Llama la atención el nivel de desinformación que persiste en amplios sectores de la opinión pública sobre la propiedad y gestión de los recursos naturales de Venezuela, particularmente del petróleo.
El origen jurídico de dicha propiedad se remonta a la época colonial. La Corona española establecía, mediante decretos reales, que las minas y los recursos del subsuelo pertenecían al Reino. Este principio fue posteriormente adoptado por el Libertador Simón Bolívar e incorporado a las leyes de los países recién emancipados del dominio español.
En contraste, los territorios colonizados por potencias anglosajonas conservaron un régimen distinto: la propiedad del subsuelo corresponde al dueño de la superficie. Venezuela, en cambio, heredó y mantuvo el principio según el cual todos los recursos del subsuelo —mineros y petroleros— son propiedad del Estado y deben beneficiar a la nación en su conjunto.
Durante gran parte del siglo XX, la administración de estos recursos se realizó mediante un sistema de concesiones otorgadas por períodos de 20 o 30 años. Las empresas concesionarias explotaban los yacimientos a cambio del pago de regalías por volumen extraído, además del impuesto sobre la renta, que llegó a representar hasta más del 50 % de las ganancias.
Este esquema permitió que Venezuela se enriqueciera sin asumir riesgos financieros ni realizar desembolsos de capital. Gracias a esos ingresos, el país logró incluso pagar la totalidad de su deuda externa durante los gobiernos de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez.
En 1975, tras el aumento del precio del petróleo de 2 a 12 dólares por barril, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, se optó por adelantar el vencimiento natural de las concesiones —previsto para 1983— y proceder a la nacionalización de la industria petrolera. Para ello se indemnizó a las empresas transnacionales y se creó Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
PDVSA no solo recibió los activos físicos, sino también un valioso capital humano: técnicos y profesionales venezolanos formados bajo estándares internacionales, quienes operaron exitosamente la Industria Petrolera, Petroquímica y del Carbón (IPPC). Este esfuerzo fue fortalecido con investigación y desarrollo tecnológico a través de su filial Intevep.
PDVSA, para garantizar su colocación realizó importantes inversiones en refinación en el exterior.
En nuestro territorio llegó a producir hasta 3,5 millones de barriles diarios.
Posteriormente, con la certificación de las enormes reservas de la Faja Petrolífera del Orinoco, se evidenció la necesidad de cuantiosas inversiones y tecnologías de punta, dada la complejidad de los crudos pesados y extrapesados.
Venezuela no contaba con los recursos tecnológicos y financieros necesarios, por lo que se tomó la acertada decisión de impulsar la llamada Apertura Petrolera e invitar a participar a empresas petroleras de todo el mundo.
En este proceso participaron de forma transparente 58 empresas de 14 países.
Como resultado, se firmaron asociaciones estratégicas y se construyeron mejoradores para hacer comercializable el crudo pesado.
Sin embargo, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, se modificaron las reglas del juego y el Estado asumió el control mayoritario de todas las operaciones, en algunos casos sin la correspondiente compensación.
Hoy la realidad es contundente: el petróleo ha sido, es y seguirá siendo propiedad de Venezuela, pero su explotación requiere recursos propios o internacionales, bajo condiciones claras, respetando las regalías y los ingresos que legítimamente corresponden a la nación.
Actualmente el país produce apenas una tercera parte de lo que producía hace algunos años y se ve obligado a vender su petróleo con descuentos que alcanzan hasta el 40 % del precio internacional.
Venezuela necesita producir, vender y cobrar lo que le corresponde.
El petróleo es de la nación, pero una vez comercializado, es del comprador que lo paga.
@eromeronava
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