A Nicolás Maduro le inspira la advertencia que le hizo el presidente Donald Trump de «no hacerse el duro porque será lo último que haga». En efecto, el ultimátum le viene como anillo al dedo pues trata de hacerse el duro desafiando todas las medidas, sanciones, bloqueos y presiones puestas en marcha desde hace cuatro meses para mostrar que no renuncia al poder haga lo que haga en su contra el poderío aeronaval de Estados Unidos.
La última medida de la serie se dictó a comienzos de diciembre cuando Trump ordenó bloquear a todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Dicho y hecho, los efectivos de la marina de EE.UU. persiguieron e interceptaron dos petroleros de gran capacidad: el Skipper y el Centuries. Ambos cargaban casi cuatro millones de barriles de crudo venezolano. También siguieron durante tres días al Bella1 pero como estaba vacío lo dejaron ir.
Desde 2019, más de 100 buques petroleros han sido sancionados por transportar crudo venezolano. Sin embargo, el régimen chavista ha logrado evadir las sanciones comercializando el crudo con grandes descuentos en el mercado negro con una ‘flota fantasma’ de barcos que apagan el transpondedor para no ser detectados, y cambian de nombre y bandera para despistar en Asia. En este tráfico marítimo ilegal se han beneficiado Cuba, Irán, Rusia y China.
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Maduro ha hecho gala de su resistencia en las fiestas navideñas frente al asedio militar de EE.UU. Baila, canta y cena en barrios populares de Caracas. Sale todos los días en la televisión estatal como si no pasara nada frente a las costas de Venezuela ni le importara el bloqueo a la industria petrolera y sus consecuencias.
Tampoco le intimida la enorme presencia militar en el Caribe con más de 15.000 soldados, ocho destructores, un submarino de propulsión nuclear, aviones caza S-35, el mayor submarino de su flota y el mayor portaviones del mundo, el Gerald R. Ford.
El régimen chavista está acumulando la flota petrolera en su costa. Solo en la refinería de Amuay, situada en la costa occidental de la Península de Paraguaná (estado Falcón) «hay 40 buques varados», asegura el sindicalista petrolero Iván Freites a ABC. Estos buques esperan las instrucciones de sus dueños para ver si continúan fondeados o regresan a otros mares.
Venezuela produce poco más de un millón de barriles diarios. Todos los petroleros han sido bloqueados menos el de Chevron, el único que tiene licencia para transportar crudo venezolano a EE.UU. El régimen decidió seguir produciendo crudo pero como no tiene salida por el bloqueo los sitios de almacenamiento en tierra firme están llenos por lo que ha tenido que recurrir al almacenamiento flotante en los buques.
«La producción de PDVSA está a punto de colapsar por falta de almacenamiento de crudo», señala el sindicalista Freites desde su exilio en EE.UU.
Horacio Medina, exgerente de PDVSA y ahora presidente de PDVSA Ad Hoc –entidad creada en tiempos en que Juan Guaidó presidía la Asamblea Nacional de Venezuela para restablecer la transparencia, la eficiencia y la legalidad en la gestión de los activos petroleros venezolanos en el exterior–, afirma que en estos momentos «puede haber entre siete y diez buques usados como depósitos flotantes de crudo en alta mar».
Medina señala a ABC que el colapso de la industria petrolera nacional está a la vuelta de la esquina: «Se está complicando la producción y la refinación por falta de diluyentes y, ahora, por la falta de capacidad de almacenamiento». El tiempo del colapso puede llevar entre tres y cuatro semanas estima Medina, que pronostica el regreso de la escasez de gasolina, «volveremos a ver las colas de autos –coches– para repostar en las estaciones como en el 2017 con la hiperinflación».
En aquel año la inflación fue del 850% y en 2018 los venezolanos sufrieron la inflación más alta del mundo con un 130.000%, según cifras oficiales del Banco Central. Las colas de coches eran interminables para abastecerse de gasolina. Pero Maduro logró resistir. La diferencia es que «ahora el régimen está más debilitado que nunca, aunque aparente estar feliz y duro bailando protegido por sus guardaespaldas cubanos. El colapso de la industria petrolera no es determinante para que caiga pero sí es un golpe financiero para su gobierno», acota Medina.
Colapso en la informática de PDVSA
El sindicalista Iván Freites también denuncia la caída de los sistemas automatizados de control de procesos de PDVSA: «No han podido restablecerse. La caída ha borrado todo, desde la nómina de trabajadores activos y jubilados hasta el proceso de producción, refinación y comercialización de petróleo y sus derivados».
«El llenado y descarga de buques no se registra de manera automática, sino manual, así con todo el comercio de PDVSA. Las empresas transnacionales socias de PDVSA están operando en estas condiciones con alto riesgo», añade al indicar que al borrar todos los registros, están saboteando la posibilidad de recuperar de inmediato la industria, «es un autosabotaje».
Medina coincide en que parece un autosabotaje la eliminación de los registros de la carga de los buques. Y no pierde la esperanza. La suerte está echada, «estamos viviendo tiempos perversos. Debe haber una fractura interna en el Gobierno o de la Fuerza Armada Bolivariana para que se tambalee. Algo va a ocurrir pero nadie se atreve a decir cómo y cuándo».
También coincide con la «cuarentena» de dos meses hasta finales de enero que ordenara el presidente Trump al petróleo venezolano para presionar al régimen de Maduro. El objetivo de la Casa Blanca es usar primero la presión económica como la persecución de los petroleros sancionados sin descartar las opciones militares.
Los buques confiscados
La incautación de los petroleros de gran capacidad Skipper y Centuries con crudo venezolano seguirá un proceso judicial en los tribunales de EE.UU. que puede causar una pérdida millonaria. Según los especialistas, que pidieron el anonimato, la detención de un buque no es solo un problema legal, «es un golpe financiero profundo, como la pérdida inmediata de ingresos, ya que el buque deja de operar, costos portuarios y de custodia, riesgo de perder la carga, ya que el crudo suele ser confiscado, riesgo de perder el buque… Las aseguradoras pueden negarse a cubrir rutas vinculadas a Venezuela. Además del daño reputacional: operar con PDVSA se convierte en una señal de riesgo extremo».
El resultado final es el miedo que esto genera: menos empresas navieras dispuestas a transportar crudo venezolano, aseguradoras que se retiran del mercado venezolano, fletes más caros por el gran riesgo, menos disponibilidad de buques para PDVSA, retrasos, cuellos de botella y caída de exportaciones. «Todo esto golpea a Maduro donde más le duele: sus ingresos petroleros», afirman.
Deserción en la Armada bolivariana
Para darle seguridad y garantía a su clientela de empresarios navieros, el régimen aprobó la «ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio», una pieza jurídica impulsada por Jorge Rodríguez para que los buques petroleros sean escoltados por la Armada Bolivariana.
Dicha ley establece que los militares deben abordar, escoltar y defender militarmente buques petroleros que navegan en aguas en disputa o bajo vigilancia internacional. Establece penas de hasta 20 años de prisión por facilitar «actos de piratería o bloqueos».
No obstante, los críticos de esta ley afirman que «el oficialismo ha puesto a los marinos venezolanos ante el dilema más cruel de su historia: obedecer y morir en el mar, o disentir y pudrirse en la cárcel».
Cierre de pozos
Por quedarse sin espacio para almacenar el crudo y desbordarse los inventarios, PDVSA decidió cerrar la mitad de sus pozos, el 25% de unos 500.000 barriles diarios, en la Faja del Orinoco este 28 de diciembre –informó Bloomberg–.
La disminución representa un recorte del 15% sobre la producción total de Venezuela, que ronda los 1,1 millones de barriles por día. Inhabilitar los pozos es visto como un último recurso debido a los desafíos operacionales y los altos costos para reiniciarlos, asegura una de las fuentes.
Según la fuente, que pidió el anonimato, consultada por ABC, esta ley pone en riesgo la vida de los miembros de la Armada bajo la estrategia de servir como carne de cañón. «Se les pide a los oficiales que intercepten buques o desafíen patrullajes de coaliciones internacionales en el Caribe», lo que ha provocado una gran deserción en las filas de la fuerza naval bolivariana.
El descontento en las filas militares ya no se puede ocultar, «estamos presenciando una ola silenciosa de dimisiones y solicitudes de baja. Oficiales con décadas de formación, mentes brillantes de la ingeniería naval y tácticos experimentados están prefiriendo el retiro o el exilio».
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