La organización independiente Crisis
Group, cuya misión es evitar conflictos y diseñar políticas que
contribuyan a preservar la paz, publicó recientemente un informe
titulado El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela en el que
destacan que lo que sucede en los estados del sur del país, Bolívar y
Amazonas, constituye una prueba de fuego para determinar si Venezuela
puede salir de su crisis actual en paz.
En el informe destacan que grupos
criminales violentos vienen ejerciendo control sobre las comunidades
mineras, a menudo en complicidad con las autoridades y con participación
de guerrillas y desmovilizados colombianos que han cruzado el río
Orinoco para sumarse a la actividad minera ilegal.
A juicio de Crisis Group, las riquezas y
la proliferación de insurgentes en el sur “complican las perspectivas
de una transición pacífica en Caracas al reforzarse la resistencia
militar a un cambio político y avivarse los riesgos de violencia
transfronteriza y de una guerra de baja intensidad”.
De allí que consideren que la atención
humanitaria para poblaciones en el sur, la comunicación regular entre
fuerzas armadas vecinas, los esfuerzos renovados por hacer la paz con
las guerrillas y la limpieza del comercio de oro “resultarán ser vitales
para aliviar las tensiones y proteger a los venezolanos vulnerables”.
La organización hace énfasis en las
dificultades, que estas condiciones de proliferación de la minería
ilegal y expansión de grupos criminales, enfrentan las comunidades
locales, principalmente indígenas, no solo en materia de seguridad, sino
también de salud y ambiente. “El aislamiento extremo, un estado
opresivo y la presencia de las fuerzas de seguridad silencian a muchas
de estas comunidades”, expresan en el resumen ejecutivo.
En un contexto político inédito, con un
gobernante de facto -Nicolás Maduro- amarrado al poder y un líder
opositor -Juan Guaidó- que asumió el cargo de presidente interino desde
el 23 de enero y ha sido reconocido por buena parte de la comunidad
internacional, Crisis Group observa en el conflicto de minerales en el
sur del país un aspecto clave del devenir político nacional.
“En este clima ya tenso, los intereses
financieros afianzados y la inestabilidad en el sur podrían socavar las
perspectivas de un cambio de poder pacífico. Las ganancias de la minería
ilegal son uno de los flujos de ingresos más codiciados por las fuerzas
armadas; su deseo de proteger esos ingresos fortalece su lealtad hacia
Maduro y le da al gobierno un salvavidas económico”.
La organización internacional asoma que
los movimientos transfronterizos de la guerrilla colombiana Ejército de
Liberación Nacional (ELN) o de las facciones disidentes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en las regiones
mineras podrían provocar un choque entre las fuerzas armadas de Colombia
y Venezuela y dada la animosidad entre los dos Estados y el apoyo
venezolano al ELN, “Bogotá bien podría percibir los ataques futuros del
ELN en suelo colombiano como un golpe ordenado por Caracas”.
Crisis Group indica que, según
testimonios, los grupos armados no estatales operan en confabulación con
oficiales de la Guardia Nacional y el comando militar regional,
alcanzando a altos rangos del gobierno y las Fuerzas Armadas, que
coordinan las ventas internacionales de oro del Arco Minero del Orinoco.
La posibilidad de que fuerzas
extranjeras intervengan para presionar un cambio político, vista la
posición de Estados Unidos cuyos funcionarios han señalado que todas las
opciones están sobre la mesa, también es un punto de atención en este
contexto.
“Una intervención de fuerzas extranjeras
en Venezuela para destituir a Maduro por solicitud de Guaidó podría
suscitar el apoyo de estos grupos insurgentes a la causa del gobierno
actual y, en el peor de los casos, perpetuar un conflicto de baja
intensidad”.
La organización sostiene que “el
reconocimiento del posible empeoramiento de los violentos disturbios en
Bolívar y Amazonas debe orientar la política regional e internacional
hacia Venezuela, en especial en el caso de un cambio en la
administración en Caracas”, y recalcan que las fuerzas armadas
colombianas y venezolanas posicionadas en la frontera deben reconocer
los graves riesgos que representan los movimientos insurgentes
transfronterizos para la paz de la región.
Puntualizan que los poderes externos y
la oposición venezolana también deben frenar los llamados a una
intervención militar extranjera en Venezuela, que -sostienen- solo sirve
para incitar a estos grupos a luchar contra los ejércitos extranjeros
“y a proteger a sus patrones dentro del gobierno de Maduro. Las
autoridades colombianas deben descartar por completo la posibilidad de
una incursión militar en Venezuela para atacar al ELN dado que expondría
a los civiles a niveles de violencia aún mayores”.
En su resumen ejecutivo, destacan
finalmente que el sur de Venezuela tiene una necesidad urgente de ayuda
humanitaria, así como de un programa para frenar la epidemia de malaria y
una “respuesta internacional concertada”.
En este punto, advierten que
las sanciones a las exportaciones de oro impuestas por Estados Unidos,
darían como resultado más probable un aumento del control de los
traficantes sobre el comercio. “Alejar el oro de los circuitos de
criminales y de los funcionarios corruptos requerirá en cambio una
transformación gradual de los enclaves mineros del sur de Venezuela, con
base en la aplicación de las directrices de debida diligencia
internacional en el comercio de oro y coltán por parte de los Estados
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
http://revistasic.gumilla.org/
Crisis Group observa en el conflicto de minerales en el sur del país un aspecto clave del devenir político nacional.
ResponderBorrar“En este clima ya tenso, los intereses financieros afianzados y la inestabilidad en el sur podrían socavar las perspectivas de un cambio de poder pacífico. Las ganancias de la minería ilegal son uno de los flujos de ingresos más codiciados por las fuerzas armadas; su deseo de proteger esos ingresos fortalece su lealtad hacia Maduro y le da al gobierno un salvavidas económico”.
La organización internacional asoma que los movimientos transfronterizos de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en las regiones mineras podrían provocar un choque entre las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela y dada la animosidad entre los dos Estados y el apoyo venezolano al ELN, “Bogotá bien podría percibir los ataques futuros del ELN en suelo colombiano como un golpe ordenado por Caracas”.
Crisis Group indica que, según testimonios, los grupos armados no estatales operan en confabulación con oficiales de la Guardia Nacional y el comando militar regional, alcanzando a altos rangos del gobierno y las Fuerzas Armadas, que coordinan las ventas internacionales de oro del Arco Minero del Orinoco.