El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez Frías y otros cuatro militares -Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández y Jesús Ortiz Contreras- dieron inicio a un estado de guerra en Venezuela: se levantaron en armas contra la democracia, contra personas indefensas, contra la convivencia. Aunque el intento de golpe de Estado fracasó, los criminales marcaron su aparición con sangre: más de un centenar de muertos (y no los 31 que ha falseado la historia oficial) y casi 200 heridos.
Desde entonces, hace más de 33 años, Venezuela es un país en estado de guerra. Ese día nefasto quedó claro que los autollamados revolucionarios, en realidad delincuentes uniformados y no uniformados, habían surgido asesinando. Matando a los venezolanos que actuaban en defensa de los ciudadanos y las leyes.
Pero querían más sangre. Y volvieron a matar, en un segundo golpe, este todavía más letal que el primero, el 27 de noviembre de 1992. Los cuatro criminales en uniforme -Luis Cabrera Aguirre, Hernán Gruber Odremán, Luis Reyes Reyes y Francisco Visconti Osorio- que encabezaron este segundo asalto contra la república, también fueron derrotados. El número de muertos y heridos, que todavía no se conoce, muy probablemente supera los 300 y los 200 respectivamente.
A finales de septiembre de 1998, cuando faltaban dos meses para que ganase las elecciones, Chávez dejó en claro su talante aniquilador: en un mitin anunció, nada menos, que freiría en aceite hirviendo la cabeza de sus adversarios. En particular, a los miembros del partido político Acción Democrática, factor fundamental del período democrático venezolano.
A las derrotas militares le siguió la victoria política. Así, el día que Chávez ganó las elecciones en diciembre de 1998 -cuyos delitos le habían sido perdonados por el régimen democrático imperante entonces-, se desataron o intensificaron las guerras contra la sociedad venezolana.
La primera guerra que quiero recordar en esta relación, consistió en demoler la independencia de los poderes, hacerse con el control del sistema judicial, el electoral, el Ministerio Público, la Contraloría y todas las instituciones del Estado venezolano.
La guerra contra el carácter políticamente independiente de las fuerzas armadas, contra su carácter institucional y contra sus capacidades profesionales se ha librado con un costo enorme para sus integrantes: suman miles los que se han dado de baja, que han huido, que han sido detenidos, torturados y hasta asesinados, para construir una organización armada, corrupta, grasosa y hambrienta a un mismo tiempo, al servicio exclusivo de la dictadura.
La guerra contra los derechos políticos de los ciudadanos -jóvenes, mujeres, ancianos, profesionales- ha sido feroz: han sido asesinados por militares y policías en las calles, liquidando de facto el derecho a la protesta, el derecho a organizarse, a expresarse, a exigir respuestas, a preguntar, a circular libremente, a estudiar, a trabajar, a tener una proyección de futuro.
La guerra contra la dirigencia social y política del país ha tenido consecuencias devastadoras, sin duda: liquidación de los partidos políticos democráticos; persecución, paso a la clandestinidad y exilio de la mayoría de sus dirigentes; robo por parte de la narco dictadura de las principales marcas partidistas; masivo programa para corromper todavía más a ciertos dirigentes políticos y crear una falsa oposición al gusto de los criminales: alacranes de feria, sin relevancia alguna.
La guerra contra el periodismo, el derecho a informar, el derecho a informarse, el derecho a opinar, ha significado -ponga el lector la mayor atención a esta cifra-, que la totalidad de los medios de comunicación que operan en el país están bajo control de la narcodictadura: clausurados, borrados del mapa, amordazados, censurados. A este negro balance hay que sumar centenares de periodistas, editores o propietarios de medios de comunicación que, o están presos o les han inventado expedientes para sacarlos del país. Y todavía hay que añadir la guerra gubernamental contra la verdad: las mentiras de toda clase, las campañas de desinformación, la propaganda sucia, la confiscación violenta de equipos, bienes inmuebles, rotativas y más.
A las guerras contra la política, contra el derecho a la justicia, contra la transparencia, contra la sociedad civil y contra las organizaciones no gubernamentales, contra las libertades en su sentido más amplio, hay que sumar otra cuantiosa lista de guerras contra la propiedad privada, la libre empresa, el derecho al trabajo: la guerra contra Petróleos de Venezuela y la producción petrolera; la guerra contra los profesionales de Pdvsa, que alcanzó su apogeo -no su final- el día en que fueron despedidos cerca de 20.000 trabajadores de un plumazo; la guerra contra casi 50.000 técnicos y profesionales capacitados y competentes de la administración pública, que fueron remplazados por más de 500.000 inexpertos, ignorantes o incompetentes, como parte de una política tentacular de conducir a un estatuto de incompetencia el funcionamiento del Estado, para así facilitar la corrupción en todos sus niveles y posibilidades; la guerra contra los propietarios de fincas ganaderas o agrícolas, productivas y generadoras de empleo, que fueron expropiadas y conducidas a la ruina; la guerra contra industrias privadas productivas, también expropiadas y también arruinadas en pocas semanas; la guerra contra los empresarios en todo el territorio que ha significado el cierre de más de 20.000 industrias, comercios, empresas de servicio, emprendimientos y otras; la guerra contra el empleo que ha liquidado en 26 años más de 5 millones de puestos de trabajo; la guerra de acoso contra el sector productivo con armas como impuestos y paraimpuestos, fiscalizaciones, inspectorías, impunidad para saboteadores, reposeros, improductivos, flojos y afines, extorsiones y más.
La guerra contra los ciudadanos que ha significado el estímulo a la delincuencia organizada, a las redes de pranes, a sicarios y secuestradores, a los pactos con las narcoguerrillas colombianas, ha garantizado la impunidad de alcabalas con uniformados que agreden y extorsionan.
Más la guerra contra los ciudadanos que ha significado la destrucción del sistema educativo, del sistema de salud, de los servicios públicos, de parques, zoológicos, vías peatonales, sistemas de transporte público y más. Guerras, muchas guerras contra personas y familias indefensas.
Contra todas estas y otras guerras en curso, el Premio Nobel de la Paz.
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