Los venezolanos anhelamos una transición pacífica de retorno a las libertades, con Estado de derecho constitucional y en respeto de los derechos humanos. Los únicos que han apostado a la violencia ha sido la pandilla kakistocrática gobernante. Han empleado diversos mecanismos para reprimir violentamente a la disidencia. Desde las instituciones policiales, de seguridad y militares se ha producido violencia contra la población con total desprecio de la dignidad humana y con violación brutal de los derechos humanos.
La pandilla kakistocrática gobernante para mantenerse en el poder y enriquecerse exuberantemente ha quebrado y corrompido a todas las instituciones del Estado. Al aparato legislativo lo ha puesto al servicio de sus más abyectos intereses, despojándole, de hecho, de sus funciones constitucionales y democráticas. Al Poder Judicial lo ha sumido como instrumento avalador de sus violaciones constitucionales, como herramienta para el control político y social, especialmente usando como instrumento de persecución y avalador de las arbitrariedades de los cuerpos de seguridad. A la Fiscalía del Ministerio Público la llevó a ejercer el triste papel de sicariato punitivo. A la institución militar la degeneró en sus funciones, la corrompió y la impuso, por vía de las armas, superior a la ciudadanía.
Además, de estos exabruptos forjó una inmensa burocracia parasitaria e ineficaz, clientelista, en el aparato estatal y en las empresas del Estado (Pdvsa, Petroquímica, Sidor, Alcasa, hasta en las empresas expropiadas al sector privado). Con total impudicia creó las milicias sin control alguno de ingreso y fortaleció a los colectivos, creando así fuerzas para militares.
Por otra parte, la ciudadanía tiene enormes problemas. Está en primer lugar, la desintegración de la familia venezolana, son millones de venezolanos fuera del país. Lo cual trae inconvenientes de identidad nacional, especialmente entre los más jóvenes. En segundo lugar, la pobreza reinante en el país que debe hacerse frente de inmediato. En tercer lugar, sueldos y pensiones miserables que deben ser corregidas, en cuarto lugar, las deficiencias de la salud, los problemas de electricidad y el drama de la educación.
Este es un cuadro dantesco que se presenta en la transición. No hay duda que deben reorganizarse los poderes públicos. Esto supone, en primer lugar, adecuar la administración pública al servicio del pueblo venezolano, con transparencia, diligencia y eficacia. Debe erradicarse la cultura impuesta en estos 25 años que el ciudadano es inferior y si quiere o espera o debe pagar. ¿cómo sincerar el tamaño del aparato burocrático? En la educación cómo atraer a los educadores que s e marcharon y restablecer una cultura estudiantil de aprendizaje y rendimiento auténtico. Es evidente, que hay que adecuar los sueldos a todos los niveles de la educación que incentive la calidad, el trabajo y la investigación.
El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Pública requieren una revisión total. No solo de la titularidad, sino también establecer un sistema transparente de ingreso que garantice calidad, imparcialidad y autonomía. Establecer un sistema de control interno que garantice la eficiencia, la pulcritud, la imparcialidad y la actuación apegada a derecho. ¿Qué hacer con el TSJ? ¿Se ajustarán a la transición y serán colaboradores ajustados a derecho? Para reorganizar el Poder Judicial se requiere, conforme a la Constitución vigente, contra con ellos, pues, son los únicos que pueden destituir y designar jueces. Algo, para muchos venezolanos muy inquietante ¿quedarán impunes los crímenes y delitos cometidos en la función pública en estos 25 años: asesinatos, torturas, corrupción?
Otro problema es el Poder Legislativo. ¿Estaría dispuesta la Asamblea Nacional a colaborar en el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho? ¿Estarían dispuestos a modificar las leyes aprobadas por ellos que cercenan la libertad? ¿Estarían dispuestos a designar imparcialmente, como establece la Constitución, al Consejo Nacional Electoral y a los magistrados del TSJ?
Otro gran problema son los militares, cuerpos de seguridad, de investigación criminal y de inteligencia. No hay duda de que ha mellado la corrupción en ellos. El generalato y sus colaboradores y asistentes inmediatos han estado involucrados o han sido cómplices de delitos. Son de terror diversas narraciones de personas sometidas a chantaje por funcionarios policiales o de inteligencia ¿Cómo reorganizarlos y someterlos a la legalidad? Los militares deben subordinarse al poder civil y a la ley.
Creo que lo más práctico es disolver los poderes. Que se fije plazo inmediato para elecciones generales legislativas, gobernaciones y alcaldías. La tarea es ardua y requiere el concurso de la gente de buena voluntad que ama el país. El camino no es de rosas. Está lleno de piedras cortantes, espinas y alacranes. La transición no puede ser impunidad.
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