El lugar común: Atacar, entorpecer y distraer - Simón García

La designación de Aristóbulo Isturiz le asestó un mazazo a la línea Cabello que pedía el desconocimiento absoluto de la Asamblea y usurpación de las funciones legislativas por el poder judicial. El gesto fue recibido con moderada simpatía en la oposición porque vislumbraba la posibilidad de colar entendimientos en la perspectiva confrontacional entre Ejecutivo y Legislativo.

Aristóbulo acumula experiencia parlamentaria, tiene conocidos entre los diputados actuales, es negociador y ejerce el cargo al cual la Constitución Nacional le asigna la misión de llevar las relaciones entre Miraflores y el Capitolio. Pero la habilidad negociadora de Aristóbulo puede estar dirigida a que la Asamblea no obtenga éxitos, en vez de amortiguar los conflictos entre ambos poderes.

Resulta absurda la decisión de que los ministros desacataran la comparecencia ante la Comisión Especial nombrada para analizar la coherencia económica, la viabilidad financiera y el alcance de las autorizaciones que solicita el Presidente en su Decreto de emergencia económica. Es tan contradictoria con la celeridad del trámite que proporciona otro indicio de que el Ejecutivo no quiere que le aprueben el Decreto.

En la literatura sobre control parlamentario, las interpelaciones son uno de sus instrumentos formales, mediante el cual los diputados reciben las informaciones, explicaciones y aclaraciones que demanden. Pero son también una excelente oportunidad para que el funcionario gubernamental comunique razones, argumentos, ejemplos, objetivos y justificaciones de las posiciones que debe defender. El gobierno le dio la espalda a esta oportunidad y a la promesa formulada por el Presidente.

Es evidente que el Ejecutivo no estaba listo para explicar medidas concretas. El tema de sus costos, fuentes de financiamiento, movimientos presupuestarios y reformas legales tenían que detallarse para cada objetivo concreto. Pero el gobierno se fuga hacia autorizaciones genéricas y sin ninguna limitación.

La negativa, seguramente decidida mucho antes de ser comunicada, configura una estrategia de relaciones conflictivas con la Asamblea Legislativa cuyos elementos más prominentes parecen ser, hasta ahora, el ataque para descalificarla o culparla de responsabilidades que el Gobierno busca quitarse de encima; el entorpecimiento sistemático de su labor y acciones de distracción para que desatienda su agenda de cambios y los compromisos asumidos con los electores.

Sólo la introducción del proyecto para convertir en propietarios a los beneficiados por la Misión Vivienda, ha producido un sacudón a la política clientelar que usa los recursos públicos para reforzar la dependencia de los beneficiarios ante el Estado.

El tema es que el agravamiento de los problemas, que ya nos afecta a todos, no aguanta jueguitos ni más maquillajes en el modelo. El gobierno tiene que aplicar las medidas que reiteradamente engaveta después de anunciarlas. No necesita otra habilitante disfrazada, sino abandonar el miedo a tomar las medidas para contener la destrucción de las condiciones de vida de la gente.

@garciasim

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