Según el artículo 4 de la Constitución de 1999, Venezuela es un "Estado federal descentralizado", pero al igual que muchos otros valores y derechos consagrados en la Carta Magna, la transferencias de poderes desde el Gobierno central hacia los estados y municipios es un concepto que a duras penas trasciende el papel.
Aunque una piedra angular del discurso oficial es la premisa de "darle más poder al pueblo", ello pretende hacerse sobre la base de una relación clientelar entre los mandatarios regionales y locales con el poder central, que mucho recuerda al centralismo de la "cuarta república"; de hecho, la asignación de recursos imprescindibles para el funcionamiento de las instituciones, el pago de empleados, servicios, proyectos de infraestructura y programas de inversión social está condicionada a la alineación política con la Presidencia.
Para nadie es secreto que las gobernaciones y alcaldías que no están controladas por "la revolución" sufren una evidente asfixia financiera y riguroso escrutinio fiscal, mientras que en la otra acera mandatarios "leales al proceso" obtienen un generoso respaldo financiero y político, que extrañamente no logra traducirse en soluciones eficaces a los problemas y necesidades de las poblaciones bajo su jurisdicción.
Esta realidad se hace mucho más patente en tiempos de campaña electoral, cuando el Presidente (de todos los venezolanos) encabeza faraónicas concentraciones para levantarle el brazo a sus abanderados y, en cadena nacional, declara de viva voz su compromiso de enviar "todos los recursos necesarios" para el desarrollo de las entidades, siempre y cuando estén conducidas por gobernadores y alcaldes "socialistas".
Tomando en cuenta lo anterior, no es de extrañar que surjan interrogantes sobre presuntas intenciones ocultas tras el amparo judicial otorgado el pasado viernes, que ordenaba congelar 90 millardos de bolívares fuertes que irían al pago de aguinaldos de trabajadores regionales y becas universitarias del programa JEL, que ahora tienen un futuro incierto.
La versión oficialista declara que la medida corresponde a una acción reivindicativa del derecho de jubilados de la Gobernación que exigen sus pasivos laborales, mientras que el Ejecutivo regional afirma que se trata de una manipulación sindical con fines político-electorales que busca evitar que una gestión no alineada con "la revolución" pueda cumplir compromisos pendientes.
La verdad verdadera aún está por conocerse, pero a la luz de los antecedentes las suspicacias lucen como algo más que gratuitas. La Verdad.com
