Especialistas en materia tributaria coinciden en que la Ley de Armonización no ha sido 100 % efectiva y es necesaria una reforma fiscal profunda para impulsar el desarrollo económico del país.
En la Gaceta Oficial extraordinaria Nº 6755 del 10 de agosto de 2023 se publicó la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, aprobada por la Asamblea Nacional electa en 2020 y promulgada por Nicolás Maduro.
El instrumento legal tuvo un periodo de vacatio legis de 90 días y entró en vigor en noviembre de 2023. A un año de su implementación, Crónica Uno conversó con los abogados especialistas en derecho tributario Leonardo Palacios e Iván López, quienes ofrecieron sus consideraciones sobre el instrumento legal que tiene seguidores y detractores.
Afecta a estados y municipios
Palacios explica que el balance en relación con la eficacia de una ley debe partir de la premisa de que se adapta y tiene correspondencia con los objetivos y fines de la política pública que define y regula, lo que se traduce en la esencia del Estado de Derecho.
“El balance de esta ley orgánica no puede ser positivo. Su nacimiento en nada se corresponde con algunas previsiones constitucionales en torno a la autonomía de los estados y los municipios, el reparto competencial efectuado por la Constitución y los fines del sistema tributario», indicó.
Asegura que esta ley no responde a la esencia de lo que es una armonización y una coordinación en materia tributaria.
Desnaturalizada
“Esta ley lamentablemente es desnaturalizada, es contraria a los objetivos. Y en lugar de establecer un régimen armónico y coordinado, define las bases de sumisión de los estados y municipios al poder nacional. El instrumento no ha podido frenar, limitar o desestimular el abuso por parte de los estados y municipios en el establecimiento de los tributos que les corresponde. No significa una cortapisa a la gestión tributaria violenta plagada de vías de hecho, ni ha permitido establecer condiciones necesarias para la reactivación económica”, sostiene el también expresidente de la Cámara de Comercio de Caracas.
Añade que esta norma “ha sido el pretexto para que los municipios incrementen las alícuotas impositivas, con mayor incidencia sobre la empresa y, por consiguiente, sobre el ciudadano. Y finalmente, entre otras razones, no se ha dictado la normativa de esencia originaria irregular complementaria de la ley, como es el caso de las bases de una vez simplificado de tributación”.
Voracidad fiscal sigue campante
El especialista en materia tributaria explica que uno de los flagelos que no ha podido frenar la ley es la voracidad fiscal. Sin embargo, indica que hace falta mucho más que un texto jurídico.
“La patología del sistema tributario conocida como voracidad fiscal representa una enfermedad del sistema tributario. Caracterizado por incrementos desmedidos y continuos. Sin estudios de impacto económico de las alícuotas impositivas, establecimiento de descripción de actividades sin ninguna mesura y racionalidad económica y financiera. Con gestión arbitraria de las administraciones tributarias y la constante amenaza a la seguridad jurídica por violación de los principios constitucionales en materia de tributación”, precisa.
Necesita mecanismo reales
En este sentido, añade que “este problema no se corrige única y exclusivamente por una ley con las características acusadas, si no se definen mecanismos reales y efectivos para dar funcionalidad a la relaciones fiscales intergubernamentales a través de mecanismos compensatorios, como en el pasado fue el fondo de inversión para la descentralización, respecto al situado constitucional y una estricta funcionalidad del fondo de compensación interterritorial”.
Leonardo Palacios igualmente precisa que las finanzas públicas espasmódicas definidas por el poder nacional, que atentan contra las reglas fiscales, específicamente, la sostenibilidad y estabilidad fiscal, arrastran a la finanzas locales.
“El círculo vicioso de un sistema tributario enfermo, la omisión de una política tributaria oportuna que entienda a la reforma tributaria, la improvisación de la política económica, que acentuó las distorsiones de la inflación y la de la devaluación tiene efectos devastadores en la finanzas regionales y locales”, advierte.
La reforma es un clamor
Al ser consultado sobre las principales razones para promover una reforma tributaria integral y profunda en el país, indicó que es un clamor ante la ausencia de propuestas serias de política tributaria.
“Desde la época de Tobías Nóbrega en la cartera de Finanzas no existe una propuesta seria de reforma tributaria. Por el contrario, lo que ha existido son parches porosos defectuosos del sistema tributario trastocado y lesionado en su esencia. Que ha generado obstáculos insalvables, afectación aguda de la expansión económica, la atracción de inversión de capital, la reinversión de rentabilidades para generar mayor valor agregado nacional y fuentes de empleo”, puntualizó.
Sostiene que los tributos se han utilizado durante todos estos lustros como herramientas de una planificación económica centralizada. Esta afectó los elementos o factores que integran la empresa, conocida como factores de producción. La situación debilitó a inversionistas, al trabajador, a los dueños de la fuentes de recursos naturales y al empresario.
“Quisiera aprovechar la oportunidad para reclamar que se siga utilizando, o motivando, la afectación del sistema tributario de los empresarios. Toda la estructura de tributos existentes a quien afecta real y efectivamente es al ciudadano. El empresario y la empresa son un eslabón de la cadena que termina con los consumos finales de bienes y servicios. Que acumulan y reflejan todas las distorsiones de la cadena de un sistema tributario irracional, degenerativo, que no cumple a cabalidad con los objetivos serios de ordenamiento de otras políticas públicas, y mucho menos su esencia de lograr la estabilidad económica”, expresó.
Generar debate
Palacios, quien también se desempeña como director de Consecomercio, considera que la ley sirvió para generar un debate, que no ha culminado. «Y que adicionalmente en las razones de su consecuencia se ha tergiversado en medio de una profunda hipersensibilidad de los agentes políticos institucionales involucrados”.
“Hay que seguir insistiendo una reforma integral del sistema tributario. Bajo la premisa de que se trata de un mercado político donde existe un proponente u oferente, que es el Estado (específicamente el gobierno nacional). Unos demandantes que aspiran correctivos, transferencia de asignaciones reales y efectivas a lo que corresponde a un Estado que debe urgentemente redimensionarse para evitar duplicidad de funciones, gasto productivo, entre otros elementos. Y por último una Asamblea Nacional, que es el ente regulador de ese mercado político. Que debe dar pie a una discusión abierta y no sesgada, independiente. Y no enajenando su autonomía para generar condiciones de viabilidad del sistema tributario”, concluyó.
La ley ha cumplido su finalidad, pero con defectos
El abogado y fundador de la firma López Ruíz & Asociados, Iván López, opina que la Ley de Armonización Tributaria sí ha cumplido con los objetivos por los que fue creada. Sin embargo, hay defectos que deben ser revisados.
“La Ley de Armonización Tributaria considero que ha cumplido la finalidad de crear el tope necesario a las desmedidas alícuotas que se venían aplicando en distintos municipios. No era la finalidad de la ley de armonización lograr que las alícuotas respondan a las características de la actividad económica gravada o a las del municipio donde se aplican. Esto debe responder al proceso legislativo de consultas que la Constitución obliga a realizar para dictar las ordenanzas respectivas”, precisó.
Foto: AVN
Fenómeno mundialCon respecto a la voracidad fiscal, precisa que es un fenómeno que no solo se presenta en Venezuela. Asegura que es una práctica que se ha distribuido a nivel mundial.
“La voracidad fiscal es un fenómeno global. Obedece al populismo, y a la visión de que el Estado debe cubrir y garantizar la generalidad de las necesidades colectivas. Aun en los países donde se mantienen discursos libertarios respecto a los impuestos, el ritmo del gasto público se sustituye por fórmulas de imposición informal. Como la emisión monetaria o la emisión de deuda. Que igualmente son soportadas por los contribuyentes a través de inflación. Así quedó demostrado en Europa y en Estados Unidos durante y tras la pandemia del COVID-19. Mecanismos que destruyen principios constitucionales que garantizan la justicia tributaria como la de legalidad del tributo, progresividad o justicia tributaria”, explicó.
Indicó que debido al desorden fiscal que hemos tenido en Venezuela desde el año 2010 es necesario realizar una reforma tributaria seria.
“El primer error fue la emisión de deuda para mantener al gasto público. Y luego al cerrarse las posibilidades al crédito público, emitiendo dinero sin respaldo por el BCV. Esto generó gran inflación que destruyó los diversos institutos de nuestro régimen tributario (la Unidad Tributaria, la sinceridad de las sanciones, el sistema de ajustes por inflación, la devolución de Créditos Fiscales del IVA, etc.). Y llevaron a distorsiones como la necesidad de crear la figura de Moneda de Mayor Valor. O a los municipios a compensar los déficits de recaudación producto de la inflación y de la falta de sinceridad de los mecanismos del régimen tributario para reflejarla, por ejemplo”, precisó.
Reforma tributaria
Destaca que lo anterior ha creado gigantescas bolas de nieve que, contrariando la Constitución, persiguen a los contribuyentes arrinconándoles hacia el precipicio de la quiebra.
“Todo ello amerita una necesaria reforma tributaria, que sea ampliamente discutida en el país”, dijo.
Finalmente, el especialista tributario insiste en que la Ley de Armonización Tributaria ha cumplido su finalidad, con ciertos defectos.
“Ahora resta que los municipios asuman su responsabilidad de dictar sus ordenanzas. Con la debida discusión con sus sectores productivos, para adecuarla a la realidad económica de sus localidades”.
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