Este lunes, 1 de diciembre, la Corte Penal Internacional (CPI) informó que cerró su oficina en Caracas ante la falta de cooperación del gobierno de Nicolás Maduro para investigar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Venezuela desde 2017.
El Fiscal Adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, durante su intervención en la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, reafirmó que aunque la oficina cerró sus puertas, la “investigación sobre crímenes de lesa humanidad sigue activa y centrada“.
“Nuestra investigación se mantiene centrada y activa gracias al trabajo de nuestro equipo dedicado y unificado, junto con nuestros socios y, como siempre, guiados por la evidencia y la ley”, dijo el fiscal.
El fiscal Mame Mandiaye Niang, encargado del caso tras la salida del fiscal de la CPI Karim Khan, explicó que, tras un trabajo continuo, determinaron que “el progreso real en la complementariedad sigue siendo un desafío. Por consiguiente, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”.
#ÚLTIMAHORA La CPI cierra su oficina en Caracas ante la falta de cooperación del régimen: la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa https://t.co/jDLS4V8gRh pic.twitter.com/KBx1UkeIkE
— Monitoreamos (@monitoreamos) December 1, 2025
La complementariedad es un principio de la justicia internacional que debe cumplir el Estado sujeto a investigación para “indagar y apoyar en la determinación de los crímenes de lesa humanidad en los que están implicados sus funcionarios”.
Las reacciones
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) se pronunció a través de su cuenta en X sobre la decisión de la CPI de cerrar su oficina en Caracas y afirmó que el hecho “es de profunda relevancia para la defensa de los derechos humanos y para el escrutinio internacional sobre la grave crisis de justicia que atraviesa el país”.
“Este cierre no representa un retroceso en la investigación por crímenes de lesa humanidad; por el contrario, confirma con mayor claridad la falta de voluntad del Estado venezolano para asumir los compromisos mínimos necesarios destinados a superar la impunidad estructural que impera en el país”, explicó la ONG.
JEP recalcó que el cierre de la oficina técnica confirma lo que las organizaciones de derechos humanos han denunciado de manera persistente: las autoridades venezolanas no tienen la voluntad política de avanzar en la reinstitucionalización del sistema de justicia, ni están dispuestas a cumplir con estándares internacionales de independencia, imparcialidad y rendición de cuentas.
“Esta decisión deja al descubierto, una vez más, el incumplimiento reiterado de obligaciones internacionales por parte del Estado y la permanencia de un patrón de impunidad incompatible con el derecho internacional”, señaló.
La ONG indicó también que el cierre de esta oficina envía un mensaje claro y contundente a la comunidad internacional: en Venezuela no existe un entorno institucional adecuado para llevar a cabo investigaciones genuinas sobre crímenes de lesa humanidad.
Camino engorroso
Cabe aclarar que dicha oficina nunca tuvo competencia para investigar o procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Su mandato era estrictamente de cooperación técnica. La investigación formal ha permanecido, desde su inicio, en manos de la Fiscalía de la CPI, que ahora ratifica que solo a través de su intervención puede garantizarse algún avance real, dada la ausencia de mecanismos internos efectivos.
La CPI abrió su oficina en Caracas en 2024, como resultado de un acuerdo alcanzado en 2021 entre el entonces fiscal Karim Khan y Nicolás Maduro. Esto ocurrió mientras avanzaba la investigación, la cual fue retomada el 27 de junio de 2023, después de un largo proceso iniciado en 2018 y marcado por constantes objeciones de los abogados del Estado venezolano.
En el mes de septiembre, el funcionario de Información Pública de la CPI Francisco González Centeno explicó que la Presidencia de la CPI aceptó en septiembre la solicitud de Khan de apartarse de la investigación, tras una instrucción de la Sala de Apelaciones. La medida se tomó debido a que un familiar del fiscal había integrado el equipo jurídico de Venezuela ante la Corte, lo que podía generar dudas sobre su imparcialidad.
“El hecho de que el Fiscal se haya excusado no tiene ningún impacto en la investigación en sí ni en otras actividades de la Fiscalía sobre la situación en Venezuela, que continúan bajo la dirección del fiscal adjunto Niang”, aclaró González Centeno.
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