Estimado diputado José Guerra y demás miembros de la Asamblea Nacional.
Por esta vía respondiendo a su solicitud, yo, economista Felipe Pérez Martí, CIV 4.447.052, les remito mi opinión sobre la propuesta de Decreto de Emergencia Económica Número 2.184. Publicado en la Gaceta 40.828.
Después de leer y considerar el decreto, debo decir que estoy en desacuerdo con su aprobación. La razón principal es que parte de un diagnóstico equivocado, y que pretende seguir con la misma política económica que produjo la emergencia, empoderando aún más a quien, con todo el poder bajo su mando, tanto económico como institucional, no sólo no evitó la situación en la que estamos, sino que la produjo directamente como consecuencia de su actuación en materia de políticas públicas, en particular en su formulación y ejecución de la política económica.
Es cierto que la situación es catastrófica, como lo dijo el presidente Maduro en la presentación del decreto. Las manifestaciones de esa catástrofe son la altísima inflación, la más alta del mundo; la agravada escasez de alimentos y medicinas; la contracción de la producción, especialmente en los sectores transables (agricultura e industria manufacturera); el empobrecimiento de la población, especialmente de los trabajadores, por la pérdida del poder de compra de su salario. Esos datos son conocidos por todos, y ahora reconocidos en parte, y tardíamente, por el gobierno.
Pero hay que decir claramente que se trata de una crisis completamente artificial. Que se debe a los desbalances macroeconómicos creados por la política económica:
1. Desbalance en lo fiscal, manifestado en más de cinco años seguidos con un déficit de más de 10% del PIB.
2. Una emisión de dinero para financiar esos déficits en más de un 70%, generando un desbalance monetario, que, en vez de controlar la inflación, la produce.
3. Un régimen cambiario:
3.1. Que implica unas oportunidades de arbitraje tan grandes, que incentivan y sustentan procesos de sobrefacturación y comisiones gigantes, que implican grandes transferencias de ganancias desde el estado a los corruptos, tanto públicos como privados.
3.2. Que implica que el subsidio implícito llegue a los sectores a los que se pretende beneficiar, cuando se pueden tener otros mecanismos de subsidios y redistribución de ingreso realmente eficientes, sin regalar las divisas que pertenecen a todos, en particular a los pobres y la clase media, a través del gasto bien diseñado del estado, por vía de los programas sociales respectivos.
3.3. Que significa una sobrevaluación de la moneda a niveles aún más grandes que los que naturalmente tenemos por la enfermedad holandesa, que producen incentivos a las importaciones, y desincentivos a las exportaciones no petroleras, exacerbando el rentismo, el subdesarrollo productivo nacional, y la dependencia del petróleo en lo fiscal y lo productivo...
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