Mientras los trabajadores reclaman un salario mínimo cercano a los $300 mensuales, economistas advierten que esa cifra es inviable en el corto plazo, aunque reconocen que la demanda es justa frente al deterioro del ingreso en el país
Venezuela está cambiando, o al menos esa es la percepción dominante. En los primeros meses del año se proyecta un mayor ingreso de divisas por la vía petrolera, lo que podría llevar a que el PIB cierre 2026 con un crecimiento cercano al 10%. Sería una noticia positiva para un año en el que inicialmente se esperaba una contracción económica. También se anticipa una desaceleración de la inflación, aunque el país seguiría registrando la más alta del mundo.
Ahora bien, los problemas acumulados durante más de una década no desaparecen de la noche a la mañana. La recuperación del bienestar exige una reestructuración económica profunda. El aumento del poder adquisitivo sigue siendo una tarea pendiente y, aunque millones de venezolanos esperan un incremento salarial, en términos macroeconómicos un aumento significativo del salario en 2026 luce, sencillamente, inviable.
Los economistas concuerdan en que el salario mínimo en Venezuela (menos de un dólar mensual) es una burla y que la capacidad adquisitiva de los venezolanos se ha visto mermada enormemente durante más de una década. Pero también todos concuerdan que aumentar los sueldos al precio de la canasta básica ($ 677 mensuales), o incluso subirlo a lo que proponen los trabajadores (entre $200 y $300 al mes) no es posible en el contexto actual.
Para el economista José Manuel Puente, este es el momento para ser optimista con cautela. «Los cambios no se van a dar de la noche a la mañana en términos salariales».
La realidad es que los ingresos que recibirá el país en 2026 tampoco son tan elevados como algunos suponen, y resultan insuficientes para cubrir las demandas salariales de cerca de 8 millones de trabajadores y pensionados del Estado venezolano.
El economista Asdrúbal Oliveros lo deja claro: «La capacidad del Estado para aumentar los sueldos es muy limitada, con todo y alza del petróleo. Subir salarios es necesario. Pero si no hay productividad, crecimiento y recursos detrás, el resultado suele ser inflación o mayor precariedad».
Un Estado enorme, unos ingresos limitados
En Venezuela mucha gente trabaja para el Estado. Las cifras no son exactas ante la falta de publicación de data por parte del gobierno. Los datos más precisos que se tienen son del año 2022, cuando la ONG Trasparencia Venezuela recibió un borrador del presupuesto de la nación, que tampoco se publica por ningún medio desde el 2017.
Lo que reveló la ONG resultó alarmante. Para el 2022 la administración pública nacional incluía más de 5,5 millones de trabajadores, de los cuales alrededor de 4,44 millones pertenecían al sector militar. Esto representa más del 80 % de la nómina pública adscrita al ámbito militar y no al sector civil tradicional como educación o salud.
Dentro de esos números, Transparencia Venezuela contabilizaba 364.625 docentes y 42.489 funcionarios del sector salud, cifras que contrastan con el volumen total de empleados estatales según esa misma documentación presupuestaria.
Según los cálculos del economista Luis Oliveros, las cifras son incluso más exigentes. Durante un programa en Unión Radio, explicó que en el país hay alrededor de 8 millones de trabajadores y pensionados, mientras que el aumento estimado de ingresos petroleros para este año rondaría los 8.000 millones de dólares. Aun si todo ese dinero se destinara exclusivamente a salarios —algo poco probable— el resultado sería un incremento aproximado de 1.000 dólares al año por persona, es decir, unos 80 dólares mensuales.
Con estos números, el tema del aumento salarial no solo pasa por tomar una decisión política, sino que implica un plan de crecimiento prolongado y sostenido de la economía para poder dar pasos hacia esta dirección. Y no, no será ni rápido ni fácil.
El economista y consultor Jesús Palacios estima que, incluso con un crecimiento anual del PIB cercano al 10 %, tomaría entre 10 y 15 años para que el PIB per cápita vuelva a los niveles previos a la crisis de 2013, por lo que no se puede tampoco esperar que los ingresos se recuperen de la noche a la mañana.
Reducir el tamaño del Estado y cambiar la Ley
Para poder pagar más, se tiene que pagar a menos. Los analistas coinciden que disminuir el tamaño del Estado es necesario, aunque eso no sea popular. Una política de privatización de empresas que habían sido expropiadas es una vía, aunque eso implica que la nómina de esas empresas se privatizaría y en consecuencia muchas de ellas se reducirían al tener más personal del necesario.
Sin embargo, una privatización ni siquiera es viable si no existen cambios en la legislación actual que regula el trabajo en Venezuela. Para el expresidente de Fedecámaras y miembro del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jorge Roig, el debate sobre los salarios en Venezuela pasa inevitablemente por revisar cómo funciona hoy el sistema laboral. En una entrevista con Fedecámaras Radio, planteó que es necesario replantear reglas como las prestaciones sociales y la inamovilidad laboral, dos pilares del esquema vigente.
La idea es abrir la puerta a un modelo más flexible que permita ordenar la estructura salarial, reducir la informalidad que domina gran parte de los ingresos de los trabajadores y dar a las empresas mayor claridad sobre cuánto cuesta mantener una nómina en un entorno inflacionario.
Sí, los trabajadores venezolanos quieren un aumento de sueldo, pero los empresarios quieren una Ley del Trabajo en los que estos aumentan se puedan sostener.
$500 de sueldo: ¿para cuándo es posible?
Un aumento en los ingresos es posible, pero lamentablemente para muchos analistas es poco probable que sea el que se espera. Cualquier recuperación del ingreso de los trabajadores dependerá de que el crecimiento económico sea sostenido y no solo coyuntural. En una economía que aún intenta estabilizarse y con una base productiva reducida, los márgenes para aumentos salariales generalizados siguen siendo estrechos.
A juicio del José Manuel Puente, incluso en el escenario más favorable —una transición política consolidada, con nuevos poderes públicos y un gobierno que implemente con éxito un plan macroeconómico de estabilización— Venezuela tardaría al menos cuatro años en recuperar un salario mínimo cercano a los 500 dólares mensuales. En una proyección más realista, ese objetivo podría tomar hasta una década.
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