El jueves la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que fue anunciada hace apenas dos semanas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Sin embargo, el nuevo instrumento legal parece disociado de los estándares internacionales tal como apunta Cofavic, una organización emblemática en la defensa de los derechos humanos
La ley que recibió el ejecútese de la mandataria encargada la misma noche de este jueves, busca promover la reconciliación -según la narrativa oficial- al otorgar amnistía a personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con una serie de eventos del primer cuarto del siglo XXI. Si bien podría beneficiar a cientos de presos políticos y exiliados, facilitando su liberación y el cierre de causas, fue recibida con cautela o críticas por parte de las organizaciones venezolanas de derechos humanos.
Entre las voces críticas destaca el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), una organización histórica en la defensa de los derechos humanos en el país. Fundada en 1990 a raíz de la masacre de «El Caracazo», Cofavic ha documentado violaciones sistemáticas, litigado casos emblemáticos y promovido reformas institucionales. Su directora, Liliana Ortega, es una de las figuras más respetadas en Venezuela en esta materia, siendo consultada con frecuencia por gobiernos extranjeros y organismos internacionales como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, aún antes de que se aprobara la ley, Cofavic advirtió que la misma podría ser nula según estándares internacionales de derechos humanos.
En vista de que el texto se aprobó, prácticamente, sin incluir las recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos, apelamos a lo publicado por el equipo que dirige Liliana Ortega para brindar un marco analítico de las carencias y contradicciones de la nueva ley.
La organización detalla tres aspectos clave que podrían llevar a la invalidez, basados en un análisis jurídico contrastado con normas globales. Estos argumentos no solo cuestionan la efectividad de la ley para lograr una reconciliación genuina, sino que resaltan cómo podría perpetuar la impunidad en un contexto marcado por la represión, especialmente durante los 12 años de Nicolás Maduro (2013-2025).
El primer aspecto señalado por Cofavic se centra en la contradicción interna del proyecto y su enfoque revictimizante. La ley se presenta como una «amnistía general y plena» por «delitos o faltas» ocurridos entre 1999 y 2026, pero limita su aplicación a solo 13 eventos específicos, sin explicar detalladamente en qué consisten esos delitos. Esto, según la organización, contradice el carácter «general» proclamado, ya que deja fuera numerosos casos de persecución política no encuadrados en esos episodios.
Más grave aún, el artículo 8 del texto —que enumera los hechos amnistiables— no incluye los delitos cometidos por funcionarios públicos, autoridades o terceros actuando bajo su dirección para reprimir a los disidentes. En cambio, el lenguaje utilizado señala como responsables de «eventos violentos» a personas que, en realidad, fueron víctimas de detenciones arbitrarias y otras violaciones graves.
Cofavic califica esto como un efecto revictimizante, que afecta no solo a las víctimas directas y sus familias, sino a la sociedad en conjunto al distorsionar la narrativa histórica. La organización insiste en que las amnistías serán nulas si se aplican indiscriminadamente y sin mecanismos adecuados de investigación y esclarecimiento de los hechos.
Un segundo aspecto que Cofavic aborda es la ausencia de reconocimiento estatal de responsabilidad, un elemento que podría generar «impunidad por absorción». Ni en la Exposición de Motivos ni en el articulado se admite expresamente la culpabilidad del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos en el período cubierto. Tampoco se expresa voluntad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Este fenómeno, explica la organización, implica que el Estado, al perdonar a los ciudadanos por su disidencia, se absuelve a sí mismo de la violencia usada para reprimirla.
Además, el artículo 11 deposita la ejecución en «tribunales de control o juicio competentes», presuponiendo su independencia —un supuesto cuestionado por mecanismos internacionales como la CIDH y la ONU, que han documentado cómo el Poder Judicial venezolano fue capturado por el Ejecutivo.
Cofavic advierte de una arista muy grave de la ley: al ordenar sobreseimientos y anulaciones de sentencias sin preservar expedientes judiciales, esto equivale a destruir la memoria histórica y evidencias de crímenes estatales, imposibilitando futuras investigaciones. Esto situaría la ley en nulidad bajo estándares como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exige transparencia por abusos.
El tercer argumento se enfoca en cómo la ley constituye un obstáculo para el acceso efectivo a la justicia y reparación. Cofavic observa que no se incluyen procedimientos de justicia transicional, como una Comisión de la Verdad para esclarecer hechos y promover reconciliación. Tampoco estipula mecanismos de reparación económica o simbólica para los amnistiados, y la Exposición de Motivos afirma que no requiere presupuestos adicionales, limitándose a competencias existentes de órganos públicos.
Todo esto, argumenta la organización, ignora la necesidad de reparación integral para víctimas de graves violaciones. Fundamentalmente, resalta el derecho de las víctimas a ser oídas, no como un gesto simbólico, sino como participación efectiva en decisiones que las afectan —un requisito indispensable para la legitimidad de cualquier amnistía.
En Venezuela, donde el Estado tiene una obligación ineludible de publicar listas de privados de libertad —para prevenir abusos y garantizar debido proceso—, la ley omite estas garantías.
Tal como fue aprobada, aliviará el sufrimiento inmediato de centenares de detenidos políticos y el dolor que atraviesa a sus familiares, pero al no abordar un asunto clave, como el desmantelamiento del aparato represivo, será a fin de cuentas una ley incompleta que en la práctica no impedirá que se repitan sucesos de esta naturaleza.
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