Tras una maratónica audiencia que duró 12 horas -la única que se celebró en toda la causa-, la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo selló el destino inmediato de Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo Gonzalez Urrutia, el presidente electo, hoy en el exilio en España tras el fraude que le despojó del triunfo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. De manera remota, por una transmisión de video, Romero Castillo condenó a Tudares a 30 años de prisión, la máxima pena que prevé la Constitución venezolana vigente desde el año 1999.
En un país con un sistema judicial acorde con estándares democráticos, el proceso contra Tudares resaltaría por sus irregularidades. Pero esto es la Venezuela de Nicolás Maduro, y las anomalías son parte del paisaje: el reo pasó once meses de desaparición forzada, un rehén en la práctica que no pudo ver en ningún momento a un familiar. El expediente se mantuvo en reserva, protegido por múltiples escollos para el acceso de la defensa, que no ejercía un abogado de confianza escogido por el indiciado. Finalmente, se apuró un juicio exprés que la titular del Tribunal Tercero de Juicio con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal de Caracas resolvió con una sentencia que endosó a Rafael Tudares Bracho los delitos de terrorismo y conspiración.
El fallo tuvo el efecto de levantar el perfil ante la menguada opinión pública venezolana de la jueza Romero Castillo quien, desde 2023, cuando apenas contaba con 30 años de edad, viene conociendo casos de prisioneros políticos, unos 40, tanto del ámbito civil como del militar.
Como ocurre con la mayoría de los jueces pertenecientes al circuito de tribunales contra el terrorismo, a la hoja de vida de la jueza Romero Castillo la cubre una opacidad calculada. En la única foto que circula en redes sociales donde aparece, se le ve vestida con blusa amarilla y pantalón negro, lentes con una montura ancha de color blanco, posando sonriente junto con un grupo de empleados públicos en los distinguibles pasillos del Palacio de Justicia en Caracas.


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