En estas nefandas circunstancias, los atropellos laborales en la administración pública no cesan. Y tienen obvias repercusiones en la empresa privada. Una insólita comunicación, emanada de la Dirección de Gestión de Capital Humano de la USB, "en nombre de las autoridades (sic - debería decir interinas, como son) de la Universidad Simón Bolívar", deja en claro y por escrito que a algunos jubilados nos dejaron en cero las prestaciones sociales, o sea, nos las arrebataron.
El caso es que, como todos conocemos, ha habido eso que mientan "reconversiones monetarias", de las cuales midieron en nada sus repercusiones, entre ellas estas de las prestaciones sociales de los trabajadores. El comunicado insólito, marcado con el número 77, da cuenta de una información que hemos venido manejando extraoficialmente, por medio de reuniones informales indagatorias con funcionarios dentro y fuera de la universidad, al hacer público el requerimiento preciso de la información, la establecen, dejando asentado, por escrito, el descomunal despropósito.
Voy. Allí se aclara desde cuándo no se paga el derecho laboral adquirido de las prestaciones sociales: en 2014, imagínense, en 2014, pagaron lo correspondiente a quienes se jubilaron hasta el primer semestre del año 2012. O sea, tienen más de 13 años que no cancelan absolutamente nada de las prestaciones sociales acumuladas de los jubilados. Una pelusita. Y hay más, mucho más. En esos 13 años los intereses causados a quienes no les han pagado su derecho los han venido cancelando cuando se acuerdan, si se acuerdan, a veces. No sistemáticamente, como corresponde. Causando daño económico mayor a los trabajadores. Aclaremos que las prestaciones hoy en día no resuelven nada a quien trabaja, son ya una minucia simbólica, más que nada.
La circular 77 espeluzna. Por ello, me atrevo a citar largamente: "No se cuenta con una metodología aplicable en virtud de las reconversiones monetarias que ha experimentado la moneda venezolana en los últimos años. En consecuencia, todo el personal que se jubiló, egresó o se pensionó entre el segundo semestre del año 2012 y el año 2019 mantienen acumulado de prestaciones sociales en cero". En cero. Nos quitaron las prestaciones sociales.
Pero, para no hacer tan largo este escrito, es necesario aclarar con suficiencia, que las prestaciones sociales son un derecho adquirido, constitucionalmente adquirido por los trabajadores, que, como los sueldos, son de exigibilidad inmediata. Y si bien no resuelven ahora nada al trabajador, los derechos laborales son intangibles, progresivos e irrenunciables. Por lo tanto, la USB y toda la administración pública afectada tienen la obligación, en principio, de reconocer de inmediato ese derecho constitucional afectado, de pagarlo y ponerse al día con los trabajadores y de pagar las deudas por intereses acumulados estos años que han sido de más afectación económica para el trabajador. Si a esto le sumamos el hecho de la destrucción salarial y de los sueldos, se entiende el acabamiento de las universidades y de la educación en su mayor amplitud, que no es solo los sueldos y la protección social. ¿Será por esto que en la USB se llamó este año a concurso para 314 plazas de profesores universitarios, de personal académico? ¿Cuánto de ese personal se logró captar en estas infames condiciones laborales? Nada menos.
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