En nuestro caso la incompetencia es el virus de las instituciones, todos los otros poderes públicos permitieron que el Ejecutivo los despojara de su independencia y se han consagrado distintas clases de ciudadanos, algunos de los cuales pueden actuar fuera de la ley con impunidad.
La aberración autoritaria implica que el poder se toma a sí mismo como el referente de legalidad: no es el voto del pueblo su fuente, ni la Constitución su marco, sino el dictamen de la persona colocada en la cúspide de la autocracia centralista.
Cuando el gobierno agrede a la gente se hace imperativo que los ciudadanos asuman su defensa frente a quienes dejan de protegerlo. Algunos de estos ataques, como la matraca y las alcabalas para cobrar peaje, han terminado por ser admitidos como parte del sistema. Pero en términos de quitarnos el pan, las medicinas o la libertad de expresión no hay que dejarse.
Desde hace muchos años en Venezuela se produjo un golpe de Estado. Se inició cuando se cumplió la profecía leninista de tomar el Estado desde el gobierno. Y se terminó de materializar cuando el régimen logró cambiar la naturaleza institucional de las fuerzas armadas y las convirtió en el brazo armado de un proyecto ideológico que excluye a la democracia.
Ese golpe de Estado instauró un modelo institucional y económico que ha entrado en su fase terminal. Una fase donde todo lo que toca o lo destruye o se lo roba. Una fase con un final rodeado de vueltas y revueltas, de tensiones y conflictos porque es difícil que unos aprovechadores abandonen sus privilegios y unas mafias delincuentes entreguen lo que es su zona de impunidad.
No hay una guerra convencional, pero las fracasadas y destructivas políticas de la cúpula gubernamental nos han puesto a vivir como si la hubiera. Nuestra catástrofe es un gobierno ineficaz y corrupto, sin pueblo y sin soluciones, tan débil que le horroriza consultar al pueblo sobre si el presidente debe o no ser revocado. En vez de acatar la Constitución Nacional se coloca en rebeldía contra ella, intentando criminalizar el referendo y bloquearlo ilegalmente a través de maniobrillas del CNE y de la CSJ.
La protesta cívica de un grupo de diputados mostró el dilema: planillas o peinilla, ley o violencia. La metáfora de la locura es que la casa de los votos se niegue a convocar una elección que la mayoría de los venezolanos quiere.
¿Después que el CNE y la CSJ cierren las vías constitucionales para resolver la crisis que va a ocurrir? La posibilidad de restablecer la vigencia de la Constitución Nacional y abrir una transición pacífica y democrática pasa hoy por la actitud de los dirigentes del PSUV y la lealtad constitucional de la Fuerza Armada.
@garciasim
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