En el contexto de las tensiones militares con Estados Unidos, el líder chavista, Nicolás Maduro, ordenó la creación de una nueva App para que las personas reporten todo lo que considere un “peligro” para la paz del país.
Lo hace con el antecedente de la red social VenApp, creada con el propósito de recibir reportes de problemas comunitarios, que terminó usándose para delatar y perseguir a ciudadanos y la existencia de personas apresadas y ya condenadas por difundir información contraria al gobierno en redes sociales y plataformas de mensajería, especialmente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
La situación con EEUU, a partir del despliegue militar en el Caribe que ya lleva dos meses, es una excusa más para profundizar en el orden interno a través de la represión y la persecución política, advierten analistas consultados por Efecto Cocuyo. El uso de la tecnología para “minar” la confianza entre los habitantes de las mismas comunidades, alertan, es un instrumento que sirve para aumentar el control social.
“Delatores a cielo abierto”
Para el periodista, especializado en herramientas digitales y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz, la solicitud de Maduro podría considerarse una “confesión”, “un crimen de Estado visible”, al tomar en cuenta que la Corte Penal Internacional (CPI) investiga la persecución política contra opositores o así percibidos, como uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, a partir de las masivas protestas antigubernamentales de 2017.
“Cuando Maduro hace este anuncio, amplía la cantidad de personas que participan en el crimen. Ya no es una amenaza por televisión que hacen líderes del Psuv, sino que convierte a personas en delatores a cielo abierto, que pueden ser los que reparten la comida a través del Clap, el gas, que se empoderan aún más para castigar a los disidentes, los convierte en sus cómplices”, sostuvo.
Conocer sobre alguien apresado porque una persona de su propia comunidad lo delató por publicar un estado de Whatsapp o participar en chat grupales con información contraria al chavismo, se ha hecho frecuente luego de las presidenciales de 2024 y las protestas contra los resultados a favor de Maduro, anunciados por el Poder Electoral sin mostrar las evidencias.
Recientemente, 15 de octubre, se supo que un tribunal condenó a 10 años de cárcel a Verónica Andreína Rojas Soto, de 44 años, habitante de Los Teques, estado Miranda, tras ser acusada de incitación al odio. Según reseña de El Pitazo, la mujer fue señalada de emitir un comentario crítico sobre el gobierno de Maduro en una conversación privada por WhatsApp con una amiga y permanecía detenida desde hace tres meses.
La amiga de Rojas Soto también habría sido arrestada y liberada semanas después. Los comentarios de usuarios de redes sociales además de condenar la situación se enfilaron contra la amiga por considerar que ella misma la delató.
“El gobierno empodera, habilita a sus bases comunitarias a perseguir a sus propios vecinos. Esto es parte del terrorismo de Estado denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Buscan que la gente se calle, se inhiba, no participe en protestas. Esta persecución comunitaria genera exilio, gente que se va del país, por temor a ser detenida, migraciones internas (se mudan del barrio), clandestinidad, miedo a cualquier participación en público”, alertó Díaz.
Díaz, apresado de manera arbitraria en 2019 tras ser acusado de instigación a delinquir por supuestamente conspirar contra el gobierno, teme que la situación empeore si la orden de Maduro se consuma.
“Arquitectura del miedo”
“VenApp es una aplicación de inteligencia popular, que ha sido usada por el chavismo para instrumentalizar sus redes comunales en informantes, con lo que el anuncio de Maduro responde a tratar de aumentar la vigilancia contra las comunidades”, expresó Andrés Eduardo González, director de Politiks.
Otro caso reciente es el de la joven de 22 años, Randal Glendysmar Telles Peña, habitante del estado Barinas. Fue condenada, el pasado 14 de octubre, a 15 años de cárcel por incitación al odio. De acuerdo con el medio regional, Noticias Barinas, la detención se produjo a raíz de una denuncia anónima por la publicación de un video en la red social TIK Tok, atribuido a la joven, con información contraria al gobierno. La familia asegura que fue incriminada porque el audiovisual fue creado con inteligencia artificial.
“Lo más grave es que esta situación va desgarrando el tejido comunitario, se rompe la confianza en las comunidades. Si se produce un cambio democrático en Venezuela se va a pensar primero en los grandes perpetradores de crímenes de lesa humanidad, pero en las urbanizaciones y barrios se va a pensar en quienes les quitaron el Clap; el gas, solo por no estar de acuerdo con el gobierno. Ese será el peor legado de quienes así actúan”, lamentó Díaz.
Otro peligro que alertó el ciberactivista es que el sistema de delación promueva la venganza en el seno de las comunidades, al acusar, por ejemplo, de terrorista al vecino con quien se tenga un conflicto que no tenga nada que ver con la política. Recordó que según denuncias de familiares ha aumentado la violencia dentro de las cárceles contra los presos políticos.
“Es un grave daño que será difícil de reparar con el regreso a la democracia, porque cómo animas a la gente a dialogar con personas capaces de hacer tanto daño. La APP, lo digital es solo un instrumento, lo importante es la arquitectura del miedo que se monta”, subrayó.
Contra el “enemigo interno”
Un caso que causó conmoción fue el de Ariadna Pinto, de 20 años, quien estuvo detenida durante cinco meses y falleció poco después de salir de prisión por complicaciones de salud no atendidas durante su encarcelamiento. De acuerdo con familiares, fue denunciada por una jefa de calle de su comunidad en Tinaquillo, estado Cojedes, en medio de las protestas ciudadanas contra los resultados de las elecciones presidenciales.
Pinto fue acusada junto a otras personas por instigación al odio y al terrorismo. Para el momento de su arresto, la familia comunicó a las autoridades que padecía de diabetes mellitus tipo I desde los 10 años de edad.
Amnistía Internacional denunció en agosto de 2024 que Maduro alentó entonces a denunciar a través de la aplicación VenApp a «los manifestantes que cuestionan su reelección». En respuesta a su uso para delatar y perseguir a ciudadanos, recordó la ONG VEsinFiltro, las tiendas de Google (Play Store) y de Apple (App Store) retiraron la aplicación. La App actualmente se utiliza principalmente por su sitio web. Durante su alocución, Maduro llamó a tomar en cuenta esta experiencia como punto de partida de la nueva aplicación.
Para González, dicha “red de inteligencia popular” del chavismo , combinada con un fuerte aparato represivo, fue efectiva para neutralizar las protestas post 28 de julio, por lo que no considera extraño que el chavismo quiera repetir la fórmula en momentos en que ve amenazada su permanencia por un agente externo.
En su anuncio del 21 de octubre, Maduro pidió además que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) participe en la creación de la aplicación, además de las llamadas Unidades Comunales de Milicias- creadas en el contexto de las tensiones con EEUU- y las Bases Populares de Defensa Integral. Enfatizó que la App debe funcionar las 24 horas del día para que «el pueblo pueda reportar todo lo que ve, todo lo que oye».
Para Díaz, nada justifica más persecución en el país. Afirmó que la intención de Miraflores no es enfrentarse a un enemigo mayor, en este caso lo que consideran son amenazas de EEUU, sino reprimir a gente pacífica y desarmada bajo la tesis del enemigo interno.
“Sin duda esta nueva amenaza por parte del gobierno de Maduro agrava la crisis de derechos humanos en Venezuela, aumenta el miedo en la población a expresar descontento mientras la crisis económica va pegando con más fuerza”, añadió González.
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