La noción de justicia social en el marco del liberalismo suele obnubilarse por su asimilación con el neoliberalismo. En realidad, esta última es una interpretación sesgada del liberalismo, cuya acepción es mucho más amplia. Trata de una perspectiva filosófica, más que de una doctrina, que descansa en la convicción de que debe haber derechos básicos irreductibles del individuo en sociedad. Inspira propuestas de sociedad amparadas en marcos institucionales que consagran la libertad personal y la igualdad ante la ley. Su defensa de los derechos civiles lo opone al autoritarismo y a todo intento de imponer una perspectiva particular a los demás. En lo económico, defiende a la iniciativa privada y el derecho de propiedad, y procura limitar la intervención del Estado. Pregona la convivencia basada en la pluralidad de intereses, la tolerancia y el respeto por posturas distintas, siempre y cuando éstas no restrinjan las libertades de todos. Tiende a adversar posturas conservadoras, por tanto, ya que éstas buscan que la gente se atenga a las costumbres, valores y/o supuestas verdades existentes.
El neoliberalismo sí asume una postura particular, que considera superior a las demás por descansar en “verdades” científicas, en este caso, las de la ciencia económica. Relativiza, así, su noción de tolerancia frente a ideas diferentes. Su enfoque asume la forma de una doctrina, no de un posicionamiento filosófico ante la vida en sociedad. Considera que la iniciativa privada resume las libertades individuales fundamentales, por lo que de ninguna manera debe ser interferida. Basándose en los preceptos del modelo neoclásico de equilibrio general, concluye que el arreglo social óptimo es producto de la interacción libre de individuos en los mercados[1]. Toda intervención externa generaría una situación subóptima, reduciendo el producto y, por ende, el bienestar de la sociedad. La justicia social debe dejarse, por tanto, a la acción de los mercados (libres), sin intervención estatal.
Ante la objeción de que no basta con maximizar la producción, ya que debe procurarse la distribución de sus frutos según criterios de justicia social aceptados, acude de nuevo al rescate el modelo neoclásico. De no intervenir los mercados, a cada agente productivo —trabajador, gerente, capitalista, etc.— se le remunerará de acuerdo con el valor económico de lo que aporta. ¿Cómo ocurre aquello? A través de la valoración social que resulta de millares de individuos interactuando libremente —sin trabas— en esos mercados, lo cual provee relaciones de precios que, por antonomasia, son justas, pues las decide la sociedad. Si tu salario no alcanza, es porque la sociedad tiene una baja valoración de lo que aportas a la economía. Y, como todos somos iguales ante la ley, la culpa es tuya si no aprovechaste para formarte y adquirir talentos mejor valuados, por no dedicar el mismo esfuerzo que los demás o porque así te dotó la madre natura. La distribución del ingreso sería justa, por ende, si está refrendada por las preferencias de la sociedad que se manifiestan a través del mercado.
Pero la economía es mucho más que las abstracciones ideológicas del modelo básico de equilibrio general. Los economistas admiten problemas vinculados a las externalidades y los bienes públicos, a las asimetrías de información, a mercados no competitivos, etc. Porque, en el mundo real, proliferan lo que se conoce como las “fallas de mercado”. Significan, básicamente, que el libre juego de la oferta y la demanda en los mercados no asegura óptimo alguno. Luego están observaciones como las del filósofo John Rawls o del premio Nobel Amartya Sen, que centran la atención sobre las condiciones previas a partir de las cuales interactúan los individuos a través de los mecanismos de mercado. Más allá de la igualdad que pueda haber ante la ley (y suponiendo que sea efectiva), están los condicionantes que dependen de la ubicación social de cada quien. Las oportunidades están cargadas a favor de aquellos que han podido financiarse una buena educación, disponen de recursos, gozan de privilegios en distintos ámbitos y/o tienen contactos sociales importantes. Las desigualdades resultantes son, así, inevitables y, como no dejan de señalar el economista francés, Thomas Piketty y otros, tienden además a reproducirse, cuando no a ampliarse, Inter generacionalmente. Es decir, en ausencia de correctivos de política, se perpetúan las situaciones de injusticia social.
Como ideología, el neoliberalismo es contrario a cualquier intento de corrección desde el Estado, pues interfiere con la prodigiosa máquina de acumulación, que es la iniciativa privada. No importa que se concentre en manos de los multibillonarios de hoy, mientras el resto se estanque (o retroceda), pues por efecto goteo (trickle-down), esta mayor riqueza, eventualmente, se regará también sobre los de abajo. Más bien –pregonan sus partidarios--, deben desmontarse las medidas redistributivas del ingreso montadas a través de los años en procura de un falso Estado de bienestar y de justicia social.
Con esta plataforma, el neoliberalismo se ha convertido en una fuerza política de ultraderecha en algunos países. Aparece en propuestas autodenominadas de libertarias como las del argentino Milei. Paradójicamente, su prédica es populista, contra las supuestas élites liberales o socialistoides que están a favor de mayores impuestos, multas o controles, que atentan contra la libertad y la iniciativa privada. Como no hay que interponerse a los negocios de los Musks, Bezos, Zuckerbergs y de quienes los emulan, es preferible recortar conquistas sociales si se quiere equilibrar el presupuesto público.
Pero, como advierte otro Nóbel de economía (uno de este año), Philippe Aghion, la consolidación del control que ejercen estos magnates sobre los mercados, en ausencia de medidas que aseguren la competencia, dificulta la irrupción de startups –nuevos emprendimientos--, motor del proceso de destrucción creativa capitalista. Compromete la dinámica del crecimiento. La acumulación puede ver su impulso reducido, además de quedar bajo el usufructo excluyente de quienes la controlan.
Ante tales críticas, la justicia social menos puede asegurarse con proyectos colectivistas que someten al interés individual --por egoísta y excluyente-- a la prosecución de un bien común que beneficie a todos. Invoca utopías pregonadas desde posturas fundamentalistas, bien sean religiosas –vivir conforme a la ley de Dios-- o de proyectos políticos ideologizados como el fascismo –todo dentro del Estado, nada fuera del Estado— o comunista —la dictadura del proletariado. Sus preceptos de conducta y de ordenación social son dictados, o bien según la hermenéutica de textos sagrados hecha por sumos sacerdotes, o bien por líderes visionarios que encarnan al “pueblo”. Por más atractiva que le pudiera parecer su prédica a sus respectivos creyentes, conducen a dictaduras totalitarias. El individuo es disuelto en masa informe que le toca obedecer, en aras de beneficiarse del bien común.
La justicia social es, desde luego, una construcción a partir de los valores y preferencias de quienes componen la sociedad. La historia nos alerta acerca de lo fácil que ha sido su secuestro por credos dogmáticos que suponen una sola verdad, sea el de los neoliberales, en un extremo, o de quienes profesan proyectos redentores en el otro, que desembocan en regímenes totalitarios. Entre éstos queda la formulación e instrumentación de arreglos de justicia social legítimos, en tanto compatibles con la perspectiva liberal. Implica definir el bien común a partir de las preferencias individuales, que suelen agruparse en organizaciones diversas –sindicatos, asociaciones, clubes, gremios—para la prosecución de intereses colectivos comunes.
El ejercicio democrático es el escenario más amplio para acordar la prosecución del bien común. Pero, al contrario de los dogmas, aquí no hay recetas, ni “verdades” que lo determinen. Se vislumbran opciones variadas que van de un extremo al otro, sobre las que deben labrarse los consensos que sirvan para orientar y fundamentar las decisiones de política. Es el campo para el debate entre formulaciones escoradas más a la derecha o más a la izquierda, o que adoptan posturas de centro. Serán legítimas, siempre y cuando sean dirimidas por medios auténticamente democráticos, es decir, por una voluntad popular de activa y creciente participación. Es el complejo, interesante y decisivo desafío al que se enfrenta ese hermoso experimento de convivencia humanitaria plurinacional representado hoy por la Unión Europea. La reconstrucción de Venezuela, ante el derrumbe final de la tiranía fascista que la devastó, debe ver en esta experiencia un valioso ejemplo del cual aprender.
[1] Esta idea se basa en lo que se conoce como óptimo de Pareto por el sociólogo y economista italiano de finales del siglo XIX y principios del XX, Wilfredo Pareto. Se sustenta en la correspondencia de las tasas (marginales) en que un bien puede ser sustituido por otro en la producción con las de las preferencias que de ellos tengan los consumidores. Supone la igualdad entre las tasas (marginales) de sustitución técnica entre sus insumos con la de sus costos respectivos.
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