Para los millones de empleados públicos y pensionados que hoy sobreviven en el umbral de la pobreza extrema, la justicia transicional también pasa por la recuperación de sus ahorros de vida y la dignificación de su oficio. Universo polvo cósmico,
Empresarios y sindicatos ven como prioridad la recuperación del salario.
Luego de años de una política de bonificación que evaporó las prestaciones sociales y dejó el salario mínimo en cifras simbólicas, una de las prioridades, independientemente de las circunstancias políticas, es enfrentar el desafío de reconstruir el poder adquisitivo en un país donde la inflación y la dolarización de facto han pulverizado el valor del trabajo.
En el centro del debate económico, las propuestas de reforma oscilan entre una dolarización formal definitiva y el retorno a una moneda nacional con respaldo institucional.
Economistas y centros de pensamiento, como los que integran el Plan País o el programa Tierra de Gracia, coinciden en que un aumento de salario real no puede decretarse por simple voluntad política, sino que requiere el fin de la emisión monetaria sin respaldo y la reactivación urgente de la industria petrolera.
El reto técnico es monumental: se debe desmontar un enramado de subsidios y controles distorsionantes para dar paso a una Comisión Tripartita -Estado, empresarios y sindicatos- que logre sincerar las escalas salariales sin disparar una nueva espiral inflacionaria que devore los incrementos antes de que lleguen al bolsillo del trabajador.
Más allá de las cifras, la reforma del salario representa el contrato social que deberá sanar a una nación fracturada.
Para los millones de empleados públicos y pensionados que hoy sobreviven en el umbral de la pobreza extrema, la justicia transicional también pasa por la recuperación de sus ahorros de vida y la dignificación de su oficio.
Es prematuro hablar de recuperación sin salario real
Jorge Roig Navarro, empresario, exparlamentario y expresidente de Fedecámaras, además de un líder gremial enfocado en la defensa de la libre empresa y el desarrollo económico, ofrece su enfoque para Banca y Negocios.
Roig piensa que es muy prematuro hablar de que en 2026 tendremos un crecimiento económico real. En todo caso, de producirse tal cosa, pasa por mejorar el salario real de los trabajadores. El gobierno ha decidido no hacerlo a través del salario. ¿Por qué? Por la Ley del Trabajo que tenemos hoy. Es una ley que dejó Hugo Chávez, que es como sagrada, y no se ha podido tocar, abre fuegos.
Y prosigue: esa ley está totalmente anacrónica para nuestros tiempos. No fue discutida con los trabajadores, ni con los empleadores, a pesar que se anunciaron que tenían 18 mil propuestas, que nadie vio.
Expone que esa ley, en un entorno de alta inflación y con el diferencial cambiario que tenemos, lo que está es perjudicando al empleador, al trabajador y al gobierno, sentencia.
El mismo gobierno no puede asumir ningún aumento del salario, por el peso inmenso que eso tendría sobre las prestaciones sociales, afirma el vocero.
Mesas de diálogo
Roig señala que había unas mesas de diálogo social entre gobierno, empleadores y empleados, pero eso se suspendió. En consecuencia, señala que habría que retomar tales conversaciones para barajar salidas a los problemas descritos más arriba.
Dichas mesas se instalaron en 2025, y se hicieron cuatro reuniones que -a su juicio- fueron exitosas. Relata que en noviembre pasado se realizó el último encuentro en Ginebra, y allí se llegó al consenso de reactivar este proceso de diálogo social desde el próximo mes de febrero.
Roig desliza que con el trance que vive Venezuela, luego de la captura de Maduro y su esposa, el pasado 3 de enero, hay que ver si de hecho se reanudan las mesas, e insiste en que -a su parecer-, sí deberían reactivarse porque han resultado muy positivas.
La CTV propone un salario mínimo de 200 dólares, lo cual no es posible, porque significaría una erogación de más de 8 mil millones de dólares sólo para el gobierno: Jorge Roig, representante empresarial ante la OIT y expresidente de Fedecámaras.
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