Separar a Karim Khan no limpia la Corte Penal Internacional: la crisis apenas comienza a ser visible
La publicación de Even Silence Has a Witness: The Whitewashing of Ethical Corruption at the International Criminal Court (Cuando el silencio se vuelve prueba: El encubrimiento de la corrupción ética en la Corte Penal Internacional), de Robert Carmona-Borjas, irrumpe en un momento en que la Corte Penal Internacional ya no puede presentar su crisis de integridad como una controversia secundaria, ni esconderla detrás del lenguaje apaciguador de la administración institucional. La decisión adoptada el día de ayer por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, que separó de sus funciones al fiscal Karim A. A. Khan y remitió el procedimiento disciplinario a la Asamblea para su decisión final, no cierra el problema: lo ilumina. Lo que hasta hace poco podía ser tratado como una denuncia incómoda, una disputa técnica o una insistencia aislada, aparece ahora como parte de una fractura mayor en el sistema de autocontrol de una Corte creada para juzgar los abusos más graves del poder.
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La salida funcional de Khan podrá ser presentada por algunos como una corrección suficiente. No lo es. Puede constituir un acto necesario, incluso inevitable, ante la gravedad de la situación; pero no resuelve la pregunta central que el libro de Carmona-Borjas formula con una severidad documental difícil de eludir: ¿qué ocurre cuando la institución llamada a perseguir la impunidad de los Estados permite que sus propias zonas de sombra se administren con demora, reserva, formalismos y silencios? Separar a un fiscal puede atender una emergencia de conducción. No explica por qué las alertas llegaron tan lejos sin producir antes una respuesta proporcional. No esclarece qué fue visto, qué fue diferido, qué fue tratado como molestia procesal y qué fue protegido por la inercia.
La medida contra Khan pertenece, formalmente, a un procedimiento disciplinario específico y debe ser observada con el rigor que exige el debido proceso. Ninguna decisión cautelar debe convertirse en condena anticipada. Pero ese cuidado no puede ser utilizado como coartada para clausurar el debate institucional. La crisis que atraviesa la Corte Penal Internacional no se agota en la conducta atribuida a una persona, ni en la suerte final de un fiscal. Su verdadera dimensión reside en la arquitectura que permitió que una autoridad de ese nivel permaneciera bajo cuestionamiento grave mientras la institución continuaba hablando de independencia, confianza pública e integridad procesal como si esas palabras bastaran para preservar la realidad que nombran.
Ese es el territorio exacto de Even Silence Has a Witness. La obra no nace de la caída de Khan ni depende de ella. La precede, la explica en un plano más profundo y la vuelve menos sorprendente. Carmona-Borjas, reconocido como víctima en la Situación Venezuela I ante la Corte Penal Internacional, reconstruye el itinerario mediante el cual un conflicto de interés visible en la cúspide de la Fiscalía fue reducido, diferido o desplazado hacia discusiones de legitimación procesal, como si el problema esencial no fuera la integridad objetiva de la investigación sino la identidad de quien se atrevía a exigir que la Corte actuara. La tesis del libro es incómoda porque no permite el consuelo de la simplificación: el daño institucional no comienza cuando estalla el escándalo, sino cuando la institución conoce el riesgo y decide convivir con él.
En la Situación Venezuela I, el problema tenía una gravedad particular. No se trataba de una causa menor ni de una controversia periférica. La Corte examina presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en un país cuya justicia interna ha sido denunciada durante años por falta de independencia, captura institucional y utilización del aparato judicial como instrumento de persecución o de impunidad como lo es Venezuela. En ese contexto, la apariencia de parcialidad del Fiscal no podía tratarse como una incomodidad administrativa. La confianza en la investigación dependía también de la limpieza visible de quien la dirigía, de la certeza de que ninguna relación familiar, profesional o jerárquica podía proyectar sombra sobre la conducción de un expediente de semejante gravedad.
El libro documenta cómo, durante actuaciones vinculadas a Venezuela I, quedó expuesta la relación entre Karim Khan y Venkateswari Alagendra, abogada de la representación del régimen de Nicolás Maduro y cuñada del propio Fiscal, con antecedentes profesionales y jerárquicos dentro del mismo universo de la justicia penal internacional. Para Carmona-Borjas, esa relación no constituía una anécdota privada ni un asunto de mera cortesía institucional. Era un problema de apariencia objetiva de imparcialidad en una investigación donde la Fiscalía conserva un poder decisivo sobre el ritmo del procedimiento, la estrategia probatoria, la lectura de la complementariedad, la interacción con el Estado investigado y la eventual construcción de casos.
La Corte pudo haber actuado antes. Esa es la afirmación que atraviesa el libro y que ahora adquiere una resonancia mayor. Una institución de justicia no se mide sólo por su capacidad de reaccionar cuando la presión se vuelve insoportable. Se mide por su disposición a intervenir cuando la verdad todavía puede ser protegida, cuando la integridad del expediente aún puede ser preservada, cuando la confianza de las víctimas no ha sido erosionada por meses de ambigüedad. El problema no es únicamente si la Corte finalmente se mueve. El problema es cuánto daño institucional se produce durante el tiempo en que la Corte decide no nombrar lo que ya está en condiciones de ver.
La Asamblea de los Estados Partes tiene ahora ante sí una responsabilidad que no puede reducirse al expediente personal de Khan. Si trata la separación del Fiscal como una salida suficiente, habrá elegido una forma de contención antes que una reforma verdadera. Si asume la gravedad completa del momento, deberá preguntarse por los mecanismos que fallaron: por qué no existieron alertas automáticas más eficaces ante conflictos de interés; por qué la participación de las víctimas puede ser reconocida en abstracto y debilitada cuando se trata de exigir integridad procesal; por qué la confidencialidad, necesaria en muchos ámbitos, puede terminar funcionando como una cortina frente a la rendición pública de cuentas; por qué la Corte parece tan cautelosa cuando debe examinar la conducta de sus propios funcionarios superiores.
La imagen internacional de la Corte Penal Internacional no se repara con el reemplazo de un nombre. Se repara con trazabilidad, preservación de registros, revisión independiente, reglas claras de excusa, deberes efectivos de divulgación y plazos obligatorios cuando esté comprometida la imparcialidad de un alto funcionario. Se repara admitiendo que las víctimas no son únicamente figuras morales útiles para legitimar discursos, informes y ceremonias, sino sujetos cuya confianza en la limpieza del proceso forma parte de la legitimidad misma de la justicia internacional. Una Corte que reconoce a una víctima como portadora de sufrimiento, pero la resiste cuando esa víctima exige garantías sobre la integridad del procedimiento, incurre en una contradicción que no puede esconderse bajo tecnicismos.
Allí reside una de las denuncias más delicadas de Even Silence Has a Witness. La víctima reconocida puede quedar atrapada en una participación más simbólica que efectiva. Puede ser invocada para recordar la gravedad de los crímenes, para sostener la autoridad moral de la institución, para justificar la existencia de una jurisdicción internacional de última instancia; pero cuando intenta hablar sobre el modo en que esa institución administra sus propios conflictos, su voz se vuelve incómoda. La víctima deja de ser emblema y se convierte en testigo de la institución. Y cuando el testigo señala hacia dentro, la respuesta suele llegar envuelta en reglas, derivaciones, competencias, negativas formales y silencios cuidadosamente administrados.
La separación de Khan, por tanto, aumenta la importancia del libro. Convierte su argumento en materia de urgencia pública. La Corte Penal Internacional no enfrenta sólo una crisis de liderazgo; enfrenta una crisis de gobernanza ética. Lo que está en juego no es únicamente quién ocupa la Fiscalía, sino qué controles existen para impedir que una autoridad comprometida por una apariencia razonable de parcialidad influya, directa o indirectamente, sobre investigaciones de la máxima gravedad. Separar a un fiscal puede ser necesario. Nunca será suficiente si no se revisan los expedientes tocados por su autoridad, si no se preservan las comunicaciones administrativas relevantes, si no se certifica la ruta interna de las denuncias, si no se audita cómo se gestionaron los conflictos y si no se garantiza que la excusa de un alto funcionario implique una separación real de acceso, información, estrategia, consulta e influencia.
La Corte Penal Internacional nació como promesa de última instancia para quienes no encuentran justicia en sus propios Estados. Ese mandato exige un estándar superior al de una burocracia internacional ordinaria. La Corte no puede reclamar autoridad para examinar crímenes de lesa humanidad mientras administra con excesiva prudencia las heridas éticas que aparecen dentro de su propia estructura. Su legitimidad no proviene únicamente del Estatuto de Roma, de sus salas, de sus jueces o de su sede en La Haya. Proviene de la confianza en que la institución no pedirá a las víctimas creer en una justicia cuyos conflictos internos permanecen insuficientemente esclarecidos.
La Situación Venezuela I vuelve esa exigencia todavía más grave. Venezuela no comparece ante la Corte como un expediente abstracto. Comparece como un país donde la represión política, la tortura, la persecución, la captura judicial y la impunidad han sido documentadas por organismos internacionales y denunciadas por víctimas que han esperado durante años una respuesta de la jurisdicción penal internacional. Para esas víctimas, cada demora no es una pausa administrativa. Es una señal. Enseña a los perpetradores cuánto puede soportar el sistema antes de actuar y enseña a las víctimas cuán lejos puede estar la justicia incluso cuando ya ha reconocido su sufrimiento.
El libro de Carmona-Borjas insiste en que la corrupción ética no requiere un soborno, una transacción clandestina ni una conspiración vulgar. Puede consistir en algo más refinado y, por eso mismo, más peligroso: la preservación consciente de una autoridad comprometida, la conversión de un conflicto visible en una incomodidad manejable, el traslado de la responsabilidad de una oficina a otra hasta que el deber parece no pertenecer a nadie. Esa forma de corrupción no siempre deja una escena dramática. A veces se expresa en demoras, silencios, respuestas técnicas, decisiones tardías y formalismos que protegen la comodidad de la institución antes que la sustancia de la justicia.
El riesgo de este momento es evidente. La Asamblea de los Estados Partes podría presentar la separación de Khan como prueba de que el sistema funciona. Podría decirse que los mecanismos internos actuaron, que el Estatuto ofreció remedios, que el procedimiento siguió su curso y que la institución corrigió el problema. Pero esa lectura sería incompleta. Un sistema no demuestra plenamente su salud porque actúa cuando el costo de no actuar se vuelve demasiado alto. La demuestra cuando detecta temprano el riesgo, lo documenta, lo examina sin miedo y lo resuelve antes de que la confianza pública quede dañada.
Tampoco bastará con proteger la imagen de la Corte mediante lenguaje prudente. La imagen de una institución judicial no se salva evitando preguntas, sino respondiéndolas con método. La confidencialidad debe proteger a las partes, a los testigos, a las víctimas y la dignidad del procedimiento. No debe convertirse en una técnica para impedir que los Estados Partes, la sociedad civil y los afectados comprendan qué falló, quién decidió, qué se omitió y qué reformas impedirán la repetición. Una Corte que juzga la impunidad de los Estados no puede permitirse administrar la suya propia mediante reserva excesiva y correcciones parciales.
La publicación de Even Silence Has a Witness: The Whitewashing of Ethical Corruption at the International Criminal Court (Cuando el silencio se vuelve prueba: El encubrimiento de la corrupción ética en la Corte Penal Internacional) obliga a mirar la decisión de la Mesa desde un ángulo menos complaciente. La separación de Khan puede ser un acto de responsabilidad o puede terminar siendo un mecanismo de contención. La diferencia dependerá de lo que ocurra después. Si la Asamblea se limita a resolver la suerte personal del Fiscal, habrá tratado la crisis como un problema de sustitución. Si abre una revisión institucional seria, con reformas verificables y consecuencias normativas, habrá reconocido que el escándalo no era sólo la conducta atribuida a un hombre, sino la fragilidad de un sistema que tardó demasiado en defenderse de sus propias zonas ciegas.
Por eso el libro no es un ataque contra la justicia internacional. Es una advertencia escrita desde su interior moral. Su pregunta no es si la Corte Penal Internacional debe existir, sino si puede seguir reclamando la autoridad de juzgar al poder cuando no examina con igual rigor las formas en que el poder se organiza dentro de sus propios procedimientos. Su fuerza reside en que no pide fe, sino revisión del expediente; no ofrece indignación sin método, sino una reconstrucción de actuaciones, comunicaciones, decisiones, silencios, rutas administrativas y consecuencias institucionales.
La separación de Karim Khan es apenas la superficie visible de un problema mayor. La verdadera cuestión es si la Corte Penal Internacional y la Asamblea de los Estados Partes permitirán que esa superficie funcione como tapa o como umbral. Si funciona como tapa, la institución habrá sacrificado una figura para conservar intactas sus prácticas de autoprotección. Si funciona como umbral, la suspensión abrirá el debate que durante demasiado tiempo fue desplazado: cómo impedir que la justicia internacional, mientras juzga la impunidad de los Estados, aprenda a administrar la suya propia.
En esa tensión se inscribe el bautizo público de Even Silence Has a Witness: The Whitewashing of Ethical Corruption at the International Criminal Court (Cuando el silencio se vuelve prueba: El encubrimiento de la corrupción ética en la Corte Penal Internacional). El libro aparece cuando su tema ha dejado de ser una advertencia solitaria y se ha convertido en una crisis institucional visible. Su publicación recuerda que el silencio también deja registro, que las demoras tienen autoría y que ninguna Corte se honra a sí misma ocultando las preguntas que más necesita responder. Even Silence Has a Witness: The Whitewashing of Ethical Corruption at the International Criminal Court está disponible en Amazon.com.
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