorama, se plantea la necesidad de nuevas estructuras que puedan articular la defensa de los trabajadores de manera más efectiva y segura.

Nuevas realidades laborales: La economía venezolana se ha informalizado masivamente y se ha dolarizado de facto en muchos sectores. Los sindicatos tradicionales a menudo no saben cómo representar a los trabajadores de la economía informal, los emprendedores o los empleados del sector privado informal, que hoy son mayoría.

Argumentos que matizan o se oponen a la idea

El problema no son las siglas, sino el entorno: Quienes defienden a los sindicatos independientes existentes (como la CTV, la CGT o sindicatos de base de educadores y personal de salud) argumentan que no se necesitan nuevas organizaciones, sino que se respeten las leyes vigentes. Afirman que el principal obstáculo es la falta de libertad sindical y las restricciones institucionales, no la falta de voluntad de las fuerzas actuales.

Estrategia de división: Algunos analistas y líderes obreros advierten que promover "nuevas fuerzas" desde cero puede terminar fragmentando aún más el ya debilitado movimiento de los trabajadores, lo que restaría fuerza de negociación frente al Estado y las patronales.

La postura oficial: Desde el sector gubernamental y la CBST se sostiene que el modelo sindical bolivariano ya representa una evolución histórica que prioriza la producción nacional y la defensa del proceso político frente a las sanciones económicas, argumentando que las protestas o demandas radicales de ciertos sectores responden a agendas desestabilizadoras.

En resumen: Mientras que para muchos sectores sociales la creación de un movimiento laboral renovado, independiente y adaptado a la cruda realidad económica actual es una necesidad urgente, para otros la clave no es inventar nuevas organizaciones, sino unificar y proteger a los liderazgos que ya existen y que intentan resistir en un contexto sumamente complejo.

GG/IA (Generativa)

Américo Tábata: Es hora de una nueva fuerza sindical en Venezuela

Ni el pasado corporativo ni el control político: unidad, autonomía y lucha para reconstruir el movimiento obrero.

En la coyuntura actual del movimiento de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, resulta indispensable comprender la trayectoria histórica del sindicalismo venezolano para entender dónde estamos y hacia dónde debemos avanzar.

Entre 1958 y 1998, tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, las fuerzas democráticas del país alcanzaron acuerdos que permitieron la estabilidad institucional y el fortalecimiento de organizaciones sindicales como Fedepetrol y Fetrahidrocarburos. Durante ese período se conquistaron contratos colectivos de avanzada, importantes beneficios en materia de salud y vivienda, así como salarios que ubicaron a los trabajadores petroleros entre los mejor remunerados del país. Estas conquistas tuvieron como antecedente fundamental las luchas obreras y, especialmente, la histórica huelga petrolera de 1936, que marcó un antes y un después en la organización de los trabajadores venezolanos.

Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, se inició una política orientada al control estatal de las organizaciones sindicales. Los acontecimientos de 2002, vinculados al Paro Petrolero impulsado por Fedepetrol, Fetrahidrocarburos, la CTV y Fedecámaras, sirvieron de justificación para profundizar la intervención gubernamental en el movimiento sindical. Surgieron entonces estructuras alineadas al gobierno, como la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), sindicatos oficialistas y posteriormente organizaciones como la UNT y la FUTPV, subordinadas a una visión política e ideológica que limitó la autonomía sindical.

Este modelo de control trajo consigo persecución, despidos masivos, criminalización de la protesta y encarcelamiento de dirigentes obreros. Más de 23.000 trabajadores petroleros calificados fueron expulsados de la industria, generando una de las mayores pérdidas de talento humano en la historia laboral venezolana.

Hoy, en 2026, luego de los acontecimientos políticos posteriores al 3 de enero y la recuperación progresiva de espacios democráticos, los trabajadores tenemos la oportunidad histórica de construir un nuevo sindicalismo. Un sindicalismo que no repita los errores del pasado, que rechace toda forma de tutela política, control partidista o dependencia del Estado, y que coloque en el centro los intereses de los trabajadores.

La tarea es refundar el movimiento sindical sobre principios de autonomía, independencia, democracia interna, transparencia, solidaridad y unidad de acción. Es momento de superar la fragmentación, erradicar las prácticas autoritarias que han debilitado a las organizaciones de trabajadores y construir una fuerza sindical capaz de defender salarios dignos, contratación colectiva, seguridad social, libertad sindical y derechos humanos.

La reconstrucción de Venezuela exige también la reconstrucción de un movimiento obrero libre, fuerte y unido. Ese es el desafío de nuestra generación.

Dirigente Petrolero y miembro del Equipo Promotor de FETRAENERGÍA.

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¿Cómo se encuentra la productividad laboral en Venezuela?

Foto referencia de gente caminando por el mercado de Coche en Caracas

El panorama económico de este año muestra señales de reactivación tras un período de contracción, impulsando a diversas organizaciones a reconsiderar sus estrategias de capital humano.

Según José Adelino Pinto, industriólogo, especialista en finanzas y máster en dirección y gestión de recursos humanos, dice que si bien muchas empresas redujeron drásticamente sus plantillas gerenciales y operativas años atrás, el comportamiento actual del mercado está forzando un cambio de dirección hacia la inversión en talento, fundamentado en una creciente demanda de consumo y la apertura de nuevos espacios comerciales.

«Yo antes tenía 5 gerentes y ahora tengo 2 para hacer lo mismo que hacían 5 gerentes», explicó.

En ese sentido, detalló en una entrevista para el espacio Café Global con Unai Amenábar, que la industria hotelera ha liderado este repunte y ha obligado a las empresas a profesionalizar y ampliar sus equipos de trabajo para atender el incremento en los niveles de demanda con Caracas, Puerto La Cruz y Maracaibo lo que destaca como los principales focos de esta recuperación económica sectorizada.

«El sector hotelero como tal, se movió mucho en estos primeros meses porque vino mucha gente», dijo.

Con información de Mundo UR

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Jubilados cumplen 100 días de huelga en los portones de las Salinas de Araya

Foto: Twitter Reporte Ya

La deuda con el personal jubilado de las Salinas de Araya supera los dos millones de dólares por concepto de beneficios sociales, laborales y humanos, que son ignorados por la empresa designada por el Ejecutivo regional para explotar el rubro en la Península.

Cumaná. Más de 242 jubilados, movilizados en los portones de la Unidad N. 1 de las Salinas de Araya, mantienen una huelga pacífica desde hace 100 días. Los manifestantes denuncian el cercenamiento de sus derechos humanos, laborales y sociales por parte de la nueva alianza entre la Gobernación del estado Sucre, a través de CorpoSucre, y la empresa Cristal Araya.

Aníbal Núñez, presidente de la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya, denunció que la deuda acumulada con los adultos mayores supera los dos millones de dólares.

“Cada mañana nos encontramos, nos estrechamos las manos, nos damos un abrazo sentido y sincero de hermanos y gritamos al cielo: qué vivan los jubilados de las Salinas de Araya”, comentó Núñez.

Según el dirigente, la representación oficial ignora los reclamos desde hace nueve meses y promueve una política de confrontación, lo cual vulnera activamente el derecho a la vida, la salud y a la alimentación de los afectados.

Foto: Cortesía Aníbal Núñez

Desatención patronal y discriminación​

​L​os jubilados de Araya también presionaron a las gestiones anteriores de los gobernadores Ramón Martínez, Enrique Maestre, Luis Acuña, Edwin Rojas y Gilberto Pinto, quienes finalmente honraron los compromisos contractuales​. Sin embargo, la actual directiva iraní de Cristal Araya se niega a atender al personal.

“No los atienden, ni solucionan los problemas, ni les cancelan sus deudas pendientes”,

aseveró Núñez, tras señalar que los funcionarios rechazan a los reclamantes por su condición de adultos mayores.

El vocero recordó que la jubilación es un derecho humano tipificado y fundamental dentro del sistema de vida y de Gobierno, por lo que exigen de manera directa a la gobernadora del estado Sucre, Johanna Carrillo, que honre formalmente las Actas Convenios firmadas.

Alerta por la producción salinera​

En el aspecto operativo la dirigencia gremial alertó sobre las irregularidades en el manejo de la industria, luego de la sustitución de la empresa Dell Acqua por Cristal Araya. Núñez sostuvo que la firma actual procesa el mineral acumulado de años anteriores sin auditoría previa y de forma insostenible.

“La sal para su procesamiento necesita agua, pero esta empresa iraní está raspando las salinas; es decir, no la están preparando para futuras producciones”, explicó. 

Foto: Cortesía Aníbal Núñez

De igual forma, denunció que el Ejecutivo regional otorgó un año libre de beneficios a la compañía mientras esta extrae y procesa grandes cantidades de sal fina de alto valor comercial.

Pese a que diariamente se despachan entre siete y 12 gandolas destinadas a la venta privada, los ingresos generados por Corpo​sucre no se reflejan en el cumplimiento de los pasivos laborales. 

“Hay dinero y Corpo​sucre vende la sal, pero no les pagan a los jubilados porque no quieren asumir responsabilidad”, concluyó Núñez.

​En septiembre de 2025, fue anunciado un convenio entre la Gobernación del estado Sucre e inversionistas internacionales para la explotación de sal en las reconocidas salinas de Araya, con una inversión internacional superior a 30 millones de dólares.

Un mes antes mes antes, el entonces ministro de Industrias y Producción Nacional y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), Alex Saab, realizó una visita a las Salinas de Araya junto a la gobernadora.

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La deuda laboral del estado venezolano por Froilán Alejandro Barrios Nieves

Se avizoran tiempos electorales en estos lares ante la justificada exigencia de la sociedad civil de reinstitucionalizar el país, surgida como resultado de la debacle del régimen chavista gobernante durante 27 años, cuyo efecto lo resiente cada milímetro del tejido social nacional que insiste en la aspiración a una vida decente en la tierra que los vio nacer.

Al momento de hacer el balance del desastre general diferentes análisis se entrecruzan, los voceros partidistas destacan el estado deplorable de las instituciones políticas y la pérdida de autonomía de los poderes públicos, los economistas hablan de los fríos números de la caída en barrena del 75% del PIB, los sociólogos registran los números alarmantes de la pobreza general de un país extendida a 80% de la población.

Paralelamente detrás de todos estos análisis pocos han reconocido la importancia merecida de los movimientos sociales surgidos para impedir este apocalipsis vivido en nuestro país, de los sacrificios de millones de seres humanos enfrentando a un régimen sin valores, ni talante democrático, quien no vaciló en aplastarlos y reducirlos a la mínima condición humana.

Cuando hablamos de la catástrofe nacional nos referimos en primer lugar a los sectores laborales del país, a los mas de 5 millones de pensionados y jubilados, a los centenares de miles de empleados públicos de la salud, educación, transporte, universidades autónomas, en fin, a toda una población activa y pasiva de un país que sufrió las consecuencias de la ofensiva de un proyecto político devastador.

En esta oportunidad voy a referirme a los trabajadores de PDVSA participantes en el paro cívico nacional 2002-2003 y a los trabajadores públicos despedidos en 2004 a raíz del Referéndum Revocatorio (RR). A ambos se les condenó a un apartheid a través de la lista de Tascón que al calificarlos como “enemigos escuálidos” se les excluyó del acceso al empleo y a servicios públicos.

En el caso de los trabajadores de PDVSA mencionados fueron considerados al principio como héroes, por haberse atrevido a conducir una huelga general contra un estado todopoderoso, en plazas públicas y manifestaciones en el occidente, oriente y centro del país, bajo la consigna de “Ni un paso atrás”, significaba la postura de continuar hasta la caída del autoritario gobierno.

Lo particular de este conflicto fue estar dirigido por sectores gerenciales y apoyado por las federaciones Fedepetrol y Fetrahidrocarburos y sindicatos de la base trabajadora, quienes no vacilaron a apoyar masivamente el conflicto hasta el final en febrero de 2003. El atrevimiento derivó en el despido de aproximadamente 23.000 trabajadores de PDVSA y Contratistas sin pago de prestaciones sociales, conjuntamente con el robo de lo acumulado en cajas de ahorro y fideicomisos laborales.

La legitimidad del conflicto fue reconocido por la OIT a través de uno de sus organismos, el Comité de Libertad Sindical reconoció la validez de la decisión de los trabajadores, al calificarla en 2005 como una huelga laboral en defensa del trabajo y de la meritocracia, recomendando el reenganche y el pago inmediato de sus derechos laborales. Esta calificación internacional fue descalificada por la administración del régimen que a 23 años del desenlace de la huelga no ha reconocido ni un solo céntimo de una deuda milmillonaria en dólares para con estos trabajadores, hoy dispersos por todo el mundo. 

En el caso de los empleados públicos la brutal ofensiva contra los petroleros se extendió contra aproximadamente 10.000 trabajadores identificados como “escuálidos opositores” en el contexto del RR de agosto 2004, fueron enumerados con el método nazi de asignarles una marca de: Escuálido, Indiferente y Proregimen, en listados que cada Ministerio, Instituto Autónomo debía presentar listas al Ejecutivo para proceder al despido sin pago de prestaciones sociales.

Las directrices gubernamentales desataron la barbarie de proceder a ejecutar miles de despidos en todo el sector público, conllevando a los sindicatos afiliados a FEDEUNEP a presentar las quejas respectivas ante la OIT y el registro de toda esta brutal ofensiva.

Hoy en la perspectiva de fin de un régimen y el restablecimiento del estado de derecho, la nueva administración que surja de elecciones debe reconocer plenamente los derechos de ambos sectores por constituir una deuda que proviene de derechos surgidos de la propia Constitución y de las leyes laborales.

Presentar paliativos como excusas originadas en las arcas vacías dejadas por el autoritarismo chavomadurista, no es la respuesta que merecen estos trabajadores, en primer lugar, los trabajadores de PDVSA y Contratistas participantes en el Paro cívico 2002-2003, y en segundo lugar los empleados públicos despedidos en 2004, como prueba del capitulo mas bochornoso de la historia de las relaciones laborales no solo en nuestro país sino a nivel de América Latina.

La respuesta de un nuevo estado debe asumir el compromiso de comenzar por reconocer el esfuerzo y la valentía de miles de familias que con sangre, sudor y lágrimas no escatimaron su sacrificio para salvar el país, y lograr el rescate de la Venezuela democrática que aspiramos hoy.

https://www.analitica.com/

En once estados hubo protestas por salarios, según el OVCS

 

Que las prestaciones sociales se refuercen, piden trabajadores

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó protestas en 11 estados del país el 25 de mayo-26 en reclamo a reivindicaciones laborales y seguridad social.

En su cuenta en X, la organización no gubernamental señaló que las protestas se realizaron en los estados Aragua, Barinas, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira y Zulia.

Al reclamo salarial que mantienen los trabajadores en todo el país, se sumaron las quejas por las constantes fallas en los servicios públicos, entre ellos, el agua.

Las protestas por las deficiencias en el sector salud, falta de viviendas, problemas de acceso a la justicia y la libertad de todos los presos políticos también tomaron las calles venezolanas, reportó el OVCS.

La organización compartió un video de la protesta realizada por trabajadores del sector universitario en el estado Carabobo, quienes reclaman un aumento salarial que tenga incidencia en todos sus beneficios laborales.

Para este viernes 29, los trabajadores jubilados del sector educación realizarán una protesta nacional para reclamar sus derechos y beneficios sociales.

Tomado de TalCual

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Urge abordar la crisis laboral venezolana

Luego de la abrumadora frustración generada el pasado primero de mayo entre los diferentes sectores de los trabajadores, ante el desafortunado documento firmado por la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales el 30 de abril —cuyo contenido sepultó aun más el salario, sustituido como política de Estado bajo el concepto de ingreso—, se vislumbra un escenario de movilizaciones y de confrontación sociolaboral.

Cuando el panorama político se transformó en los albores de 2026 con la abrupta salida del exmandatario Maduro —hoy prisionero en una cárcel de Brooklyn, Nueva York—, se generaron en el país expectativas de cambio político, económico y social. Sin embargo, transcurridos casi cinco meses, estas permanecen como asignaturas pendientes ante el pronunciado deterioro de las condiciones de vida de la población.

Restituir los convenios colectivos y la dignidad

Si nos centramos en el contexto sociolaboral, se ha pretendido normalizar la percepción de que los trabajadores solo aspiran a un salario equivalente a la canasta básica alimentaria. Sin embargo, en realidad las exigencias de los sindicatos, gremios, federaciones y centrales sindicales se extienden también al restablecimiento de los convenios colectivos y de los diferentes componentes del sistema de relaciones de trabajo —ante el pésimo servicio de las inspectorías y tribunales del trabajo. También se aspira a la construcción de un sistema de seguridad social integral que dote al trabajador, al pensionado y al jubilado de asistencia médica y pensiones dignas.

La respuesta de los diferentes actores laborales durante el presente año es diversa, como destacaré a continuación.

La posición del Gobierno

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró el 23 de febrero que la denominada «Constituyente laboral» garantizará los derechos y beneficios de los trabajadores venezolanos. Esto ocurrió luego de encabezar una reunión de revisión sobre los avances del proceso, en la que informó que se evaluó el desarrollo de esta instancia y reiteró que su objetivo central es «fortalecer la protección social» de la clase trabajadora. La llamada Constituyente laboral comenzó formalmente el 15 de diciembre de 2025 con la realización del Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera.

¿Qué se dice en la AN?

Por otra parte, el 23 de abril el diputado opositor Luis Augusto Romero anunció que el Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, prevé debatir una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, en medio de crecientes protestas por el deterioro del salario mínimo, equivalente hoy a veintisiete centavos de dólar al mes, según la tasa oficial. «Vienen nuevos debates. Tendremos que debatir la Ley Orgánica del Trabajo. […] Ese debate vendrá, y toda una serie de reformas paulatinas que el país requiere», afirmó.

El Consejo Administrativo de la OIT

En ese contexto cabe señalar las declaraciones del 11 de marzo del integrante del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jorge Roig, quien propuso una nueva dinámica para el cobro de prestaciones sociales. En la entrevista destacó que no es justo que leyes como la de inamovilidad laboral protejan a un «mal trabajador», y planteó la desconexión entre los beneficios legales y el establecimiento de un sistema temporal o provisional que permita al trabajador decidir si acumula o no las prestaciones sociales, con el fin de flexibilizar su cobro.

Posición de Fedecámaras

Asimismo, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) planteó el 12 de mayo la necesidad de actualizar la Ley Orgánica del Trabajo para incluir nuevas dinámicas laborales. Por medio de su vicepresidenta, Tiziana Polesel, señaló que «el debate en torno a la normativa no debe enfocarse solamente en los salarios y en las prestaciones sociales, sino también en la inclusión de otras modalidades como el teletrabajo y las contrataciones por horas».

El movimiento sindical: movilización callejera

Por el lado del movimiento sindical, el 15 de abril el Encuentro Nacional de Trabajadores —en el que participaron las principales centrales y gremios del país— concretó una alianza estratégica para exigir ingresos dignos. Más de 300 dirigentes provenientes de 19 estados acordaron una hoja de ruta que prioriza la movilización callejera como mecanismo de presión inmediata.

En esta alianza sin precedentes participaron representantes de las centrales CTV, CUTV, ASI, UNETE, CGT y CODESA, la Federación Venezolana de Maestros, el Colegio de Enfermería de Caracas, los trabajadores universitarios y las federaciones de jubilados; todos acordaron «la defensa del salario como parte de la lucha por las libertades democráticas en el país».

Esta articulación busca poner fin a la bonificación de la economía y rescatar la dignidad de quienes sostienen el aparato productivo nacional. Es evidente que la firma del documento de la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales del 30 de abril, suscrita en nombre de los trabajadores por representantes de ASI y CTV, constituye una ruptura alevosa con el acuerdo del Encuentro Nacional de Trabajadores.

La AN sin legitimidad para discutir la reforma de la LOTTT

También en el ámbito sindical cabe señalar la contradictoria y confusa convocatoria de una agrupación denominada «La Coalición Sindical Nacional de Trabajadores», que organizó una movilización pacífica el 2 de mayo hacia la embajada de Estados Unidos en Caracas para «exigir salarios dignos, pensiones justas, libertad sindical, liberación de presos políticos y el cese de la represión laboral» ante un gobierno extranjero.

Por lo expuesto, abordar las aspiraciones sociolaborales señaladas implica promover espacios que convoquen al liderazgo legítimo actual del país. Esa tarea no puede ser encomendada a la actual Asamblea Nacional, pues este organismo no refleja el verdadero país político y social de hoy. Reformar la Ley Orgánica del Trabajo —normativa que es la segunda en importancia después de la Constitución Nacional— es tarea del nuevo Estado de derecho que surja de elecciones generales que legitimen a todos los poderes públicos.

Ahora bien, esto no implica paralizarnos. Todos estos enunciados apuntan a que se trata de un asunto esencial para la sociedad venezolana, que debe atenderse de inmediato y con urgencia.

Se requiere la conformación de un espacio de amplia convocatoria y sin exclusiones para abordar los temas señalados en el ámbito de las relaciones de trabajo; un espacio sin cortapisas ni prejuicios que permita alcanzar un acuerdo transitorio orientado a la concreción de políticas públicas de emergencia que doten de poder adquisitivo y de seguridad social integral a un país que sobrevive en medio de la ruina y la precariedad.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

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El chavismo se lavó las manos tras denuncias por impago del bono universitario (Comunicado)

Personas sostienen carteles durante una manifestación este jueves, en Caracas (Venezuela). El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL) convocaron una manifestación para protestar en contra de la “represión” en el país. EFE/ Miguel Gutierrez

El Ministerio de Educación Universitaria intentó sacudirse este martes la responsabilidad por los retrasos en el pago del denominado Bono de Responsabilidad Académica, justo después del paro de 24 horas convocado por varias universidades del país para exigir mejoras salariales y condiciones dignas para el sector.

Por lapatilla.com

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el despacho chavista aseguró que “hasta la fecha” no ha recibido de las universidades la información consolidada sobre el personal que no ha percibido el beneficio económico.

Según el ministerio, mientras las casas de estudio no consignan las nóminas actualizadas, no puede hacerse responsable por “los retrasos o la falta de pago en casos individuales”, pese a que las denuncias de exclusión y pagos incompletos se multiplicaron en los últimos días.

El organismo también recordó que la consolidación de los datos corresponde “estrictamente” a cada universidad, en medio del creciente malestar de profesores, trabajadores y jubilados que reclaman salarios pulverizados por la inflación.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Afonso (i), habla durante una manifestación de trabajadores universitarios frente a la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria este martes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

 

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) denunció que apenas el 25% del profesorado recibió el bono prometido por el chavismo.

El presidente de la APUCV, José Gregorio Afonso, exigió explicaciones claras sobre los criterios utilizados para asignar el pago y reclamó la inclusión inmediata de los docentes y jubilados que quedaron excluidos del beneficio.

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El chavismo se resiste a reconocer que Teodoro Petkoff tenía razón con lo de las prestaciones sociales y el juego está trancado

Jorge Roig, representante del empresariado, y Leida Marcela León, vocera de los trabajadores tienen visiones divergentes sobre la reforma laboral en debate, pero confían en que el diálogo dará frutos.

La primera semana de mayo ocurrieron dos eventos que parecieran el mismo y no lo son. En primer lugar, llegó la Organización Internacional del Trabajo a Venezuela para realizar unos foros de diálogo social. Es el quinto foro de diálogo social y teníamos dos años reclamando este encuentro, dijo Jorge Roig Navarro, representante de los empresarios ante la OIT.

La presión de la OIT y la petición que hicimos en el último Consejo de Administración de marzo coincidió con la llegada del nuevo ministro del Trabajo, quien mostró una voluntad muy diferente a la que se había tenido en tiempos anteriores y decidió convocar el foro para los días 28 y 29 de abril, lo cual se hizo prácticamente en dos semanas, cuenta el vocero.

Allí -aseveró Roig- se tocaron exclusivamente los temas que nos atañen con la OIT. Tenemos una queja bajo el máximo nivel de control que se llama Comisión de Encuesta, donde denunciamos tres desviaciones de los convenios que, de acuerdo con Fedecámaras y los trabajadores, el gobierno de Venezuela no está cumpliendo.

Sobre los salarios mínimos hemos venido discutiendo, así que el convenio 26 está bastante adelantado. Simplemente llegamos a algunos acuerdos específicos con la conformación de los de Consejos Productivos de Trabajadores (CPT)»: Jorge Roig, expresidente de Fedecámaeras.

Tres convenios no cumplidos

Estos son el convenio 26 que tiene que ver con la discusión de los métodos de fijación del salario mínimo. El convenio 87, que se refiere a la garantía de libertad sindical, de manera que no se persigan empresarios ni trabajadores por ejercer la defensa de derechos legales, y se permita desarrollar la actividad sindical libremente.

El convenio 144 que, en opinión de Roig, es medular en el contexto del debate, se refiere precisamente a la ausencia de un verdadero diálogo social.

Son tres temas que fueron tocados en profundidad durante esos dos días con la presencia de la OIT en Venezuela, inclusive con el director regional de la zona andina, el señor Ítalo Cardona y al final llegamos a unos acuerdos muy beneficiosos, asegura.

Sobre los salarios mínimos hemos venido discutiendo, así que el convenio 26 está bastante adelantado. Simplemente llegamos a algunos acuerdos específicos con la conformación de los de Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), que son figuras que están contempladas en la comisión de encuesta de la OIT. El acuerdo al que se llegó con el gobierno es que se reglamentaran y tenemos la mejor disposición de que eso pueda ocurrir en los próximos días.

Estas instancias -los CPT- representan un mecanismo de control institucional sobre los sistemas de producción de las empresas públicas y privadas, en función de garantizar que no existan prácticas de boicot o manipulación de precios. Tanto las organizaciones empresariales como sindicales independientes han cuestionado la existencia de estas entidades, sin regulación alguna.

Y por último, el foro de diálogo social se efectuó, con lo cual el gobierno está cumpliendo con lo propuesto por la OIT, ente que no es un mecanismo sancionador, no es vinculante, pero el gobierno venezolano finalmente está aceptando la ayuda técnica de la OIT y está en el proceso de cerrar unos casos que el sector empleador ha presentado a la organización en Ginebra.

En efecto, el pasado 28 y 29 de abril de 2026, se llevó a cabo en Caracas el Quinto Foro de Diálogo Social, con la participación de representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado venezolano, organizaciones de empleadores y centrales sindicales.

Estos fueron los ejes Centrales de la Visita: La delegación técnica de la OIT, integrada por figuras como Corinne Vargha e Ítalo Cardona, se enfocó en el seguimiento de tres convenios fundamentales: Convenio 26 -Métodos para la fijación de salarios mínimos-; Convenio 87 -Libertad sindical y protección del derecho de sindicación-; y Convenio 144: Consulta tripartita.

Por su parte, Leida Marcela León es una destacada dirigente sindical venezolana, abogada especialista en derecho laboral y actual presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela). También ofreció sus criterios.

Para nosotros no es aceptable la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en un contexto país en el que nos han congelado por varios años el salario»: Leida Marcela León, central ASI Venezuela.

Sindicatos: No a la reforma de la LOTTT

Comienza por decir que no está sobre la mesa una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.

Para nosotros no es aceptable la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en un contexto país en el que nos han congelado por varios años el salario, los contratos colectivos, donde hemos perdido todos los beneficios socioeconómicos, soportado la inflación, la hiperinflación, la guerra económica, la crisis política, toda la pandemia y las sanciones que nos han pulverizado los derechos de manera brutal. La precariedad laboral es demasiado grande, enfatiza la dirigente sindical.

Y redondea: No pueden también pretender quitarnos los derechos adquiridos a tener ahorros para una vejez digna, como son las prestaciones sociales. Las tres reconversiones monetarias nos pulverizaron todos nuestros derechos laborales y, por ende, no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro en que nos pretendan quitar nuestras prestaciones sociales, que son un derecho intangible para nosotros los trabajadores, sentencia.

En otro orden de ideas, León dice que están debatiendo todo lo que se refiere a cómo dar sostenibilidad y financiamiento a un nuevo Sistema Seguridad Social ante la pérdida de las tres cuartas partes del Producto Interno Bruto (PIB) en Venezuela.

Estamos buscando mecanismos para que este sistema sea acordado mediante un debate constructivo, pero aspiramos a que se preserven los principios de universalidad, solidaridad, y cobertura intergeneracional, expone León.

Consultada sobre el tema de la inamovilidad laboral, apunta que nosotros no hemos debatido ese tema aún, porque es muy complejo. La Central ASI Venezuela sigue exigiendo que se respete la estabilidad absoluta en el caso de los funcionarios de carrera y funcionarios públicos, tal como lo establece la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En los casos de inamovilidad que están establecidos vía decreto presidencial o por regulación especial, sea por discusión de contrato colectivo, fuero materno, sindical y todas los casos previstos de manera especial en la Ley Orgánica del Trabajo deben mantenerse y respetarse, indicó la entrevistada.

Y remató: Nosotros lo que pedimos es que haya fuerza ejecutiva y que los patronos públicos y privados respeten la inamovilidad y la estabilidad de los trabajadores, porque puede existir en la ley, pero en la práctica hemos visto miles de despidos, miles de jubilaciones forzosas.

Hoy el Ministerio del Trabajo no garantiza los derechos a los trabajadores, finalizó.

A pesar de que la buena noticia es el reinicio del debate, las posiciones sobre temas claves siguen encontradas, aunque Roig es optimista en cuanto a la consecución de acuerdos sobre temas específicos, especialmente en el ámbito de las remuneraciones.

Los empresarios han señalado que la excesiva presión fiscal y el costo inasumible del sistema de seguridad social previsto en la LOTTT hacen inviable ninguna reforma puntual, sino que es indispensable abordar el modelo regulatorio y someterlo a una reforma total que obligará a que todos cedan en algunas materias.

El Gobierno ha cambiado su perspectiva en esta etapa del proceso de diálogo, al estar más focalizado en la viabilidad fiscal del sistema, lo que lo acerca más a los empresarios, quienes insisten en que el sistema de seguridad social debe ser todo lo eficiente y útil para los trabajadores que se pueda pagar sosteniblemente.

Alejandro Ramírez Morón – Banca y Negocios

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Profesores exigen aumento salarial frente al Ministerio de Educación Universitaria

El reclamo de los profesores universitarios por un salario ajustado a la realidad económica de Venezuela y que permita cubrir sus necesidades no cesa. Este martes, un grupo de docentes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se concentró en las inmediaciones del Ministerio de Educación Universitaria en Caracas para exigir al gobierno para solicitar respuestas claras en torno a la contratación colectiva y el pago de compromisos económicos que el Estado adeuda.

Los manifestantes insistieron en que la precariedad de sus beneficios afecta la calidad de vida de todo el personal académico. Durante la jornada, el presidente de la APUCV, José Gregorio Afonso, denunció que el Gobierno excluyó a más de 100.000 trabajadores del sector del bono de responsabilidad laboral.

Afonso alertó que esta irregularidad también ocurre en otras casas de estudio del país. El dirigente gremial enfatizó que el abuso en los pagos ya no es una lucha exclusiva de las universidades, sino un problema que se extiende a diversos sectores de la administración pública.

La representación de los profesores intentó concretar una reunión con la ministra Ana María San Juan, pero solo recibió atención por parte del viceministro Yoel Amaya y el diputado Ricardo Ríos. En este encuentro, los voceros reiteraron la urgencia de revisar el esquema de bonificaciones y los bajos salarios. Según el sindicato, el modelo actual perjudica de manera severa tanto al personal activo como a los jubilados.

Sobre la posibilidad de suspender actividades, Afonso fue enfático en la postura del gremio:«El paro para nosotros es un medio que no nos satisface (…) pero es el gobierno que nos presiona a esa situación», señaló el dirigente.

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Sindicatos exigen encuentros con autoridades para establecer el monto del salario mínimo

El Nacional

El sindicalista Servando Carbone dijo que luego de la quinta edición del Foro de Diálogo Social, el 28 y el 29 de abril, las autoridades venezolanas se comprometieron a organizar reuniones con los trabajadores.

La Unión Nacional de Trabajadores (Únete) y la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep) coincidieron en que el gobierno venezolano debe reactivar el diálogo social y definir, en un plazo de 30 días, una estrategia para la fijación del salario mínimo.

Servando Carbone, coordinador de ambas organizaciones, dijo en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría que luego de la quinta edición del Foro de Diálogo Social, el 28 y el 29 de abril, las autoridades venezolanas se comprometieron a organizar encuentros con los sindicatos para definir el monto del salario mínimo.

El sindicalista señaló que el proceso figura en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece un esquema aprobado en 2024, basado en variables económicas para el cálculo del ingreso básico.

Según esa fórmula, el salario podría alcanzar los 200 dólares, sin incluir otras bonificaciones.

El dirigente valoró las declaraciones del ministro del Trabajo, Carlos Castillo, quien aseguró que los ajustes se aplicarán de manera progresiva a través del ingreso integral.

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