Tomada de Getty Images
El Gobierno venezolano alertó que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) busca «desentenderse» de sus responsabilidades, después de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas tras detectar una falta de «progreso real» en su trabajo.
El organismo investiga a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en las protestas de 2017, por lo que en 2024 abrió una oficina para trabajar junto a las autoridades del país. Sin embargo, el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, aseguró que cerraron la oficina por no haber progreso en la «complementariedad» con el Gobierno de Venezuela, aunque la investigación continúa.
«La Fiscalía de la CPI no mostró el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación (…) la fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios», respondió el Gobierno en un comunicado. «Tampoco formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas. Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos», añadió.
La investigación formal fue abierta en noviembre de 2021, momento en el que se firmó un acuerdo con el presidente Nicolás Maduro en el que Venezuela se comprometía a garantizar que el tribunal pudiera trabajar adecuadamente en el país.
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