Conmoción en el exilio venezolano. El atentado político contra el activista Yendri Velásquez y el politólogo Luis Peche, quienes sobrevivieron el lunes en Bogotá a la docena de disparos efectuados por dos sicarios en una acción planificada, ha despertado el temor a que la violencia transnacional chavista haya saltado la frontera para extender la represión contra la diáspora democrática.
Por El Mundo de España
Los dos venezolanos permanecen ingresados en el centro hospitalario Reina Sofía. Velásquez (32 años), reconocido defensor de derechos humanos y activista LGBTI, ya ha sufrido dos operaciones en las extremidades superiores y será necesaria una más en principio. La pérdida de sangre sufrida le mantuvo en Cuidados Intensivos.
En la actualidad, Velásquez esperaba la concesión de asilo político, un proceso lleno de obstáculos para los venezolanos con la administración del izquierdista Gustavo Petro. También colabora con Amnistía Internacional en la defensa de los derechos de los tres millones de emigrantes venezolanos que viven en Colombia.
El activista huyó de Venezuela tras permanecer en desaparición forzada durante la operación de terror instaurada por el chavismo tras el megafraude electoral del año pasado. Las fuerzas de Maduro le detuvieron cuando viajaba a Europa, invitado a un Congreso.
El analista, internacionalista y periodista Peche (38 años) también será operado para aliviar las lesiones que los disparos le han provocado en las piernas. Peche, habitual analista en las crónicas de EL MUNDO sobre la gran crisis venezolana, salió este año de su país tras las detenciones llevadas a cabo en su entorno. Al ser nieto de colombianos, no tuvo problemas con su documentación.
«Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no sólo dentro del país. Mi hermano de vida Yendri y yo lo vivimos en carne propia», escribió Peche en sus redes sociales horas después del ataque de los sicarios.
La policía bogotana ha avanzado en la investigación del atentado, que quedó registrado en cámaras de seguridad de la calle. En las imágenes se ve a los dos sicarios abandonar un vehículo y dirigirse directamente contra sus víctimas. Los agentes encontraron el coche horas más tarde en otro punto de la capital, y en su interior las dos armas utilizadas en el atentado. Se trata de dos armas traumáticas modificadas, lo que ha provocado que una de las hipótesis planteada por las autoridades, según medios locales, gire en torno a una acción violenta como advertencia contra Velásquez y Peche o contra toda la comunidad de exiliados.
«La violencia transnacional los alcanzó en el exilio», aventuró Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales, tras condenar el atentado. «Este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región», precisó María Corina Machado, líder democrática y Nobel de la Paz 2025.
La concesión del premio provocó un intercambio casi interminable entre el presidente colombiano Gustavo Petro y activistas venezolanos. El exguerrillero criticó y acusó a Machado por felicitar a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, hace casi una década. Las fricciones continuaron en las últimas horas, después de que Petro divagara en torno a un atentado que ni siquiera condenó en primera instancia.
Por el contrario, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, lanzó una advertencia nacional ante la gravedad de la escalada represiva: «Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no sólo dentro del país».
En su fuero interno, opositores, activistas y periodistas exiliados en el país vecino saben que Colombia dejó de ser el territorio seguro de los primeros años de la diáspora. La peculiar alianza entre Petro y Maduro ha convertido a esta militancia en sospechosa e incómoda.
La preocupación de unos y otros se disparó el año pasado tras conocerse los detalles del secuestro, tortura y ejecución en Santiago de Chile del militar rebelde venezolano Ronald Ojeda. Las conclusiones de la Fiscalía chilena, recogidas en la investigación del medio The Clinic, impactaron aún más el pasado fin de semana a los demócratas venezolanos. El fiscal Héctor Barros está convencido de que fue el propio Diosdado Cabello, ministro de Interior y número dos de la revolución, quien negoció con el Niño Guerrero, líder del Tren del Aragua, la operación a cambio de «una alta suma de dinero».
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