Venezuela volvió a ubicarse entre los países con mayor percepción de corrupción del mundo, al ocupar el tercer lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional. El país obtuvo apenas 10 puntos sobre 100, quedando solo por encima de Somalia y Sudán del Sur entre 182 naciones evaluadas.
Medios españoles han puesto el foco en Delcy Rodríguez, encargada interina de Venezuela, por posibles vínculos con actos de corrupción. Investigaciones que involucran al empresario español Víctor de Aldama señalan su participación en operaciones de financiación irregular, un caso que actualmente se encuentra bajo examen de la Audiencia Nacional.
Además, Rodríguez figura en el controvertido “Delcygate”, la polémica reunión en Madrid que violó sanciones de la Unión Europea y que aún genera interrogantes. Su presencia en ambos escándalos evidencia la estrecha y cuestionada conexión política y financiera entre actores venezolanos y españoles, poniendo de relieve la forma en que las redes de poder y corrupción contribuyen a la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela.
Para muchos venezolanos, esta realidad no resulta sorprendente. Tras más de dos décadas de tensiones políticas, crisis económica y denuncias sistemáticas de violaciones a los derechos humanos, gran parte de la población ha llegado a percibir la corrupción y el autoritarismo como una parte cotidiana del ejercicio del poder en el país.
En una entrevista, el general Herrera Betancourt señala que la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y otros delitos entre miembros de la organización se deben a la ausencia de valores fundamentales, la discrecionalidad en la justicia y la pérdida de la esencia de la Fuerza Armada.
Por otro lado, en una entrevista con El Nacional, María Méndez, venezolana del Distrito Capital que vivió de cerca los hechos de la madrugada del 3 de enero de 2026, afirma que la corrupción también ha penetrado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Según ella, la institución optó por defender a un régimen criminal en lugar de apoyar al pueblo venezolano el 28 de julio de 2024.
Méndez sostiene que, si la FANB hubiera estado del lado de la población, “no se hubiera ridiculizado” ante la crisis actual. Para ella, la tragedia que vive el país refleja cómo la corrupción ha socavado las bases de Venezuela, dejando a su paso hambre generalizada, salarios indignos y una profunda sensación de caos. Asimismo, expresa la esperanza de que pronto llegue una transición política que traiga justicia para las víctimas y la liberación de quienes considera injustamente encarcelados. Asegura que los ciudadanos “ya no aguantan más esta situación” y anhela que todos puedan participar en unas elecciones libres y transparentes que permitan una verdadera transformación del país.
Por su parte, la ONG Human Rights Watch señaló que las autoridades venezolanas deben tomar medidas inmediatas para reformar instituciones judiciales y electorales clave, así como derogar leyes abusivas.
Además, ha quedado al descubierto el profundo sufrimiento de los familiares de los presos políticos, quienes luchan incansablemente por la libertad de sus seres queridos. Muchos de ellos han sido víctimas de un sistema corrupto y represivo que los mantiene injustamente encarcelados; una lucha diaria que refleja tanto la angustia como la resistencia de quienes se niegan a aceptar la injusticia como destino. Un régimen que miente sistemáticamente a sus ciudadanos y juega con su sufrimiento, continúa torturando la esperanza de quienes exigen la liberación de sus familiares.
Desde el pasado 8 de enero de 2026, los anuncios realizados no se han cumplido. La manipulación quedó en evidencia cuando Jorge Rodríguez visitó la zona 7, generando expectativas que rápidamente se convirtieron en falsas ilusiones. Este tipo de acciones no solo evidencia el descaro del gobierno, sino que también profundiza la frustración y desconfianza entre la población, mostrando hasta qué punto el régimen prioriza su imagen y su control por encima de la justicia y la vida de los ciudadanos.
Aunque recientemente fue aprobada la ley de amnistía, distintos sectores la consideran insuficiente, ya que no garantiza la liberación plena de todos los presos políticos ni establece mecanismos claros de reparación. Para muchos, más que un acto de reconciliación, la medida parece una estrategia política para mantener el control sobre quién recibe justicia y quién no.
La corrupción estructural en Venezuela no solo socava las instituciones y la economía, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos y perpetúa la injusticia. Solo una combinación de reformas institucionales, justicia efectiva y participación democrática puede ofrecer una salida a la compleja crisis humanitaria y política que atraviesa el país.
Artículo escrito por Rosangel Mendoza para El Nacional
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