Una vecindad invariable, necesitada de un exorcismo que las despoje del espíritu maligno que ha influido desde la noche septembrina hasta el exabrupto reciente de Nicolás Maduro, encasquillada en terrenos espinosos. Pero para recomponer esta relación se imponen variables de sinceridad. Gobiernos serios no pueden meterse mentiras, ni imponerle versiones camufladas a sus pueblos.
Las causas de las deportaciones masivas de colombianos, del cierre de la frontera tachirense tiene varias versiones. En los artículos de Beatriz De Majo y Marianela Salazar en estos días, hay datos que un Ministerio Público imparcial debería investigar. Porque la pregunta fundamental del inicio de este deplorable episodio es si un problema entre militares venezolanos en el Táchira, justifica la expulsión de cientos de colombianos que viven y trabajan en Venezuela. Ojalá pudiéramos escuchar a los tenientes heridos Veloz Santaella y Rodríguez Arias, sobre lo que realmente ocurrió.
Todo parece indicar que, o Maduro se adelanta al escándalo que producirían las revelaciones que en días hará la periodista colombiana Adriana Correa Restrepo sobre la nacionalidad colombiana del mandatario venezolano y de allí sus explicaciones de que sus ancestros vienen de Holanda o se trata de un globo de ensayo con el propósito de suspender las elecciones parlamentarias.
La socarronería del Presidente Santos, no le permitió esta vez lavarse las manos respecto a las bravuconadas del régimen venezolano. Las declaraciones de Uribe y Gaviria lo obligaron a salir en defensa de sus nacionales maltratados. Tanto Maduro como Santos omiten hablar de la responsabilidad de la narcoguerrilla en estos episodios.
Lo que ocurre es que la política exterior venezolana se maneja con voluntarismos, no tiene filosofía, ni ideología, continuidad, ni cálculo de futuro. Los expertos venezolanos en política exterior e internacional están desempleados, perseguidos e ignorados.
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