Venezuela estuvo en el centro de la primera presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Ahora, durante el segundo mandato del político republicano, el país sudamericano vuelve a estar en el foco, esta vez con mayores tensiones debido a los despliegues y ataques militares en aguas del Caribe cercanas a las costas venezolanas.
Desde el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe en agosto hasta los seis ataques estadounidenses cerca de costas de Venezuela contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga a partir de septiembre, ambos países han avivado sus enfrentamientos y endurecido sus posturas.
El choque más reciente entre ambos países se centró una autorización de Trump para que la CIA opere en territorio venezolano, algo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como “golpes de Estado orquestados.
Inicio inestable
Desde antes de asumir en enero para el periodo 2025-2029, Trump ya tenía la mirada puesta en el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien calificó como “dictador” durante la campaña electoral. Pero la animosidad no se ha limitado a las esferas del chavismo, sino que también ha alcanzado a buena parte los más de 900.000 venezolanos que viven en Estados Unidos, según cifras de la Oficina del Censo.
Trump expresó su descontento con los inmigrantes de Venezuela difundiendo teorías falsas sobre una supuesta liberación de presos en cárceles del país sudamericano y su envío a territorio estadounidenses. “Son narcotraficantes, criminales, asesinos y violadores. Todo lo han trasladado a Estados Unidos”, dijo Trump en una entrevista de agosto de 2024, sin presentar pruebas.
Cuando Trump ganó las elecciones de noviembre, Maduro dijo que apostaría por “un nuevo comienzo” en las relaciones entre Washington y Caracas, para dejar atrás las tensiones.
Nada de eso ocurrió. Y juzgando por la experiencia pasada durante el primer mandato de Trump entre 2017 y 2021, es difícil que algo cambie.
Ofensiva migratoria
Trump asumió el pasado 20 de enero y ese mismo día firmó un decreto que designa al Tren de Aragua, una pandilla surgida en una prisión de Venezuela, como grupo terrorista, junto a otras bandas transnacionales y carteles de la región.
A mediados de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para acelerar deportaciones de migrantes que eran supuestamente miembros del Tren de Aragua.
En tanto el 17 de marzo, el Gobierno de EE.UU. deportó a cientos de venezolanos sin condena firme a El Salvador, donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megaprisión criticada por diversas organizaciones por el trato que reciben los detenidos. Maduro dijo que las deportaciones eran secuestros.
Menos protecciones para inmigrantes
Pese a que Trump describe a la Venezuela de Maduro como una dictadura que asfixia la disidencia la disidencia, en enero, su gobierno revocó la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos que buscaron refugio en Estados Unidos precisamente de esa persecución. La medida afectaba a unos 300.000 venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos y que preveían contar con protección frente a las deportaciones hasta al menos el otoño boreal de 2026.
En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió no otorgar una extensión del TPS a los venezolanos a los que se les concedió el estatus en 2023, por lo que otros cientos de miles lo perderían dos meses después, en abril. Según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 600.000 venezolanos tienen o tenían protecciones del TPS, cerca de dos tercios del total de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos.
Las medidas del Gobierno han sido impugnadas ante los tribunales y la Corte Suprema permitió en mayo que Trump avance hacia el fin del TPS.
A fines de agosto una corte federal de apelaciones bloqueó los planes del Gobierno de Trump para dejar sin efecto una extensión a las protecciones legales para vivir y trabajar en Estados Unidos. Los jueces del Noveno Circuito concluyeron que los demandantes probablemente tendrían éxito en su argumento de que la secretaria Noem no tenía autoridad para revocar una extensión previa, ya que la ley aprobada por el Congreso no lo permite.
Sin embargo, el revés más reciente lo dio nuevamente la Corte Suprema. El 3 de octubre, el alto tribunal decidió que el Gobierno de Trump puede retirar las protecciones temporales contra la deportación de 300.000 venezolanos.
Tras esta decisión, Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus —una organización que ayuda a venezolanos en Estados Unidos—, dijo que hay pocas opciones para el grupo afectado por la Corte, pero que abogados las están explorando.
En paralelo, el Gobierno de Trump ha buscado poner fin al programa de “parole humanitario”, que beneficia a migrantes de Venezuela que se sometieron a la revisión de las autoridades en lugar de intentar ingresar al país ilegalmente, así como de Cuba, Haití y Nicaragua.
El caso también ha sido judicializado y en mayo la Corte Suprema autorizó al Gobierno a poner fin al programa de permanencia temporal. En junio, notificó a beneficiarios que su permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos ha sido revocado y que debían abandonar el país, aunque una jueza suspendió en agosto el intento de realizar deportaciones aceleradas a las personas afectadas.
Todas estas acciones del Gobierno de Trump contrastan con una de las últimas medidas tomadas en el último día de su primer mandato, cuando el republicano bloqueó por 18 meses la deportación de venezolanos en Estados Unidos.
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