Las detenciones arbitrarias de adolescentes tras las recientes protestas iniciadas el 28 de julio de 2024, por la controversia de los resultados electorales, encendieron las alarmas de los defensores de derechos humanos y de los entes internacionales.
Según Foro Penal, para este miércoles 30 de octubre, el número de adolescentes encarcelados por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, obstrución en vías públicas y resistencia a la autoridad, entre otros, se mantiene en 69.
Las manifestaciones del 28 de julio fueron una respuesta a las acusaciones de irregularidades en los resultados brindados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este descontento popular llevó a que muchos ciudadanos, incluidos adolescentes, salieran a las calles a expresar su rechazo a la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios. Sin embargo, la reacción del Estado fue la represión y hasta la fecha ni el Ministerio Público el gobierno han ofrecido algún tipo de balance disgregado.
Pero, además de las irregularidades registradas en el contexto de las detenciones, lo que más ha llamado la atención son las violaciones al debido proceso. Ninguno de los presos políticos tiene defensa privada, los familiares no tienen el expediente y algunas familias han denunciado tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de detención.
Para explicar las violaciones al debido proceso, Efecto Cocuyo conversó con la profesora Gloria Perdomo, educadora y trabajadora social especializada en derechos humanos de la niñez, participación social y prevención de la violencia y con Marta Tineo, abogada, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Justicia, Encuentro y perdón (JEP).
Sin cifras de adolescentes detenidos
La profesora Perdomo, en una entrevista telefónica con este medio, señala que por el momento no hay “claridad en cuanto a una cifra precisa de los adolescentes detenidos que han estado judicializados a cargo de un tribunal especializado en responsabilidad penal del adolescente”.
Explica que esta falta de transparencia en el manejo de las detenciones no solo dificulta la defensa de los derechos de estos adolescentes, sino que también viola las normas constitucionales de Venezuela.
En Venezuela, el artículo 78 de la Constitución y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) establecen que cualquier acusación contra un adolescente debe ser manejada por una jurisdicción especializada. Perdomo observa que la justicia especializada no solo debe ser impecable, en términos del cumplimiento de lo que son las normativas jurídicas, o legales, en cuanto a debido proceso como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el juicio justo, sino que, además, tiene que ser un tipo de administración de justicia inclusiva.
Su crítica se centra en que, a pesar de las disposiciones legales, la realidad muestra un sistema judicial que no protege adecuadamente los derechos de los adolescentes.
Martha Tineo coincide con Perdomo sobre las cifras de adolescentes judicializados y recuerda que en este contexto de detenciones masivas, se ha violado todo el sistema de responsabilidad penal de niños y adolescentes y no solo porque no fueron atendidos por un juez especializado en el área, sino porque estuvieron en sitios de reclusión con adultos, sufrieron desaparición forzada y estuvieron incomunicados.
“Se realizaron audiencias masivas en las que no se individualizaban los hechos y la supuesta responsabilidad penal en la comisión de ellos de forma telemática, sin defensa de confianza y, además, audiencias de alguna manera clandestinas, no audiencias públicas en las que pudieran estar presentes sus padres, que son en todo caso sus representantes legales por cuanto aún se mantienen en minoría de edad. Es decir, que estamos ante la violación absoluta de todo lo que tiene que ver con detención y debido proceso”, enfatiza.
Tineo reitera que, según el ordenamiento jurídico venezolano, estos adolescentes deberían ser juzgados en libertad y los casos muy excepcionales, sí deben ser juzgados privados de libertad.
Sin defensores especializados
Un aspecto crucial en la defensa de los derechos de los adolescentes es la necesidad de contar con defensores especializados en materia de responsabilidad penal en esa área. Perdomo destaca que “el derecho a la defensa está explícitamente consagrado en la legislación nacional, y es esencial que los adolescentes tengan acceso a defensores privados o, en su defecto, a defensores públicos que estén capacitados en esta área”.
La realidad es que se desconoce si los defensores públicos que están a cargo de la defensa de estos adolescentes tengan la formación adecuada para representarlos, lo que pone en riesgo el sistema que debería centrarse en su bienestar.
Tineo señala que la actuación de la defensa pública en el caso de los adolescentes detenidos genera gran preocupación entre familiares y defensores de derechos humanos. A juicio de la abogada, la gestión de los defensores públicos es inadecuada y omisiva, en muchos casos no se han entrevistado con los adolescentes ni han establecido estrategias claras de defensa.
Además, las madres de los jóvenes han denunciado que, al solicitar copias de los expedientes o presentar documentos como constancias de estudio y buena conducta, los defensores públicos simplemente los rechazan o no los dejan asentados formalmente.
Tineo describe esta situación como alarmante y explica que “no sólo no se han entrevistado con sus hijos, no sólo no han establecido estrategias claras de defensa, sino que han sido absolutamente omisivos en su deber de ejercer la defensa de estos muchachos”.
Defensores públicos cuestionados
La jurista indica que en muchos casos, cuando las madres insisten en presentar documentos para respaldar la buena conducta de los adolescentes, “las defensoras públicas no reciben esos documentos que serían fundamentales para demostrar la buena conducta predelictual de estos jóvenes”.
Esta omisión se suma al maltrato y hasta chantajes que las madres han reportado haber recibido, deja un proceso judicial en “total opacidad”, en el que ni siquiera se permite que los representantes legales de los adolescentes tengan acceso a los expedientes o asistan a las audiencias, realizadas sin la presencia de las familias.
Ambas expertas coinciden en que el enfoque educativo en la justicia para adolescentes es fundamental para su reintegración y desarrollo, algo que se ve comprometido por la falta de recursos y apoyo legal, según las denuncias realizadas por las madres de estos adolescentes.
Las condiciones en las que se encuentran son una fuente adicional de preocupación. La Constitución prohíbe que los adolescentes compartan reclusión junto a adultos, y estipula que cualquier aprehensión se debe comunicar de inmediato al Ministerio Público. A pesar de esto, en el contexto de las protestas poselectorales, muchos de los adolescentes estuvieron en calabozos policiales, donde también estaban internos reclusos comunes.
Ante esta situación Tineo insiste en que la justicia especializada se debe garantizar y que las sanciones impuestas sean educativas y no punitivas.
No ha funcionado el sistema de protección
La situación actual de los adolescentes detenidos en el marco de las protestas puso en evidencia graves deficiencias en el sistema de protección y el sistema penal de responsabilidad del adolescente en Venezuela.
Perdomo, especialista en derechos de la niñez, explica que la Lopnna establece dos sistemas específicos para resguardar los derechos de esta población.
“En el sistema de protección diversas instituciones, autoridades y órganos estatales deben trabajar de manera articulada para garantizar la seguridad y los derechos de los niños y adolescentes, especialmente cuando son víctimas de amenazas o vulneraciones a sus derechos”. Sin embargo, en estos casos se ha reportado una grave ineficacia en este sistema que debería actuar en situaciones de vulneración.
El sistema penal de responsabilidad del adolescente, por otro lado, está diseñado específicamente para procesar a aquellos mayores de 14 años acusados de cometer delitos. Este sistema no solo debe asegurar que se cumplan sus derechos durante el proceso judicial, sino que además las sanciones sean de carácter educativo y estén bajo un riguroso control.
Perdomo recalca el rol fundamental de la Defensoría del Pueblo en este ámbito: “La Defensoría tiene la tarea muy relevante de velar, vigilar, estar al frente del examen de la situación de los adolescentes privados de libertad, cumpliendo el mandato de la Constitución y de la Lopna”.
No obstante, advierte que en estos casos, este mandato no se está cumpliendo, pues la Defensoría y otros actores del sistema penal especializado no garantizan su protección, dejando a los adolescentes en una situación de total indefensión y vulnerabilidad dentro del proceso judicial.
Detenciones masivas a adolescentes: Un fenómeno inédito
Las detenciones masivas de adolescentes durante estas protestas las califica Perdomo como un fenómeno “inédito en la historia del país”. La especialista señala que “nunca antes habían ocurrido tantas detenciones en el mismo día, con el mismo perfil, haciendo acusaciones similares”.
Tineo comparte su preocupación respecto a las implicaciones de estas acciones en la percepción de la justicia y el Estado. Sostiene que “no se trata solo de administrar justicia; es necesario propiciar el mejor desarrollo de estos adolescentes, asegurando su bienestar y sus derechos humanos”.
Ambas especialistas coinciden en que es imprescindible realizar una revisión exhaustiva de los procesos judiciales contra esta población. Perdomo hace un llamado a la Defensoría del Pueblo, mientras que Tineo concluye que “es fundamental que se desarrollen las actuaciones necesarias para garantizar que estos adolescentes reciban la atención y el tratamiento que les corresponde”.
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