La caída de un régimen no siempre llega con urnas ni con tanques. A veces comienza cuando el poder pierde el control del dinero, del miedo y del relato, y descubre que administrar la derrota es la única forma de sobrevivir.
En política internacional, los regímenes no siempre caen: a veces son desmontados. No por la irrupción súbita de una revolución democrática, sino por la lenta sustitución de sus resortes materiales —finanzas, coerción, legitimidad— por un andamiaje externo que convierte al viejo poder en administrador de su propia derrota. Desde enero de 2026, Venezuela parece haber entrado en esa zona gris: el primer experimento contemporáneo de desmontaje tutelado de un régimen autoritario “desde adentro”, con la energía como palanca principal.
El episodio es, en apariencia, venezolano. Pero en realidad sugiere algo más grande: una prueba piloto del nuevo orden que Washington intenta imponer a un mundo menos liberal, más transaccional y abiertamente competitivo. Si el siglo XXI comenzó con la promesa de integración global y terminó con la resaca de la interdependencia, Venezuela podría ser el laboratorio donde se ensaya la fórmula: Estabilidad primero, legitimidad después; flujo petrolero asegurado, soberanía redefinida; instituciones restauradas solo cuando el terreno ya no arde.
El regreso de la historia y la ingeniería del orden
En 1989, el Muro de Berlín cayó y, con él, la idea de que la coerción sostenida podía gobernar indefinidamente en contra de la realidad económica. En 2003, la ocupación de Irak pretendió demostrar lo contrario: que el poder militar podía reescribir Estados desde arriba. Ambos episodios —la implosión soviética y la reconstrucción fallida en Medio Oriente— se han convertido en advertencias simétricas: el colapso no garantiza democracia; la intervención no garantiza Estado.
Venezuela en 2026 parece la síntesis incómoda de esas lecciones. No se habla de anexión ni de ocupación formal, sino de supervisión operativa: un régimen que conserva el cascarón del poder interno mientras cede, de facto, parte de la soberanía funcional en áreas críticas. La narrativa es quirúrgica: no sustituir de inmediato al viejo aparato —riesgo de caos— sino capturar sus palancas: dinero, petróleo, coerción y acceso al exterior.
Esta es la lógica de la tutela: evitar el vacío y, sobre todo, impedir que el vacío lo llenen las fuerzas que el propio régimen incubó —fracturas militares, insurgencias, economías ilícitas. En otras palabras: la prioridad no es el voto, sino el orden; no es la alternancia, sino la contención del colapso.
Un Estado tutelado, no un Estado ocupado
El concepto de “Estado tutelado” suele invocar imágenes coloniales. Pero su versión contemporánea es más sutil. Un país puede mantener soberanía formal ante la comunidad internacional y, sin embargo, ceder elementos esenciales de su soberanía práctica: control de flujos financieros, coordinación de seguridad, condicionamiento de la política exterior, supervisión sectorial.
En el caso venezolano, el punto de anclaje es el petróleo. La energía opera como mecanismo de estabilización y como instrumento de tutela. Si el flujo petrolero se garantiza bajo reglas externas, el Estado puede financiar servicios mínimos y reducir tensión social; si ese flujo se canaliza fuera del alcance de redes predatorias internas, el viejo régimen pierde la capacidad de comprar lealtades, sostener aparatos represivos y mantener la corrupción estructural como sistema de gobernanza.
Aquí reside la paradoja: el poder formal permanece “chavista” —la élite visible, la administración cotidiana— pero el centro gravitacional del poder se desplaza. El resultado no es una transición democrática clásica, sino un interinato funcional: un gobierno provisional cuya misión implícita no es representar, sino mantener el país en pie mientras se reconfiguran las condiciones de posibilidad del Estado.
Los administradores del sistema intervenido
En toda transición real —no en las idealizadas— la continuidad importa. La pregunta es qué se continúa. En la Venezuela tutelada, la continuidad parece ser administrativa, no soberana. Los hermanos Rodríguez, en esta lectura, ya no serían los arquitectos de un proyecto hegemónico propio, sino administradores de un sistema intervenido. Y figuras como Diosdado Cabello —símbolo de la coerción— quedarían contenidas por un nuevo marco de reglas que reduce su margen de maniobra.
La carta pública atribuida a Delcy Rodríguez, leída como “declaración de supervivencia”, aporta una clave psicológica y estratégica: el régimen no proclama victoria; racionaliza su rendición. Habla de miedo, de “pausa forzada”, de treguas compradas con barriles. Es la retórica del poder que ya no manda, sino que intenta negociar su salida sin morir en el intento.
En una organización política que funcionó durante años con lógica de clan, la traición tiene un precio. Por eso, la supervivencia personal y la continuidad mínima del aparato se vuelven prioridad. La tutela ofrece una salida: cooperación a cambio de vida política futura, o al menos de no ser borrados del mapa. El socialismo del siglo XXI no muere con épica; se repliega con cálculo.
La doctrina del nuevo orden: soberanía alta, globalismo bajo
Este esquema venezolano no puede separarse del marco doctrinal que Washington proyecta hacia Europa y el mundo: el retorno de la soberanía como condición, no como obstáculo, de la cooperación. En esa visión, la posguerra fría fue una ilusión: el liberalismo no conquistó el planeta por gravedad moral; el autoritarismo regresó con tecnología, dinero y paciencia estratégica.
El lenguaje de la nueva época es transaccional. La civilización occidental debe actuar como bloque —se afirma— y sus alianzas solo sobreviven si ambos lados son fuertes internamente. La cooperación multilateral deja de ser un altar y vuelve a ser herramienta: sirve si produce seguridad y prosperidad; estorba si paraliza.
En ese mapa, el cuadrante dominante es la soberanía nacional plena: fronteras duras, relocalización industrial, acuerdos bilaterales, aumento de fricción comercial y un Occidente que opera más como red de contratos que como comunidad de valores. La consigna no es “integración”, sino “resiliencia”. Y el precio es un déficit de coordinación global que se acepta como costo estratégico.
Venezuela, entonces, no sería un caso excepcional, sino un ensayo hemisférico: convertir la energía en dispositivo de control geopolítico, bloquear el acceso de enemigos estratégicos (China, Rusia, Irán) y reinsertar el país en una arquitectura occidental regulada por licencias, compliance y contratos con jurisdicción segura.
Tres fases: cimientos, estructura, fachada
La tutela no se vende como tutelaje. Se vende como secuencia técnica.
Fase 1 (2026–2027): los cimientos. Seguridad ciudadana, control territorial, freno del colapso humanitario. Amnistía parcial como válvula de presión —pacificar sin reconciliar— y primeras garantías de derechos civiles mínimos (apertura de espacios, descompresión del miedo). La lógica es simple: sin orden no hay reconstrucción; sin descompresión no hay economía.
Fase 2 (2027–2029): la estructura. Reactivación petrolera con reglas estrictas; retorno de capital bajo marcos contractuales que reduzcan el riesgo de captura. Se busca un umbral productivo que financie recuperación básica, rehabilitación de servicios y estabilización social. Aquí la energía vuelve a ser el corazón: sin flujo no hay Estado; sin reglas, el flujo alimenta al viejo monstruo.
Fase 3 (2029–2030): la fachada institucional. Elecciones, restitución de poderes autónomos, observación internacional y un nuevo pacto social. Nótese el orden: la legitimidad llega al final, como coronación de un sistema ya estabilizado, no como punto de partida.
El dilema fatal: control sin legitimidad
El problema de este diseño es tan antiguo como la política: el control puede comprarse; la legitimidad no.
Un gobierno tutelado puede adquirir estabilidad por imposición externa, por miedo residual y por mejora material. Puede comprar silencio. Pero si la sociedad percibe que la estabilidad fue impuesta —y no pactada— el resentimiento se acumula como deuda histórica. La transición se vuelve un “equilibrio autoritario estabilizado” con rostro tecnocrático. Y el país queda atrapado: ni democracia plena, ni dictadura clásica; un limbo administrado.
Aquí aparece el riesgo estratégico mayor: una tutela sin participación real de la sociedad civil puede sembrar futuros estallidos. Y la resistencia de élites residuales —sabotaje, economías ilícitas, violencia subcontratada— puede intentar romper el esquema desde dentro.
Incluso el debate sobre figuras como María Corina Machado encaja en esa lógica: su retorno, para no incendiar el tablero, tendría que estar coordinado con el marco tutelar. En la estabilización, la calle tiene límites; la política, cronogramas; y la oposición, una tarea ingrata: presionar por legitimidad sin producir caos.
La pregunta que decide el siglo venezolano
La historia enseña que las transiciones fracasan por dos excesos opuestos: romanticismo institucional (creer que el voto por sí solo reconstruye el Estado) y cinismo estabilizador (creer que el orden por sí solo crea legitimidad). Venezuela está caminando sobre ese alambre.
Si el desmontaje tutelado logra convertir el petróleo en bienestar visible —electricidad, agua, salarios, servicios— y al mismo tiempo abre espacio verificable a libertades civiles, el país puede llegar al umbral donde las elecciones no sean detonante, sino cierre. Pero si la tutela se eterniza, si la economía mejora sin apertura cívica, o si el cronograma se diluye, la estabilización se convertirá en un nuevo régimen: más presentable, más eficiente, igual de ilegítimo.
Al final, el problema no es si Venezuela será estable. Es qué tipo de estabilidad comprará. Una nación no vive solo de treguas; vive de consentimiento. Y el consentimiento no se impone. Se gana. En esa frase —más que en cualquier lámina, licencia o contrato— está la clave del experimento: el día que el centro gravitacional del poder vuelva a coincidir con la voluntad civil, la tutela habrá cumplido su misión. Si no, habrá creado simplemente otra forma —más moderna, más contractual— de la misma vieja dominación.
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