Desde este blog, compartiremos los temas mas importantes, en esta era globalizada.
Republica del Zulia
Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.
De Portugal a Albania, pasando por Italia, Europa clama contra los recortes y el alto coste de la vida
Francia no es el único país donde bullen las protestas. La indignación de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, está recorriendo Europa en las últimas semanas. Los motivos: los recortes, la dificultad para encontrar vivienda, las deficiencias en servicios públicos, la corrupción.
Mientras en París y otras ciudades francesas cientos de miles de personas salían a protestar este sábado, en Italia, también se producían reivindicaciones y altercados. En concreto en Milán, donde este domingo se ha vivido una segunda jornada consecutiva de violencia por parte de jóvenes encapuchados que aparecen de improviso, destrozan un escaparate, entran, arrasan y se van antes de que llegue la policía. Participaron entre 2.000 y 3.000 personas en grupos desordenados, la mayoría de ellos menores de edad, algunos de apenas doce años.
En vez de esgrimir banderas o pancartas, actúan contra un mundo del que se sienten marginados. Aparentemente, emulan las protestas en Francia. Proceden de la periferia de las grandes ciudades y no están ligados a partidos políticos ni a asociaciones. Acuden tras leer mensajes en redes sociales y no siguen a un líder concreto. El alcalde de Milán los definió como «grupos y espacios de protesta indescifrables».
Han destrozado señales de tráfico y papeleras, golpeado escaparates con extintores, sillas y patinetes, levantado barricadas con contenedores incendiados y lanzado botellas y piedras contra los agentes. Aunque era domingo, el Duomo de Milán tuvo que permanecer cerrado, porque su céntrica plaza es el epicentro de las protestas.
El viernes, miles de estudiantes se habían manifestado pacíficamente en numerosas ciudades de Italia contra el mal estado de los centros escolares. El sábado muchos estudiantes se sumaron a otras manifestaciones en Bolonia, Turín y Milán convocadas contra el coste de la vida y los sueldos bajos. El saqueo y la violencia comenzaron cuando algunos de esos manifestantes se separaron del grupo principal para enfrentarse a la policía y sembrar el caos.
Giorgia Meloni ha convocado para este lunes una reunión sobre el orden público. En dos mensajes en redes sociales ha condenado a los «delincuentes que se aprovechan de las manifestaciones para buscar el enfrentamiento y sembrar el caos» y ha pedido a la oposición que condene «sin ambigüedad esta violencia».
«Los delincuentes que se aprovechan de las manifestaciones para buscar el enfrentamiento y sembrar el caos»
Por su parte, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha asegurado que la minoría de edad de los alborotadores «ni intimidará ni condicionará» al Gobierno. El líder de la Lega, Matteo Salvini, ha solicitado llevar al Parlamento una enmienda para «introducir una garantía financiera a cargo de los organizadores de las manifestaciones de riesgo, con el fin de cubrir los posibles daños». La medida fue retirada en el pasado porque podría limitar el derecho a manifestarse.
La policía, que ha desplegado a los antidisturbios para pararles los pies, ha intentado este domingo dispersarlos con gases lacrimógenos y cañones de agua. El sábado detuvo a más de 70 personas, de las que 22 han sido denunciadas y 16 arrestadas (doce de ellas menores de edad). Además, 104 agentes fueron heridos.
Contra la ley de alquileres
Mientras tanto, en Portugal, este fin de semana la policía portuguesa cambió de estrategia y dejó que los manifestantes por la vivienda pasaran la noche en tiendas de campaña en dos céntricas plazas de Lisboa y Oporto. Durante horas, varias furgonetas de la unidad de intervención rodearon el Rossio y los agentes pidieron retirar las tiendas. Los acampados formaron un cordón humano y, al final, la policía optó por no desalojarlos, pese a que la ley prohíbe manifestarse a partir de las 00.30. El jueves, en Oporto, la policía había levantado la acampada por la fuerza, lo que provocó treinta y nueve heridos según los manifestantes.
Cientos de personas, sobre todo jóvenes, durmieron en el Rossio y en la Praça D. João I. Lo hicieron tras la marcha del sindicato CGTP contra el aumento del coste de la vida. Entre sus reivindicaciones está la retirada de la reforma de la ley de alquileres del Gobierno de Luís Montenegro, aún en trámite parlamentario, que modifica las reglas del desahucio y la renovación de los contratos.
El viernes, el Gabinete del primer ministro difundió un vídeo grabado en Oporto en el que un manifestante anima a buscar la casa de Montenegro y tirarle un ladrillo. Los organizadores se desmarcaron. El jefe del Ejecutivo había advertido a partidos y organizaciones contra importar inestabilidad «por razones egoístas», pero negó haber llamado egoístas a los manifestantes. Las pancartas respondieron: «Si protestar es egoísmo, ¿qué es tener 55 inmuebles?», en alusión al patrimonio declarado por Montenegro, en su mayoría fincas rústicas heredadas.
«Si protestar es egoísmo, ¿qué es tener 55 inmuebles?», rezaba una pancarta en alusión al primer ministro Montenegro
El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, del mismo partido, fue más conciliador: calificó la causa de «justa» y admitió el uso simbólico de tiendas, siempre dentro de la ley. Los alquileres no dan tregua: alquilar una habitación cuesta un 10% más que hace un año en Lisboa y un 7% más en Oporto, según el portal Idealista.
Corrupción política en Albania
Las manifestaciones de estudiantes llenos de rabia también se produjeron este fin de semana en Tirana (Albania) donde estallaron el martes pasado. En este caso, piden la dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama, en el cargo desde 2013, junto a reformas electorales y educativas.
Las movilizaciones de los jóvenes comenzaron a raíz de las elevadas tasas universitarias, los libros y la vida cotidiana, e incluyen denuncias de las malas condiciones de las instalaciones académicas. Las reivindicaciones han encontrado terreno fértil en la exasperación social por la corrupción política en el país.
Este jueves se unieron a las concentraciones alumnos de bachillerato. El sábado, algunos manifestantes lanzaron una maleta en llamas al patio del Ministerio de Educación para denunciar una política que, dicen, empuja a los estudiantes a emigrar.
La policía ha pedido a los manifestantes que se alejen de encapuchados que usan las protestas para sembrar el caos. A su paso por las calles, incendiaron vehículos y papeleras, rompieron ventanas de una sede del Partido Socialista, y quemaron un juzgado, un banco y una oficina de correos. Además, lanzaron piedras, petardos y cócteles Molotov contra agentes de la policía.
En cinco días se han contabilizado 272 heridos, entre ellos, 169 policías. Hay 167 detenidos desde el inicio. El sábado fueron arrestadas en Tirana 54 personas. Edi Rama ha descartado dimitir.
La Audiencia Nacional comenzará a juzgar este lunes a la excúpula de Duro Felguera y a una decena de personas, entre ellas los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, por supuesto blanqueo y corrupción en una trama de sobornos a funcionarios de aquel país.
Las sesiones están programadas para los días 19, 20, 21 y 22 de octubre, más de dos años después de que, en enero de 2024, la sala de lo Penal confirmara el procesamiento de la antigua cúpula de la empresa incluido el expresidente Juan Carlos Torres Inclán y una decena de personas por una presunta trama de sobornos a funcionarios públicos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.
Según la Fiscalía Anticorrupción, que atribuye a los investigados delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsedad documental, en 2009, merced a la intermediación del entonces ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, se designó a Duro Felguera como adjudicataria en la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.
A cambio de la concesión, la compañía se habría comprometido a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos.
Para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, cuyo socio único era la propia Duro Felguera.
Según Anticorrupción, Termocentro firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas con el objeto de «encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos», para que se favorecieran sus intereses.
A través de esos contratos, Torres Inclán y el entonces consejero delegado, Ángel Antonio del Valle, ambos acusados, habrían decidido entregar cantidades de dinero «hasta, al menos, un total de 105,6 millones de dólares» al exviceministro de Energía durante la época de Chávez, Nervis Villalobos, mediante sociedades interpuestas.
Esa cantidad se pagó en tres tandas, indicaba Anticorrupción: una de 53,9 millones de dólares, una segunda de 25 millones, y una última de 26,6 millones.
En su escrito, la Fiscalía detallaba que «todas las comisiones que se pagaron por Duro Felguera tenían como objetivo conseguir que la empresa fuera privilegiada tanto en la adjudicación de la construcción de la central termoeléctrica como en los pagos de la administración venezolana».
Gracias a ello, concluía, consiguió el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.
En paralelo con este procedimiento, Villalobos está citado como investigado el próximo 28 de octubre en la causa que investiga una trama supuestamente coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez, bajo la supervisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para desestabilizar las causas judiciales que afectaban al partido y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido a Villalobos para que aporte la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
El pasado 15 de junio, el juzgado de lo mercantil nº 3 de Oviedo dio el visto bueno al plan de reestructuración presentado por la empresa, cuya junta de accionistas aprobó a mediados de setiembre la participación en el proyecto de la central de ciclo combinado de Tula (México), que supondrá 210 millones de dólares (181 millones de euros al tipo de cambio actual) de nueva actividad para el grupo durante un periodo de ejecución de 47 meses.
Este folleto publicado por Ministerio Público el 9 de abril de 2024 muestra al exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami (R) detenido por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
La familia de Tareck El Aissami, quien llegó a convertirse en el número dos de Nicolás Maduro y, posteriormente, asumió el control político del estratégico sector petrolero venezolano, se ha instalado en Madrid, España. Su esposa, Riada Rudy Aamer, y sus hijos han establecido su residencia en una zona exclusiva de la capital, según ha podido saber THE OBJECTIVE.
El traslado se produce mientras El Aissami permanece en Venezuela y es juzgado por el denominado caso Pdvsa-Cripto, una causa relacionada con la desaparición de miles de millones de dólares procedentes de la venta de petróleo.
La familia de El Aissami ya contaba, además, con antecedentes en Madrid. Randa Aamer Maaz, cuñada del exvicepresidente venezolano, trabajó en la filial española de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Su presencia en la sociedad madrileña salió a la luz en 2020, cuando la nueva dirección de CVG Internacional Filial Europea la apartó de la compañía junto a otros responsables vinculados al Gobierno de Maduro.
La relevancia de la llegada de su familia a España está relacionada con el peso que El Aissami llegó a tener dentro del chavismo. No fue únicamente ministro. Maduro lo nombró vicepresidente ejecutivo de Venezuela en enero de 2017, convirtiéndolo institucionalmente en el segundo cargo del Ejecutivo. Permaneció en ese puesto hasta junio de 2018, cuando Delcy Rodríguez le sustituyó como vicepresidenta. El cambio no supuso entonces su salida del círculo de poder: Maduro lo puso al frente de la Vicepresidencia Económica y del recién creado Ministerio de Industrias y Producción Nacional.
Su acumulación de poder continuó. En abril de 2020 fue nombrado ministro de Petróleo, un puesto particularmente sensible en un país cuya principal fuente de divisas dependía de Pdvsa. El Aissami quedó así situado en el centro de la política energética y de las operaciones con las que Caracas intentaba mantener las exportaciones de crudo pese a las sanciones internacionales.
Pero aquella etapa terminó abruptamente en marzo de 2023.
El expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen reciente.Alberto Ortega / Europa Press
El hombre deJosé Luis Rodríguez Zapateroen Venezuelaavaló la ampliación de capital de Midven con un lingote de oro. Manuel Aarón Fajardo, hijo del senador del PSOE Francisco Manuel Fajardo, constituyó la empresa el 6 de septiembre de 2019 para comprar y vender títulos en laBolsa de Valores de Caracas. Ocho meses más tarde, la sociedad experimentó un significativo aumento de patrimonio respaldado poruna barra de metal precioso valorada en unos 90.000 euros. Los investigadores señalan que el expresidente del Gobierno tenía una«intervención directa» en operaciones de petróleo, oro, acciones y divisas.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calamaatribuye a Zapatero el liderazgo de una red de tráfico de influencias y cobro de comisiones a nivel internacional. En un segundo escalón se encontrarían su presunto testaferro,JulioJulitoMartínez Martínez, y el propio Fajardo. Los investigadores sostienen que el hijo del senador delPSOEpor Lanzarote utilizó la estructura de Midven como trampolín para poner en marcha laBolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE), un mercado financiero alternativo basado en tecnologíablockchaininédito en el mundo.
Antes de fundar BDVE, el hombre de Zapatero en Venezuela creó Midven.La compañía comenzó su andadura con un capital de apenas 70 millones de bolívares, unos 3.000 euros de la época, pero experimentó un cambio significativo en su patrimonio el 1 de junio de 2020. Ese día, aumentó de capital a 19.500 millones de bolívares, unos 100.000 euros. Según publicaLa Gran Aldea, como respaldo,Fajardo usó un lingote de oro de algo más de dos kilosque fue clasificado como inventario de la empresa.
Franquicias de oro en Venezuela
La web de información venezolana detalla que la comprobación de su valor fue realizada por una empresa contratada especialmente para este menester. La tasación arrojó que el lingote de oro,con número de serie CVM33-004, tenía un precio de 19,5 millones de bolívares, esto es, unos 90.000 euros.
Como avanzó este diario,Nicolás Maduro otorgó al hombre de Zapatero en Venezuela franquicias para comercializar oro y diamantes. Fue el propio Fajardo quien se lo comunicó aJulitoel 2 de junio de 2020: «Me han otorgado uno de los mayores proyectos en materia de minas y mercados financieros que se han hecho enVenezuela. He firmado una alianza estratégica con el Ministerio de Minas para ejecutarla. Están todos los actores relevantes involucrados».
«No puedo darte muchos detalles del proyecto, pero te dejo algunas pinceladas para que se las des a Danilo [Diazgranados] por si me puede hacer el préstamo que necesito. Sabes que cumplo siempre y nunca he fallado», garantizó Fajardo al presunto testaferro de Zapatero. El hijo del senador del PSOE explicó a Julio Martínez Martínez que tenía previsto firmar con el régimen chavistaun total de diez franquicias en las ciudades de Bolívar y Caracas«entre centros de recolección y joyerías»para su proyecto, que consistía en «la creación de un mercado de minerales (oro, plata, diamantes, rubíes…)».
Los investigadores vinculan a la trama de Zapatero al negocio del oro en Venezuela y el blanqueamiento de fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa estatal de alimentos. Los mensajes intervenidos por la agencia norteamericanaHomeland Security Investigations (HSI) muestran cómo la red recibióuna propuesta para llevar ocho toneladas de oro a Dubáien la que habrían participado Felipe Baca, Díazgranados y el holandésSimon Verhoeven.
Las pesquisas realizadas por la UDEF apuntan a que Manuel Aarón Fajardo García era uno de los intermediarios de esta presunta red clientelar investigada por la Audiencia Nacional en el marco del “caso Plus Ultra” y de la “Operación Tíbet” desarrollada por la mencionada unidad de la Policía Nacional.
A la vista de las comunicaciones intervenidas policialmente, en el seno de Plus Ultra también se consideraba a este ciudadano español el “hombre de Zapatero en Venezuela”, según refleja el auto de imputación del expresidente conocido por LA RAZÓN.
Este extremo vendría a coincidir con lo que declaró Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo como acusado durante el juicio el primer juicio del “caso Koldo”.
El comisionista aseguró que había vivido un encuentro “desagradable” con Fajardo, que le reprochó que estuviese actuando “como enviado a Venezuela por parte del Gobierno de España pisando a Rodríguez Zapatero”.
El magistrado instructor de la causa, José Luis Calama, sitúa a Fajardo “en un segundo nivel” (de esta “trama de influencias” que lideraría Zapatero), junto a “Julito” Martínez Martínez (el amigo del expresidente que administraba Análisis Relevante SL). Ambos actuaban como sus “personas de confianza” y eran los “interlocutores directos con los clientes”.
En el caso de Fajardo, era el “lugarteniente con un ámbito de actuación específico en Venezuela” que se encargaba de “facilitar contactos al más alto nivel institucional, como se deduce de los mensajes en los que invita a los directivos de Plus Ultra a contactar con ‘Julito’ Martínez”.
Así, las indagaciones de la UDEF recogen que la cúpula de Plus Ultra (concretamente, su actual presidente Julio Martínez Sola) “se aproximó al entorno de Zapatero, iniciando contactos con Fajardo (abril de 2020) y, posteriormente, con ‘Julito’ Martínez (mayo de 2020)”.
Yendo a las comunicaciones, la investigación desarrollada expone que el 28 de abril de 2020, uno de los accionistas de la aerolínea, Rodolfo Reyes, le comentó al entonces vicepresidente de Plus Ultra, Martínez Sola, que “Manuel (Fajardo) es la pieza de ZP en Venezuela” y le instó a que le escribiese “de parte de Ramón Gordils” (exviceministro de cooperación económica venezolano y embajador del régimen chavista), de cara a “obtener influencia” para la concesión del rescate por parte del Gobierno. Ese mismo día comentaron, entre ellos, que “acababan de hacer el puente con Zapatero”
Dicho y hecho, solo un día después, el 29 de abril de 2020 el presidente de Plus Ultra le escribió a Fajardo: “Buenos días, Manuel. Me pongo en contacto contigo de parte de Gordils. Únicamente, por favor, que me indiques a qué hora te puedo llamar”.
El presidente de Plus Ultra había admitido, anteriormente, el 30 de marzo de aquel año, la posibilidad de realizar pagos por “un posible acceso a Zapatero” en una conversación con el accionista Reyes: “Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”.
Volviendo al 30 de abril, ese día Reyes manifestó a Gordils que el máximo responsable de Plus Ultra (Martínez Sola) “había hablado durante 11 minutos con Zapatero” y le requirió al dirigente venezolano para que, a su vez, le preguntase, por ello, a Zapatero.
“Julio hablo con ZP. 11 min. Le explico todo (…) Luego cuando tu puedas, le preguntas”, le transmitió el accionista Reyes a Gordils, quien a su vez contestó: “Tranquilo… Ya nos enteraremos”.
Más adelante, el 16 de mayo de 2020, el propio Fajardo le manifestó al ahora presidente de la compañía aérea que “el amigo (Koldo García) pregunta cómo van los avales”.
En respuesta, Martínez Sola le detalló “los distintos inconvenientes que está teniendo, ya que no se están concediendo líneas de crédito ICO” y aprovechó para “solicitar la intervención de la red de influencias para impulsar la situación en la que se encuentra la aerolínea”.
Minutos después, Fajardo le indicó que “se pusiese en contacto con Julito Martínez”, el amigo del expresidente, “enviándole su número de teléfono y precisándole que él le iría ayudando”.
Fajardo, considerado por los investigadores como el hombre de Zapatero en el país latinoamericano, también detalla en esos mensajes “cómo se configura la red de influencia, indicando que el ‘equipo’ estaba compuesto por ‘el amigo’ (Koldo), junto con Martínez Martínez y el propio Fajardo”.
Hace una década, la Guardia Civil bautizó como Ares a un pequeño grupo de agentes operativos de la Unidad Fiscal y de Fronteras que la Benemérita tiene en el aeropuerto de Barajas como responsable de la seguridad aduanera y el control del contrabando, narcotráfico y tráfico de personas que pasa por el principal punto de entrada de viajeros a nuestro país.
A este equipo compuesto por media docena de agentes se le encomendó la tarea de indagar en las cuestiones de seguridad aérea que afectan a las aerolíneas y a las que no suele llegar la agencia estatal encargada de ello —AESA— por falta de recursos. Se puso en marcha junto a los equipos Pegaso creados en los principales aeropuertos para el control de drones furtivos. Pero a diferencia de estas unidades, que ya están repartidas por toda la geografía española, el equipo Ares especializado en seguridad aérea solo se activó en Barajas.
La presencia de estos agentes en el aeropuerto de Madrid junto a operarios, comandantes de vuelos o personal del handling les ha permitido tener información de primera mano sobre defraudaciones fiscales y diferentes delitos, tanto de las grandes aerolíneas como de personajes famosos y de los negocios. Y fueron ellos los primeros en analizar las denuncias de varios trabajadores de Plus Ultra por presuntas irregularidades internas.
El foco de este grupo de agentes encuadrados en Barajas estuvo en los posibles delitos de falsificación documental, violaciones de seguridad aérea y encubrimiento cometidos supuestamente por Plus Ultra en varios vuelos realizados entre 2022 y 2025, en los que se podría haber vulnerado la normativa en seguridad aérea. Los trayectos incluidos en la investigación son un Caracas-Madrid de enero de 2023 que aterrizó de emergencia en Tenerife, un Madrid-Malabo (antigua capital de Guinea Ecuatorial) de noviembre de 2023 y un Madrid-Bogotá de agosto de 2024, en los que hubo un considerable sobrepeso en el momento del aterrizaje que puso en peligro al pasaje y la tripulación. A raíz de ello, la empresa hispano-venezolana ordenó a varios de sus trabajadores que falsificasen u ocultasen parte de la documentación de los vuelos, según desveló THE OBJECTIVE este viernes.
Maletas que el Gobierno de Maduro envió en marzo de 2023 a España como valija diplomática en un vuelo de Plus Ultra.
Además, se da la circunstancia, como ya desveló en exclusiva este periódico aportando fotos, que el 13 de marzo de 2023 el gobierno venezolano también utilizó a Plus Ultra para colar en Madrid 79 maletas como valija diplomática, en lo que sería una especie de ‘Delcygate II’, pues no pasaron ningún control de seguridad en Barajas.
El vuelo PUE889 de Madrid a la antigua capital guineana fue el que más interesó a los investigadores, ya que el avión despegó de Barajas con diez toneladas de sobrepeso. Luego, hubo mensajes internos que revelaron un plan de vuelo «falsificado» y presiones a una empleada por parte de sus superiores. El grupo Ares citó en dependencias de la Benemérita a varios pilotos y trabajadores de la compañía para tomarles declaración en calidad de testigos, extremo que la propia Plus Ultra admite a preguntas de este periódico. La investigación estaba en marcha y el grueso de las testificales tuvo lugar en el verano de 2024.
El expediente concluyó pocos meses después con indicios «sólidos y claros» de que Plus Ultra había cometido irregularidades. Las averiguaciones se trasladaron a la Fiscalía Provincial de Madrid, dirigida por Pilar Rodríguez, conocida en los últimos meses por defender al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el reciente juicio en el Supremo en el que se le juzgó por filtrar el correo de Alberto González Amador cuando buscaba un pacto con el que eludir la cárcel. Sin embargo, Rodríguez estimó que no había pruebas suficientes para iniciar la instrucción penal contra la aerolínea, por lo que decidió no incoar diligencias y el expediente se remitió a AESA.
El grupo Ares se puso en contacto con esta agencia dependiente del Ministerio de Transportes a mediados de marzo de 2025 para fijar una reunión presencial sobre el caso «a la vista de la gravedad de los hechos». Y fue justo en ese momento, apenas transcurridos unos días de este contacto inicial, cuando la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil decidió desmantelar este equipo de agentes que trabajaba en Barajas desde hacía una década.
La unidad Ares fue, por tanto, disuelta y el expediente sobre las presuntas irregularidades de Plus Ultra se quedó en un limbo. Desde entonces, no constan más indagaciones ni se ha abierto formalmente una investigación judicial. Y en cuanto a AESA, la autoridad española encargada de supervisar a las aerolíneas, tampoco ha sancionado en este tiempo a la compañía hispano-venezolana, según subrayan desde la empresa dirigida por Julio Martínez Sola a preguntas de este periódico.
«El expediente se evapora»
«La disolución [de Ares] se produce en el momento operativo exacto en que el expediente, ya instruido, con conclusión clara, y una vez constatada la negativa de la Fiscalía a actuar, iba a ser presentado ante la autoridad supervisora aérea para iniciar la vía administrativa. La cadena institucional se corta justo en ese punto. No hay resolución, no hay seguimiento, no hay archivo formal. Simplemente, el expediente se evapora», esgrime una fuente próxima a la investigación.
El desmantelamiento de este grupo especializado en seguridad aérea dentro de la Guardia Civil también afectó a una posterior denuncia que llegó a Barajas sobre la utilización de pilotos en prácticas en vuelos comerciales por parte de Plus Ultra. Tanto la normativa europea —el reglamento 965/2012— como la mencionada AESA o el Colegio de Pilotos de Aviación Comercial (Copac) consideran que es una práctica ilegal. «Se envía un mensaje muy claro al resto del cuerpo: investigar a Plus Ultra tiene un coste», concluye la citada fuente.
Documentos entregados por exdirectivo de PDVSA en España comprobarían negocios del espresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a través de la empresa Duro Felguera. El aterrizaje del entonces mandatario europeo en Venezuela en 2005, así como el arribo de Hugo Chávez, en 2008 a Madrid, cimentó las bases para el desembolso de los fondos que se estipuló el 29 de mayo de 2009 por orden del antiguo ministro de Petróleo, Rafael Ramírez.
A puerta cerrada, en el Palacio de La Moncloa y en el Palacio de Miraflores se concretó el negocios de una termoeléctrica. (X/Archivo)
Poco a poco pero con contundencia, las evidencias de los negocios entre el gobierno socialista que lideró José Luis Rodríguez Zapatero en España con el régimen chavista de Venezuela llegan a manos de la justicia. En una nueva etapa, el exviceministro de Energía de Miraflores, Javier Alvarado, entregó documentos que revelarían el entramado que junto a Nicolás Maduro, antes de su acenso al poder como presidente, orquestaron ambas administraciones para impulsar proyectos valorados en 1500 millones de euros.
Ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de Madrid arribó un expediente, donde el también exdirector de la Corporación Eléctrica de Caracas constata la asignación de un proyecto a la empresa española Duro Felguera, que contemplaría la construcción de una central de ciclo combinado —Termocentro— para combatir los apagones que en 2008 comenzaban a registrarse en la nación caribeña.
Según los documentos sobre los negocios de Zapatero, esta elección de la compañía se efectuó bajo la denominación de “urgencia de Estado, con luz verde desde arriba”, los reportes divulgados por The Objective. En las firmas del contrato figuran el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, quien acordó la designación con Miguel Ángel Moratinos, exministro de Exteriores bajo el segundo mandato de Zapatero.
«No se trató de una licitación abierta y pública», recalca Alvarado en su escrito de acusación. «Fue una adjudicación directa. Los directivos acusados no tenían ni capacidad ni jerarquía para imponer tal decisión».
Triángulo a puerta cerrada
Detrás del proceso de los negocios de Zapatero hay pasos turbios, entre ellos, que se gestó lejos de la evaluación de parámetros técnicos y competitivos. De hecho, Javier Alvarado asegura que “no hubo licitación pública, ni oferta abierta a otras compañías, sin alternativa ni transparencia, decidida desde las más altas instancias políticas”.
Con esta maniobra, Zapatero apoyó el levantamiento de la termoeléctrica El Sitio, en el sector Santa Lucía del estado Miranda, cuyas operaciones hoy son mínimas.
De acuerdo con el testimonio de Alvarado, existió un trato previo entre Moratinos y Nicolás Maduro, quien para entonces fungía como canciller, con el fin de concretar la firma del proyecto el 24 de octubre de 2008.
El aterrizaje de Zapatero en Venezuela en 2005, así como del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, en 2008 en Madrid, cimentó las bases para el desembolso de los fondos que se estipuló el 29 de mayo de 2009 por orden de Ramírez.
A puerta cerrada, en el Palacio de La Moncloa y en el Palacio de Miraflores el negocio se concretó. Fuentes del medio español alegan que «resulta poco creíble que Zapatero haya intermediado durante dos décadas simplemente por altruismo. Menos aún cuando hay exministros con patrimonios difícilmente justificables». Se refieren a José Bono, exministro de Defensa de Zapatero, cuya fortuna luego de su retiro de la política genera dudas.
Zapatero sigue quedando impune
La presentación de los documentos hecha por Alvarado revive el caso Morodo, que involucra al exembajador de Zapatero en Caracas, Raúl Morodo, quien terminó condenado a diez meses de prisión por ocultar beneficios de origen opaco provenientes de PDVSA.
Si bien la investigación intentó incluir a Zapatero se cerró sin consecuencias legales para el exmandatario socialista, después de que apareciera muerto el principal testigo, Juan Carlos Márquez, un exdirectivo de PDVSA, a dos días de anunciar que iba «contar todo lo que sabía» sobre los sobornos de PDVSA y el exembajador de Zapatero, Raúl Morodo.
Ahora bien, el destino del exmandatario español podría cambiar con esa causa que juzgará a la empresa asturiana Duro Felguera, acusada de pagar sobornos millonarios en Venezuela a cambio de contratos. El mismo escenario ocurre con Javier Alvarado, quien forma parte de varios procedimientos judiciales por actos de corrupción por enriquecimiento ilícito en España, Estados Unidos y Andorra.
¿Pactó para hablar? Le convendría, sobre todo después de que la justicia de Andorra lo vinculara con un complejo entramado de empresas de maletín en paraísos fiscales, a través de las cuales adquirió inmuebles de lujo en Cartagena de Indias, Madrid, Miami y Nueva York.
La aeronave decomisada hace un mes por Estados Unidos hizo 91 vuelo entre 2017 y 2020, movilizando 127 pasajeros entre funcionarios, familiares y amigos del oficialismo venezolano de acuerdo con el registro aéreo que obtuvo La Hora de Venezuela.
La Hora de Venezuela
El 6 de febrero de 2025 las autoridades de Estados Unidos decomisaron un lujoso jet Dassault Falcon 2000 EX, identificado con la matrícula YV3360 y propiedad de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), que por años había sido utilizado para el traslado de autoridades gubernamentales del gobierno de Nicolás Maduro, algunos de sus familiares, además de personal relacionado con varios ministerios y la industria petrolera.
La Hora de Venezuela obtuvo acceso a la bitácora de vuelo del lujoso jet, con un registro de 506 pasajeros que fueron transportados en 91 vuelos realizados por la aeronave entre el 5 de octubre de 2017 y el 8 de agosto de 2020. La información que aparece en la base de datos es una muestra de los viajes que hizo la aeronave, durante este tiempo de uso, con vuelos que tuvieron a Venezuela como origen o destino.
Durante el periodo escrutado, cinco grupos de poder fueron los que utilizaron el avión, con mayor regularidad y distintos propósitos: Pdvsa – Diosdado Cabello, la Cancillería – Jorge Arreaza, las Negociaciones en Barbados – hermanos Rodríguez, Citgo y el Ministerio de Defensa – Padrino López.
En el diagrama que se muestra a continuación, aparecen los cinco grupos formados por los 127 pasajeros que realizaron la mayor cantidad de vuelos, de un total de 133 pasajeros nombrados en la base de datos.
Cada pasajero está representado por un punto y cada línea conectando pares de puntos indica que esas personas viajaron juntas al menos una vez. Cuantas más veces coincidieron pares de pasajeros, más gruesa es la línea que las une, y más cerca se agrupan en el diagrama los puntos que representan a los pasajeros.
Así surgen grupos diferenciados por colores, que corresponden a los pasajeros que compartieron más vuelos y, por lo tanto, mantuvieron vínculos más estrechos entre sí por distintos motivos. También existen personas, representadas por puntos, que se encuentran en lugares intermedios entre dos o más grupos, sin pertenecer específicamente a alguno. Estos puntos representan, generalmente, a pilotos o tripulantes de cabina que prestaron servicio en distintos vuelos.
La clasificación en grupos permitió realizar un análisis cronológico de la participación de estos grupos de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que usaron el avión decomisado para asistir, por ejemplo, a reuniones relacionadas con los procesos de negociación en República Dominicana y Barbados, realizar visitas oficiales a países aliados o asistir a reuniones internacionales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), entre otros eventos, que fueron aprovechados por grupos familiares y amigos, para conocer distintos puntos de la geografía mundial.
Los viajes del ministro de petróleo Manuel Quevedo y los familiares de Diosdado Cabello
El grupo rojo identificado como “PDVSA/Cabello” reúne a 34 personas vinculadas con Manuel Quevedo, quien fue ministro de Petróleo de Venezuela y presidente de Pdvsa, desde el 26 de noviembre de 2017 hasta el 20 de febrero de 2020. En el grupo también están presentes algunos familiares del actual ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, quien durante la mayor parte del periodo de tiempo abarcado en la base de datos ocupaba el cargo de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
En diversas ocasiones, la aeronave partió de Venezuela hacia España, Portugal o Cabo Verde, como primer tramo de viajes más extensos que llevaron a Quevedo y a sus acompañantes a participar en reuniones internacionales, una estrategia común en todos los distintos grupos analizados en esta investigación.
Por ejemplo, el 28 de noviembre de 2017, Quevedo y sus acompañantes volaron rumbo a Portugal, continuaron su viaje y el 30 de noviembre, Quevedo asistió a una reunión de la OPEP en Viena. De manera similar, el 18 de enero de 2017, otro vuelo hacia Portugal condujo finalmente a Quevedo a Omán, donde asumió la presidencia alterna de la OPEP para 2018. Más tarde, el 21 de septiembre de 2018 viajó a España; dos días después, se reunió en Argelia con el secretario general de la OPEP, Mohammed Zanussi Barkindo.
Venezuela asume la Presidencia Alterna de la OPEP para el año 2018. Deseamos éxito al Pdte Suhail Mohamed AL MAZRQUEI, Ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, junto al Secretario General OPEP, Mohammed Sanusi BARKINDO. pic.twitter.com/24zOA56D9d
La base de datos registra 19 vuelos realizados por Manuel Quevedo. En 10 de ellos viajó junto a su esposa, María del Pilar Araujo de Quevedo, y en otros 4 con su esposa y con su hijo, Manuel José Quevedo Araujo, simultáneamente.
Manuel Quevedo fue objeto de una medida administrativa el 15 de febrero de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Desde esa fecha y durante un poco más de cuatro meses, dejó de aparecer en los listados de pasajeros de seis vuelos en los que sí fueron registrados su esposa, dos pilotos y un acompañante habitual.
Esto ocurrió el 13 de marzo de 2019, cuando María del Pilar Araujo de Quevedo y cuatro personas más (entre acompañantes y tripulación) viajaron de Venezuela a Portugal. Luego, el 19 de marzo, regresaron a Venezuela partiendo desde Brasil. Esas fechas se enmarcan en torno al 18 de marzo, día en que Quevedo participó en la reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP+ en Bakú, Azerbaiyán. El nombre de Manuel Quevedo, sin embargo, no aparece en los registros de esos vuelos.
En el Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de OPEP +, denunciamos que Venezuela sufre el asedio de las sanciones ilegales del imperialismo. ¡Denunciamos la guerra económica que sufre el Pueblo de Venezolano!!! pic.twitter.com/38DDvyMoIC
El 19 de febrero de 2020, mientras Quevedo seguía al frente del ministerio, Nicolás Maduro declaró la “emergencia petrolera” y creó una comisión para reestructurar Pdvsa, liderada por Tareck El Aissami, acusado de narcotráfico por Estados Unidos y quien se mantiene hoy detenido en Venezuela al encabezar la trama de corrupción conocida como Pdvsa – Cripto. Un par de meses después, el 27 de abril de 2020, Quevedo fue reemplazado por El Aissami como ministro de Petróleo, y Asdrúbal Chávez como presidente de Pdvsa.
En el grupo rojo se identifica otro subgrupo de personas que en cuatro vuelos distintos viajaron junto a Manuel Quevedo, y que están vinculadas con Diosdado Cabello: su esposa, Marleny Contreras de Cabello, y dos de sus hijos, Daniella Cabello Contreras y Tito Cabello Contreras. Diosdado Cabello no aparece como pasajero en ninguno de los viajes.
Quevedo y Cabello son militares compañeros de la promoción de 1987 (Quevedo por parte de la Guardia Nacional y Cabello por parte del Ejército) y son cercanos desde entonces.
Marleny Contreras y su hijo Tito Cabello, junto a Quevedo, viajaron en el avión decomisado en un vuelo que partió el 9 de noviembre de 2018 con destino a Cabo Verde, como primer tramo del vuelo del ministro hacia los Emiratos Árabes Unidos, donde se llevó a cabo la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo de Abu Dabi 2018 realizada entre el 12 y el 15 de noviembre. Mientras que Daniella y Tito Cabello viajaron junto a Quevedo –sin Marleny– en un vuelo que tuvo el avión partiendo de Venezuela con destino a Cabo Verde, el 30 de septiembre de 2019 y que llevó a Quevedo a Moscú, a la XXI Reunión Ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF), que inició el 3 de octubre de ese año.
Ambos encuentros en los que participó Manuel Quevedo fueron reseñados en la página web y redes sociales de “Con El Mazo Dando”, el programa dirigido por Diosdado Cabello en Venezolana de Televisión, sin mencionar la asistencia de ninguno de sus familiares.
Los hermanos Rodríguez y los procesos de negociación con la oposición
El grupo azul “Negociaciones”, está compuesto por 25 personas entre funcionarios gubernamentales, algunos de sus familiares y figuras de su entorno cercano que fueron pasajeros del avión para asistir, principalmente, a reuniones relacionadas con los procesos de negociación entre el oficialismo y la oposición en República Dominicana y Barbados, entre otros destinos.
Entre las personas pertenecientes a este grupo destacan la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien presidió la Asamblea Nacional Constituyente entre agosto de 2017 y junio de 2018 y fue designada en la vicepresidencia a partir de junio de 2018; junto a su hermano, Jorge Rodríguez Gómez, quien fue ministro de Comunicación e Información entre noviembre de 2017 y septiembre de 2020. Delcy Rodríguez fue incluida en la lista de funcionarios con prohibición de viaje a territorio común por la Unión Europea el 25 de junio de 2018 y ambos hermanos fueron objeto de medidaspor la OFAC el 25 de septiembre de 2018. En la base de datos Delcy Rodríguez aparece como pasajera en 6 vuelos, y Jorge Rodríguez en 10.
Los hermanos y personas de su entorno realizaron tres viajes entre Venezuela y República Dominicana, en el avión decomisado, los días 11, 14 y 31 de enero de 2018, en el contexto de las negociaciones con la oposición que para esa época se llevaban a cabo en Santo Domingo.
Delcy Rodríguez emprendió un viaje a bordo del avión decomisado, partiendo el 26 de junio hacia Brasil y reapareciendo el 29 de junio en Turquía, para consolidarlazos de cooperación bilateral, aprovechando la ocasión de la reciente reelección del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan.
— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) June 29, 2018
El 16 de septiembre de 2019, el mismo día de la firma en Caracas de un acuerdo entre el oficialismo y un grupo de partidos minoritarios de oposición —proceso conocido en aquel momento como “La Mesita”—, Jorge Rodríguez realizó un viaje relámpago hacia México, partiendo el mismo día y volviendo el 18 de septiembre. En el vuelo de ida lo acompañó un asistente del Ministerio de Comunicaciones e Información, dos tripulantes y su hijo Matías Rodríguez Pedroso, éste último es el único pasajero que no volvió a Venezuela en el vuelo de regreso. A finales de mes, Jorge Rodríguez tuvo otro viaje relámpago ida y vuelta de Venezuela a Bolivia. Este no fue reseñado por ningún medio de comunicación, despegó de Venezuela el 21 de septiembre y regresó al país el día siguiente.
En el grupo azul también figuran asistentes y personas vinculadas a los hermanos Rodríguez, como Yussef Abou Nassif Smaili –pareja de Delcy Rodríguez, quien la acompañó en un solo viaje a República Dominicana el 31 de enero de 2018– y dos de los hijos de Jorge Rodríguez, Juan Pedro y Matías Rodríguez Pedroso, quienes acompañaron a su padre en tres vuelos distintos realizados en la segunda mitad de 2019: dos a México y otro a Barbados.
En la base de datos filtrada no figuran todos los vuelos polémicos de este avión. Existen evidencias de que el Dassault Falcon 2000 EX decomisado fue el avión que Delcy Rodríguez utilizó el 23 de enero de 2020 para regresar a Venezuela desde Turquía (haciendo escala en Argelia), apenas tres días después del llamado “Delcygate”: la polémica reunión en el Aeropuerto de Barajas en Madrid, con el entonces ministro de Transportes de España, José Luis Ábalos, que generó controversia por la prohibición de entrada de Rodríguez al espacio Schengen y las dudas sobre su equipaje.
El grupo morado representa los vuelos de “Cancillería”, compuesto por 35 pasajeros y tripulantes del avión relacionados con Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela entre agosto de 2017 y agosto de 2021. Arreaza fue incluido dentro de los funcionarios con medidas administrativas emanadas por Estados Unidos el 26 de abril de 2019, acusado por el Departamento del Tesoro de aprovechar el sistema financiero estadounidense para sostener el mandato de Nicolás Maduro.
Arreaza realizó por lo menos 11 viajes a bordo del avión decomisado desde octubre de 2017 a diciembre de 2019, en 5 de los cuales también estuvo presente Germania Fernández, directora general de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, del ministerio desde el 4 de agosto de 2017. Ambos contrajeron matrimonio el 27 de marzo de 2022: “Tras casi seis años juntos, el pasado domingo ratificamos nuestra unión ante la ley de las mujeres y los hombres”, señaló Arreaza en una publicación en su cuenta de Instagram tres días después de la ceremonia.
El 18 de diciembre de 2017, un grupo de ocho personas, compuesto por Arreaza, acompañantes y tripulantes, partió de Venezuela con rumbo a Portugal como primera escala de un viaje más largo; el mismo grupo regresó desde Portugal a Venezuela el 27 de diciembre. Hay evidencias de que, entre esas dos fechas, el canciller realizó una visita oficial de cuatro días a la República Popular China, con el objetivo de profundizar las relaciones de cooperación entre ambos países. En ambos vuelos estuvo presente Germania Fernández.
#EsNoticia El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, arribó la mañana de este miércoles a Beijing en una visita oficial que procura profundizar la alianza estratégica integral de cooperación que mantienen con la República Popular China. pic.twitter.com/OKnLFrEL9a
Uno de los funcionarios del grupo morado que también utilizó la aeronave fue Tarek William Saab Halabi. La OFAC lo mantiene en la lista de sancionados por violación de Derechos Humanos desde julio de 2017, cuando se desempeñaba como Defensor del Pueblo, y el 5 de agosto de ese mismo año lo nombraron fiscal general. Posteriormente, en enero de 2018, la Unión Europea también emitió una penalización administrativa, que congela cualquier bien, cuentas bancarias e impide el uso del espacio aéreo común en la UE .
El 14 de noviembre de 2017, Saab Halabi despegó hacia Argentina para asistir a la XXV Reunión Anual de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, y regresó a Venezuela el 18 de noviembre. En ambos vuelos estuvo acompañado por cinco personas: cuatro tripulantes –uno de ellos un piloto que transportó a Jorge Arreaza al menos en cinco ocasiones– y Carla Di Martino De Giannone, quien entonces era su pareja.
1) #HOY asisto como Fiscal General de Venezuela (invitado por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos): a su XXV reunión anual que se realiza en Buenos Aires-Argentina… pic.twitter.com/bRNDZuV1rJ
El grupo verde de “MinDefensa” está compuesto por 17 pasajeros y tripulantes del avión relacionados con viajes del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien voló al menos tres veces en el avión decomisado, de acuerdo con los datos disponibles.
Poco después de que Padrino López, junto a otros 11 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, recibiera medidas administrativas sancionatorias por la OFAC, el 25 de septiembre de 2018, el ministro realizó dos de los tres vuelos, ambos en el contexto de una gira oficial a Turquía y China. Para esta, el avión despegó de Venezuela con destino a Brasil el 19 de octubre de 2019 y regresó el 27 de octubre usando la misma ruta.
El 22 de octubre estuvo en Ankara, Turquía, donde se reunió con el vicepresidente de ese país, Fuat Oktay, y al día siguiente, 23 de octubre, sostuvo un encuentro con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares turcas. Posteriormente, el 24 de octubre, asistió al XIII Foro de Xianshang en Beijing, China.
Con la visita al Mausoleo de Mustafa Kemal Ataturk doy inicio a una agenda de trabajo ordenada por el Sr Pdte y CJ de la #FANB@NicolasMaduro en Ankara, Turquía. Avanzaremos por la vía de la cooperación bilateral para beneficio de nuestros pueblos. pic.twitter.com/62CFXGnHrn
El 2 de septiembre de 2019, Padrino López tomó su tercer vuelo en el avión decomisado, con destino a Nicaragua, para asistir al 40° aniversario del ejército nicaragüense, donde recibió una condecoración de parte del presidente Daniel Ortega con motivo de la celebración.
Me honra recibir este reconocimiento de manos del presidente Daniel Ortega, heredero de la Revolución Popular y Antiimperialista de Augusto Cesar Sandino: Venezuela y Nicaragua están unidas por la causa inquebrantable del respeto a nuestras soberanías, la dignidad y la libertad. pic.twitter.com/x3cgCMmXIj
Entre el grupo de personas relacionadas con Vladimir Padrino López que abordaron el avión decomisado están su pareja, Vivian Ruiz Barrera –quien acompañó a Padrino en el viaje a Brasil del 19 de octubre de 2018– y dos hijos de su primer matrimonio, Mitchell y Yarazetd Padrino Betancourt.
Las tres personas cercanas a Padrino López hicieron un viaje a bordo del avión de Pdvsa el 14 de agosto de 2019 con destino a Brasil –en la lista de pasajeros de ese vuelo no aparece el Ministro de la Defensa–. Sin embargo, un día después del vuelo, Padrino López publicó un tweet con un video grabado en la Plaza Roja de Moscú, explicando que había viajado atendiendo una invitación del ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigu.
Estoy en Moscú, atendiendo una invitación del Ministro de Defensa de la Federación de Rusia, General Serguéi Shoigú, donde hemos conversado y compartido diversos temas; en refuerzo de la cooperación técnico-militar que sostenemos para beneficio de nuestros pueblos. pic.twitter.com/7JP6wSyYl8
El grupo amarillo identificado con la empresa “Citgo” está compuesto por 16 personas relacionadas con la compañía estadounidense de refinación, transporte y comercialización de petróleo filial de Pdvsa, que estuvieron presentes en al menos uno de tres viajes realizados los días 10, 24 y 25 de octubre de 2017.
Entre los pasajeros de los vuelos del 10 y 25 de octubre había varias personas destacadas. El 10 de octubre, tres altos directivos de Citgo —Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Ángel Pereira Ruimwyk y Jorge Luis Toledo Khoury— viajaron de Venezuela a Aruba en el avión luego decomisado. El 25 de octubre, Cárdenas y Pereira también abordaron el vuelo de Venezuela a Estados Unidos.
El 21 de noviembre, menos de un mes después, los tres directivos, Cárdenas, Pereira y Toledo, junto a otros tres altos cargos de Citgo, fueron detenidos al regresar a Venezuela tras ser convocados para asistir a una reunión de emergencia. Los acusaron de firmar un acuerdo “desfavorable” para la filial venezolana. El grupo pasó a conocerse como “los 6 de Citgo”.
#EnVideo 📹| Por corrupción, detenidos José Pereira Ruimwyk, presidente de Citgo; Tomeu Vadell Recalde (Refinación); Alirio Zambrano (Refinería Corpus Christi); Jorge Toledo (Comercialización); Gustavo Cárdenas (Relaciones Estratégicas) y José Zambrano (Servicios Compartidos) pic.twitter.com/RNmWKdnqWn
Cárdenas obtuvo su libertad el 9 de marzo de 2022. El resto fue liberado el 1° de octubre de ese año, tras un canje entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, en el que este último dejó en libertad a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores (esposa de Nicolás Maduro), detenidos por la DEA en Haití en noviembre de 2015.
En el vuelo del 25 de octubre también viajó Edoardo Orsini Defrenza, exfuncionario de Pdvsa acusado en EE. UU. de participar en una conspiración para lavar dinero proveniente de contratos fraudulentos entre 2012 y 2016, habiendo cobrado sobornos para adjudicar contratos y agilizar pagos. En 2020, Orsini se declaró culpable y, en 2021, fue sentenciado a 36 meses de libertad condicional.
En un tercer vuelo distinto realizado el 24 de octubre de 2017 a Curazao estuvo presente Vanessa de las Nieves Flores Pisani, quien fue directora de la refinería Isla Curazao de Pdvsa, y Nelson Pablo Martínez, expresidente de Citgo y de Pdvsa, detenido el 30 de noviembre de 2017, junto a otro expresidente de Pdvsa, Eulogio del Pino. De acuerdo con el fiscal general, Tarek William Saab, Martínez había firmado el refinanciamiento de Citgo sin contar con el beneplácito del Ejecutivo nacional.
Nelson Pablo Martínez murió el 12 de diciembre de 2018 en custodia del Estado venezolano, tras pasar un año sin ser enjuiciado.
Los viajes de la embajadora María Gabriela Chávez
En el diagrama no está presente un pequeño grupo aislado formado por 6 personas vinculadas con María Gabriela Chávez, hija del expresidente Hugo Chávez y embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas desde 2014 hasta 2019.
Ese pequeño grupo realizó solamente dos viajes en el avión decomisado, ambos en 2018, despegando de Venezuela y con destino a Estados Unidos, uno el 19 de agosto y el otro el 15 de octubre.
El grupo está conformado por María Gabriela Chávez y cinco personas adicionales; dos de ellas fueron empleados de la Misión Diplomática en la ONU, dos más con vínculo desconocido y una última era Gabriela Rivero Chávez, hija de María Gabriela y nieta de Hugo Chávez, quien fue una de las pasajeras del vuelo del 19 de agosto de 2018 y que contaba para entonces con 20 años de edad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
