La CIDH subrayó el aumento de las desapariciones forzadas, la falta de debido proceso y el aislamiento al que están sometidos una gran cantidad de presos políticos en Venezuela. La relatora Gloria de Mees afirmó que las instituciones que deberían velar por los derechos humanos de la población «han perdido su independencia y se han convertido en instrumentos de represión que apuntalaron a un régimen autoritario»
La comisionada Gloria de Mees, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Venezuela, indicó que la administración de Nicolás Maduro no ha respondido a la petición –hecha en septiembre– para una visita en territorio venezolano durante el último trimestre del año al país.
Este «es un momento decisivo que tendrá gran importancia como reflejo de la voluntad de Venezuela de interactuar con el sistema interamericano de derechos humanos (…) y permitir el escrutinio independiente», dijo la relatora de la CIDH durante una sesión del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La visita que plantea la Comisión Interamericana tiene como objetivo constatar la situación de derechos humanos en el país, en especial en el centro de reclusión El Helicoide, que custodia el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y ha sido denominado como un «centro de torturas».
«Una visita al Helicoide es esencial», ratificó De Mees, quien indicó que también se tiene previsto reunirse con actores gubernamentales, víctimas y ONG.
La experta recordó que la última visita de la Comisión al país fue en el año 2002, y las últimas solicitudes (2017 y 2020) han sido negadas. «Incluso en 2020 se impidió que los integrantes de la Comisión abordaran el vuelo rumbo a Caracas».
Además, destacó que la CIDH emitió 23 medidas cautelares durante el año pasado. Este año, señaló la comisionada, se han otorgado 25, la última a un ciudadano francés «desaparecido» en Venezuela.
De Mees puntualizó que estas medidas son un registro de situaciones urgentes y han «establecido un registro oficial de las obligaciones del Estado y ha ofrecido protección alas personas en riesgo».
La situación se ha deteriorado, aseguró De Mees, pues las violaciones de derechos humanos «no son incidentes aislados, sino que son incidentes planificados, ejecutados y sostenidos para perpetuar el poder. La persecución de las voces disidentes se ha intensificado, lo cual revela un autoritarismo que se está profundizando».
La relatora para Venezuela afirmó que las instituciones que deberían velar por los derechos humanos de la población, «han perdido su independencia y se han convertido en instrumentos de represión que apuntalaron a un régimen autoritario».
Resaltó además el aumento de las desapariciones forzadas, la falta de debido proceso y el aislamiento al que están sometidos una gran cantidad de presos políticos que, según el Foro Penal, son al menos 838, entre ellos cuatro adolescentes.
El organismo ratificó su solidaridad con las víctimas y el pueblo venezolano «para restablecer el Estado de derecho en el país (…) El mensaje debe ser inequívoco: no están solos. La Comisión sigue su mandato de observar la situación, otorgar medidas cautelares y dar visibilidad a las violaciones que están cometiendo».
Por su parte, el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich, reiteró el respaldo de la organización. «Una visita in loco constituiría un paso significativo y concreto hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la dignidad humana».
Respaldo a la CIDH
Argentina, que hizo la propuesta al consejo permanente para revisar la solicitud, dijo que Venezuela «se ha convertido en un caso emblemático donde los cuatro pilares fundamentales de la OEA, democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo, están siendo severamente amenazados. La desaparición forzada como crimen de lesa humanidad es algo que algunos hemos denunciado desde hace mucho tiempo».
El representante argentino dijo el mensaje de la relatora «es muy fuerte» en cuanto a las desapariciones forzadas, y cuestionó a los países sobre mantener una «diplomacia de silencio» ante este tipo de violaciones, que consideran un crimen de lesa humanidad, en la región.
«¿Nos vamos a quedar en silencio frente a una dictadura que desaparece y secuestra ciudadanos de nuestros países, tanto venezolanos, como no venezolanos?», sentenció el representante argentino, al tiempo que mencionó el caso del gendarme Nahuel Gallo, quien cumple 10 meses detenido e incomunicado en Venezuela este miércoles.
Reiteró que la Argentina no solo está comprometida con ese caso «sino con todos los Nahuel Gallo que existen. La voz de esos venezolanos que sufren, alguien la tiene que levantar».
Ecuador, que agradeció los pronunciamientos tras el atentado al presidente Daniel Noboa, pidió a la CIDH evalúe el impacto de las violaciones de derechos humanos en las mujeres, especialmente las afectaciones psicológicas y las denuncias de violencia sexual.
Uruguay, por su parte, señaló que la negativa al escrutinio de los derechos humanos en Venezuela «es reiterada», por lo hizo un llamado a todos los organismos de la OEA «para que reinicien los contactos con Venezuela, para que se mantengan los contactos con la CIDH y el sistema interamericano de derechos humanos».
La representante de Chile respaldó estas afirmaciones, pues «negar el acceso a estos mecanismos atenta directamente contra la transparencia», mientras que la embajadora de Estados Unidos dijo que están «los hechos son claros, el régimen de Maduro sigue silenciando la disidencia, usando las fuerzas de seguridad y socavando todas las instituciones de justicia. Sus actos son contrarios a la Carta de la OEA».
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