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Las renuncias de Francisco Cox y Patricia Tappatá exhibieron que los problemas que enfrenta la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) no se reducen al nulo acceso a data oficial o la imposibilidad de visitar el país. La crisis de financiamiento que enfrenta Naciones Unidas impacta todas sus áreas de trabajo y, por consiguiente, a las personas y víctimas que dependen de ellas. |
Venezuela no es la excepción. En agosto, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó la reducción en 50% del alcance de su acción en el país. ¿La razón? el «financiamiento no es suficiente», reconoció Lucía Ruz, asociada del programa. El impacto principal se lo llevó el proyecto de comidas escolares, que dejarán de entregarse en los estados Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui y Monagas.
La propia ONU informó el 9 de octubre la reducción de sus misiones de paz y la reestructuración de sus objetivos humanitarios, debido al impago o mora de sus países miembros, principalmente Estados Unidos y China, que concentran una gran parte del presupuesto.
Ahora las víctimas de derechos humanos en Venezuela, señala la socióloga Lexys Rendón, directora del Laboratorio de Paz, se verán impactadas por estas renuncias y la reducción del personal de la Misión de Determinación de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH de Naciones Unidas desde 2019.
“La FFM tiene la misión de investigar las violaciones más graves hacia las personas y el sufrimiento, opresión y represión de un país, es la dignidad de las personas y eso se delega en personas de altísimo nivel para que pueda decirle al mundo qué ha pasado, qué está pasando, qué se debe hacer. Es por eso la gravedad de la renuncia de estos expertos”, destaca Rendón.
El chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, señala la directora de Laboratorio de Paz, son “expertos que dan un respaldo, solidez y legitimidad a las investigaciones. Que dan confianza a las víctimas, a las organizaciones y al propio Sistema de Naciones Unidas”.
Cox, en la Misión de Determinación desde su creación, ha litigado ante la Corte Penal Internacional y perteneció al Grupo Independiente de Expertos designado para investigar la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (México). Por su parte, Patricia Tappatá –quien reemplazó al británico Paul Seils en 2021– dirigió la Comisión de la Verdad de la ONU para El Salvador. También formó parte de un grupo de expertos para investigar hechos en Bolivia entre 2019 y 2021, entre otras tareas.
“La misión tiene una metodología y unos estándares muy claros pero contar con la mirada y la aproximación de estos expertos es un plus para la garantía de robustez del informe. Es que la investigación tenga la revisión, mirada, escrutinio de estos expertos que garantizan no solo el cumplimiento metodológico sino la aproximación experta para el análisis, los estándares y las recomendaciones. Si bien queda a cargo Martha Valiñas, que tiene ese mismo altísimo nivel de profesionalismo y conocimiento, se recarga en una sola persona una labor que requiere varias miradas acuciosas y expertas”, argumenta Rendón.
Calixto Ávila, abogado experto en derechos humanos y representante de Provea en Europa, explica que en octubre de 2024 –cuando se renovó la Misión por dos años– se previó un total de siete investigadores “encargados de la construcción de los informes: investigación, contacto con víctimas, desplazamiento para poderse contactar con las personas” afectadas por una crisis de derechos humanos que pasó a ser una investigación por crímenes de lesa humanidad dentro de la CPI.
“Tenemos entendido que ese número se ha reducido a dos o tres personas por falta de financiamiento. Por supuesto, ese financiamiento también está destinado al trabajo operativo y a que los comisionados puedan desplazarse, verificar el trabajo y hacer las presentaciones de los informes en Ginebra”, señala Ávila.
La socióloga también menciona que, de mantenerse la crisis de financiamiento dentro de la ONU, existe una “alta probabilidad” que la misión no sea renovada antes de octubre de 2026, cuando finaliza su mandato, “en un país bajo un autoritarismo que comete crímenes de lesa humanidad”.
Reemplazar a los expertos
Esta no es la primera renuncia de expertos que enfrenta la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. El 11 de marzo de 2021, el abogado británico Paul Seils renunció a su puesto y seis meses después el Consejo de Derechos Humanos nombró a Tapattá como su reemplazo.
En este momento, opina Lexys Rendón, el reemplazar a los expertos Francisco Cox y Patricia Tapattá, cuya renuncia se hará efectiva a partir del 31 de octubre, “va a depender de las priorizaciones y de la posibilidad de zanjar la brecha de recursos que no permiten sostener un personal cualificado y costear en términos financieros su funcionamiento. Por lo que es incierto. Es un tema de recursos pero también de voluntad política de quienes tienen el poder de solventar esa situación dentro de ONU”.
A juicio de Calixto Ávila, estas designaciones “deberían hacerse en las próximas semanas”. Precisa que dichos nombramientos corresponden a la Presidencia de Consejo de Derechos Humanos, que mantiene el representante suizo Jürg Lauber durante este año.
“Existen mecanismos para que la presidencia pueda designar el reemplazo de estos expertos. De otra forma, significaría que esos mecanismos, ante la renuncia de un experto, no podría sesionar. En concreto, la Misión cuenta con tres expertos (…) Con la sola presencia de la presidenta (Marta Valiñas), significaría que la comisión no podría operar. Se espera que esa designación sea antes de final de año y seguro tendremos noticias en las próximas semanas”.
Asimismo, el abogado destaca que si bien los expertos, no el equipo que hace las investigaciones, son ad honorem, el sistema de Naciones Unidas debe garantizarles su trabajo, así como los recursos suficientes para sus desplazamientos, “para dirigir el equipo y hacerse presentes en Panamá, donde está el equipo investigador, pero también para acompañar a ese equipo investigador cuando ellos estimen necesario que los comisionados se desplacen”.
Rendón recuerda que Laboratorio de Paz hizo un exhorto a Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos a que priorice garantizar la permanencia de la misión.
“Priorizar la robustez de un equipo fundamental, que son los que directamente están mirando, monitoreando, acompañando y haciendo contención, protección y recomendaciones para situaciones de países sin democracias y Estado de derecho, con avances represivos y de persecución por razones políticas dramáticos”, explica.
Sincerar el caso Venezuela
La directora del Laboratorio de Paz señala que, en el caso venezolano, la ONU y la Oficina del Alto Comisionado deben revisar y sincerar los costos frente a otros gastos que, dice, son menos urgentes, así como burocracia que mantiene el propio sistema de Naciones Unidas.
Se debe, insiste Lexys Rendón, “asumir la austeridad en gastos secundarios, para poder garantizar la real permanencia, que no está condicionada o definida por estar en el terreno, sino tener estos equipos altamente cualificados, legítimos, de confianza, credibilidad, experta e imprescindible acompañando –desde donde sea que estén- a las víctimas”.
Pone como ejemplo la situación de la propia Oficina del Alto Comisionado, que mantiene oficinas en Venezuela desde la firma de un memorando de entendimiento en 2019.
Indica que está en “una zona de alto requerimiento económico para manutención” y que, prácticamente, están vacías desde hace un año cuando la administración de Nicolás Maduro expulsó a 13 funcionarios en el país. Apenas una sola funcionaria ingresó al país luego de que las autoridades venezolanas retomaran en diciembre de 2024 la cooperación.
“Además se destinan grandes fondos a mantener una segunda oficina en Panamá para el mismo personal. (Hay que) Priorizar entre el gasto en mantener una estructura para un personal que está vetado en el país, frente a otra que es fundamental para las víctimas”, puntualiza.
La directora del Laboratorio de Paz y el representante de Provea no descartan que la crisis financiera impacte gravemente a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, pues no hay recursos para mantener el funcionamiento de estas estructuras.
“Ya están laborando con un mínimo personal, y con recursos muy precarios o nulos para apoyar en materia de protección, formación a la sociedad civil en Venezuela”, destaca Lexys Rendón.
“La crisis financiera de Naciones Unidas sin duda afectará el trabajo de la OACNUDH hacia Venezuela. Sabemos que es una crisis estructural muy grande. Está andando un proceso de reestructuración de las Naciones Unidas en función de las reducciones presupuestales, eso ha significado el corte de muchos programas, por ejemplo los cortes de ayuda humanitaria, de las misiones de paz ya han denunciado esta semana un recorte”, reitera Ávila.
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