El ajuste anunciado por el gobierno mantiene congelado el salario mínimo en menos de un dólar y traslada el peso de la remuneración a bonos sin impacto en prestaciones sociales
El anuncio del gobierno venezolano de elevar el llamado “ingreso mínimo integral” a 240 dólares mensuales abrió un nuevo debate sobre el deterioro salarial en Venezuela y las limitaciones del actual esquema de remuneración basado en bonos. Para el economista e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB, Demetrio Marotta, el ajuste no representa una mejora estructural para los trabajadores y, por el contrario, “los mantiene en una trampa de pobreza”.
El nuevo monto, anunciado el 30 de abril, está compuesto por 200 dólares del Bono de Guerra Económica y 40 dólares correspondientes al cestaticket. Sin embargo, el salario mínimo oficial continúa congelado en 130 bolívares mensuales, equivalente a alrededor de 0,30 dólares al tipo de cambio del momento.
Marotta sostiene que el problema central no es únicamente el monto, sino la naturaleza del ingreso. “Lo que se aprobó fue pura liquidez”, afirma, al recordar que los bonos no tienen incidencia en prestaciones sociales, vacaciones, utilidades ni otros beneficios contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo.
El investigador también subraya la enorme distancia entre ese ingreso y el costo real de vida. La Canasta Básica Alimentaria supera actualmente los 500 dólares mensuales, por lo que el ajuste anunciado apenas cubre menos de la mitad de los gastos esenciales de una familia.
Bonos sin salario y riesgo para las empresas
Otro de los puntos críticos señalados por el economista es la ausencia de publicación oficial del ajuste en Gaceta Oficial. A su juicio, esto genera incertidumbre jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.
Según explica, mientras el sector público asume automáticamente el pago del Bono de Guerra a través del sistema Patria, en el sector privado no existe todavía claridad legal sobre cómo debe aplicarse el nuevo esquema ni sobre la base de cálculo de obligaciones adicionales, como el aporte previsto en la Ley de Protección de las Pensiones.
Esa normativa obliga a las empresas a cancelar al Estado un aporte equivalente al 9% de los pagos realizados a sus trabajadores, incluyendo salarios y bonificaciones. La falta de definiciones oficiales, advierte Marotta, podría provocar que muchas pequeñas y medianas empresas retrasen ajustes salariales o incluso reduzcan nómina.
“El efecto en cierres de empresas y despidos podría ser selectivo y asimétrico”, señala el especialista, quien además alerta sobre un posible incremento de la informalidad laboral mediante pagos no registrados o contratación bajo figuras independientes.
Inflación, consumo y una economía atrapada
Aunque el incremento del ingreso mínimo podría generar presión sobre algunos costos empresariales, Marotta estima que el impacto inflacionario será limitado. Muchas compañías ya venían pagando montos cercanos a los 240 dólares para retener personal y habían ajustado previamente los precios de bienes y servicios.
El economista considera que el problema inflacionario venezolano responde más a factores estructurales: alta presión tributaria, debilidad del crédito, baja inversión y restricciones económicas que afectan la producción.
En ese contexto, insiste en que Venezuela enfrenta un “círculo vicioso”: los salarios son demasiado bajos para estimular el consumo, pero al mismo tiempo las empresas operan en un entorno tan precario que tampoco tienen capacidad de aumentar remuneraciones de forma sostenible.
“Si no aumentan los salarios, no hay consumo; si no hay consumo, las empresas no venden más ni se expanden”, resume.
Reforma laboral: oportunidad o retroceso
Marotta considera que el anuncio del gobierno podría ser una señal de apertura para discutir una reforma laboral en la Mesa de Diálogo Social acompañada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, advierte que los trabajadores llegan debilitados a esa discusión.
A su juicio, el empresariado tiene actualmente una representación más sólida y organizada que los sindicatos, lo que podría derivar en cambios legales orientados más a flexibilizar costos laborales que a fortalecer derechos.
El investigador cree necesario revisar aspectos del marco laboral vigente para facilitar la contratación formal y estimular la inversión, pero insiste en que cualquier reforma debe preservar garantías fundamentales para los trabajadores.
Datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), en cuya elaboración participa el IIES UCAB, muestran que cerca de 80% de los trabajadores venezolanos se encuentran en condiciones de informalidad: sin cotización al seguro social, vacaciones pagadas o contratos formales.
Las medidas económicas que propone la UCAB
Más allá del debate salarial, Marotta sostiene que Venezuela necesita cambios económicos de mayor profundidad para recuperar capacidad de crecimiento.
Entre las medidas planteadas por el IIES UCAB menciona la reducción de la presión fiscal sobre las empresas, flexibilización del encaje legal para impulsar el crédito bancario, ajustes en la política cambiaria y reformas que faciliten la formalización de negocios.
Aunque reconoce que la economía venezolana ha mostrado pequeñas señales de recuperación, advierte que el país todavía opera a una fracción de su tamaño previo a la crisis.
“La economía está a un tercio de lo que era en 2013. Cualquier mejora pequeña se nota, pero eso no significa una recuperación masiva”, concluye.
