El país que más cocaína produce en el mundo –Colombia– quiere romper los lazos que lo vinculan en materia de colaboración en inteligencia con el país que más afectado se encuentra por el tráfico ilícito de esta droga: Estados Unidos. Estamos frente a un sinsentido político colosal ideado por Gustavo Petro, quien a través de la red X ordenó detener los "tratos con agencias de seguridad estadounidenses" mientras continúen los bombardeos en el Caribe.
Colombia, un país históricamente aliado con Washington en la guerra contra los carteles de la droga, deberá enfrentar devastadoras consecuencias si la medida en cuestión llegara a ser puesta en ejecución.
La principal razón es que Colombia depende del soporte técnico extranjero –satélites, sistemas de inteligencia, cooperación internacional– que son imposibles de replicar en solitario. Se trata de toda una infraestructura que tiende a volverse obsoleta rápidamente y que requiere actualización continua, además de que resulta ser difícilmente financiable sin socios externos que soporten la carga.
La suspensión del flujo informativo de inteligencia entre los dos países, lo que resulta ser el primer paso, facilita, sin duda alguna, la operación de organizaciones criminales en el territorio neogranadino, al reducirse la capacidad de las autoridades para detectar y frenar las rutas de drogas. No contar con información oportuna sobre amenazas transnacionales, tráfico de armas, traslado de grupos armados o narcotraficantes vulnera la seguridad interna y la defensa de los ciudadanos, al tiempo que debilita el control territorial de las fuerzas armadas y del gobierno.
Una ruptura o una amenaza de ruptura de colaboración con Estados Unidos incidirá de inmediato en la imagen internacional de Colombia como aliado confiable en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, lo que tendrá consecuencias diplomáticas, pero a la vez provocará la inhibición de ayudas o cooperación futura de países y de organismos especializados. Colombia pudiera, de esta forma, terminar muy aislada en asuntos de seguridad.
Este contexto de ruptura o debilitamiento de la cooperación con Estados Unidos cobra aún más relevancia —y gravedad— si se combina con recientes escándalos que están aflorando en torno a las fuerzas armadas del país. El caso es que concomitantemente con el anuncio de Gustavo Petro, la Fiscalía de Colombia abrió una investigación sobre miembros de alto rango del Ejército y de la inteligencia supervisados por el gobierno —entre ellos altos mandos que habían sido promovidos durante la administración de Petro— por presuntos vínculos con disidencias de la antigua FARC, dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas y filtración de inteligencia. Según las investigaciones dadas a conocer por The Wall Street Journal y otros medios colombianos, estas personas podrían haber facilitado armas, dinero y rutas de narcotráfico, además de entregar información confidencial a grupos ilegales sobre movimientos de tropas u operativos.
Huelga subrayar que los dos hechos acumulados tienden a vulnerar aún mas al país colombiano en un momento diplomático muy álgido, cuando el mar Caribe es el escenario de la batalla sin cuartel contra el narcotráfico que ha decidido poner en marcha el presidente Donald Trump por razones de seguridad interna estadounidense.
La credibilidad del Estado colombiano bajo la administración actual está quedando seriamente cuestionada ante la comunidad internacional en su compromiso anticorrupción y antinarcóticos. Las redes criminales o insurgentes no dejarán de aprovechar a su favor el vacío de supervisión internacional y de cooperación externa para consolidar rutas de drogas, armas y lavado de activos.
Es imposible no interrogarse si no es esto, justamente, lo que Gustavo Petro está favoreciendo con el corte de los lazos de cooperación en inteligencia que unen a Colombia con Estados Unidos.
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