Las cuatro patas que soportan el diálogo - Lisseth Boon / Lorena Meléndez G.

Ilustración e infografía: Juan Carlos Hernández / Paola Martínez

La peor crisis en la historia de Venezuela está en ebullición cuando se inicia el proceso de discusiones entre el Gobierno y la Oposición con mediación del Vaticano para encontrar salidas al grave conflicto nacional que se servirá en cuatro platos: cronograma electoral, soberanía nacional, derechos humanos y situación económica

Confianza y cronograma electoral

“Pasamos de una democracia representativa a una democracia protagónica. En Venezuela existe la participación directa”, dijo la canciller Delcy Rodríguez en octubre pasado durante la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea (Celac). Su afirmación la sustentó con la veintena de procesos electorales que ha habido desde que el chavismo, hace 17 años, llegó al poder.

Y sí. Las elecciones son tan importantes para el partido de gobierno que, dentro del Plan de la Patria 2013-2019, pone el tema entre sus primeros objetivos. Así, destaca la necesidad de “desplegar todas las acciones políticas” que garanticen votaciones en un clima de estabilidad y la convocatoria a “todos los sectores democráticos y honestos del país” a que contribuyan al desarrollo pacífico de los comicios.

Sin embargo, en la práctica, la “revolución” se contradijo. Durante 2016 torpedeó las decisiones emanadas por la Asamblea Nacional, que en diciembre fue elegida por votación popular. Además, el estado Amazonas quedó sin representación en el hemiciclo luego de que se impugnaran los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados de esa entidad.

El ataque siguiente fue contra el referendo revocatorio impulsado por la oposición. “La situación electoral actual es muy comprometida, porque el gobierno cercenó el derecho a la participación política (…) a través de los órganos que controla, que son el poder judicial y el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, explicó Vicente Díaz, ex rector de esta última institución, quien condenó la suspensión del mecanismo que, de hacerse este año, hubiese dado paso a unas presidenciales.

“La mayoría de los venezolanos confía en el sistema electoral y sabe que los resultados se cuentan escrupulosamente. Pero dudan del papel del árbitro por la falta de control del ventajismo que detenta el oficialismo, el uso del dinero público en campañas electorales, y al momento de asumir posturas que favorecen al gobierno, como hizo ahora con el referendo”, señaló Díaz.

Verdad, justicia, derechos humanos, reparación de las víctimas y reconciliación

El gobierno de Nicolás Maduro nunca se mostró tan interesado en atender los derechos humanos como en los últimos dos años. Paralelo a las crecientes denuncias presentadas por organizaciones no gubernamentales sobre las continuas violaciones de DDHH bajo su gestión y las observaciones de diferentes organismos internacionales, han surgido instancias de atención a víctimas con apoyo gubernamental en ámbitos de interés del proyecto bolivariano.

A las existentes Comisión por la Justicia y la Verdad (asociación de los combatientes guerrilleros de los años 60); Víctimas del 27 de Febrero; Asociación de Víctimas del 11 de abril de 2002; Fundación de Protección de Familiares de Víctimas del Sicariato Campesino y Asociación de Víctimas del Paro Petrolero, desde 2014 se han sumado: el Comité de Víctimas de las Guarimbas y del Golpe de Estado Continuado; Consejo de Derechos Humanos (abril 2014); Comité Promotor de la Patria de los Derechos Humanos (27 de febrero 2016 como respuesta a la Ley de Amnistía propuesta por la AN) y Comisión de la Verdad, la Justicia y Reparación de las víctimas (abril 2016) para “atender integralmente a las víctimas de violación de DDFF en 17 años de revolución”.

Pero las evidencias de violaciones a DDHH en Venezuela no pueden ser opacadas. El Ministerio Público admitió en su Informe Anual que 17.778 personas fueron asesinadas en 2015, lo que ubica la tasa de homicidios en 58,1 por cada 10 mil habitantes, una de las más altas de mundo.

Foro Penal registra 111 presos políticos desde 2002 hasta la actualidad. La mayoría fueron detenidos durante las protestas de 2014 que dejaron 43 muertos, 878 heridos y 3.102 detenidos (2.029 con medidas cautelares). En noviembre de ese año, el Comité contra la Tortura de ONU cuestionó a Venezuela por tratos crueles y degradantes

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