Esta semana no ha sido una semana más en la crisis venezolana. Ha sido una semana en la que algunas piezas comienzan a articularse en un motor que comienza a moverse hacia cambios mayores. El debate sobre la excarcelación de presos políticos y la eventual ley de amnistía, la reactivación progresiva de la calle y la visita del secretario de Energía de Estados Unidos no son hechos aislados. Son piezas de un mismo proceso político que comenzó a reconfigurarse tras la captura de Nicolás Maduro y que hoy entra en una fase distinta.
Cuando los hechos empiezan a conectarse, la única manera de comprender su impacto es integrándolos bajo una mirada sistémica, y no como eventos aislados cuya coincidencia es casual. Lo que vemos más bien es un conjunto de eventos que coinciden porque hay un fenómeno de causalidad que los mueve simultáneamente, que los orquesta bajo la dirección de un objetivo común que alinea a todo un colectivo: Un cambio político que garantice libertad y democracia.
La amnistía como síntoma, no como gesto
El debate sobre la excarcelación de presos políticos no nace de una súbita vocación humanitaria del poder. Nace de la coerción ejercida por los Estados Unidos sobre lo que queda del régimen venezolano tras la operación militar que concluyó con la extracción de Nicolás Maduro.
En paralelo, y desde antes de este evento, la Asamblea Nacional oficialista avanza en el retiro del Estatuto de Roma y en el blindaje frente a la Corte Penal Internacional (CPI), en un intento explícito de reducir exposición penal individual. La discusión jurídica es, en realidad, política: cuando un régimen intenta salirse de la jurisdicción internacional, está reconociendo implícitamente que la responsabilidad penal se ha convertido en una amenaza creíble.
Es así como las excarcelaciones administradas responden a este nuevo entorno. El gobierno, a través de las excarcelaciones selectivas, condicionadas bajo amenaza de reversión, como fue el caso de Juan Pablo Guanipa, busca bajar la presión internacional sin perder control interno. Pero cada excarcelación condicionada produce un efecto no deseado para el gobierno: eleva la expectativa y la demanda por la liberación plena y sin condiciones de todos.
Y cuando la sociedad percibe que algo es posible comienza a actuar en consecuencia.
La calle y el cambio en la percepción del miedo
Las movilizaciones recientes en torno a la liberación plena de los presos políticos no son aún masivas, como hemos visto el pasado sábado 7 en los centros de detención de varias ciudades, y el jueves 12 en la UCV y en otras universidades a lo largo y ancho del país. Como hemos visto, han sido protestas prudentes, graduales y focalizadas, pero con un enorme apalancamiento moral que nunca fueron reprimidas, y por lo tanto alimentan la percepción de que el gobierno ya no puede reprimir como antes sin pagar costos mayores.
Este cambio de percepción es decisivo.
Los costos de la represión han aumentado por tres factores convergentes:
- La amenaza penal internacional.
- La evidente disposición de Estados Unidos a utilizar las capacidades militares que continúan estando presentes en el Caribe.
- La visibilidad global del caso venezolano tras el reconocimiento internacional al liderazgo democrático.
En este nuevo contexto, reprimir ya no es un acto doméstico. Es un acto con consecuencias externas. Y cuando el costo externo aumenta, el cálculo interno cambia.
Aquí emerge una dinámica interesante en el seno del poder. Mientras el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez administra concesiones tácticas y discursos de control, Diosdado Cabello mantiene un tono amenazante y radical. A primera vista podría parecer descoordinación. En realidad, es funcionalidad.
La amenaza preserva el miedo como instrumento de disuasión mientras se administran gestos parciales. Es una división de roles que intenta evitar la percepción de debilidad absoluta y permite una coartada cuando no se cumple con lo demandado, como ha sucedido con los presos políticos. Pero incluso esa estrategia revela algo: este gobierno que nadie ha elegido necesita simultáneamente concesión y amenaza. Eso no ocurre cuando el control es absoluto. Ocurre cuando la falta de legitimidad amenaza el control y la estabilización que el gobierno norteamericano demanda de quienes se presentan a sí mismos como los únicos capaces de garantizar la estabilidad en medio de cambios que cada vez demandarán más de quienes detentan el poder de facto.
La visita energética y el horizonte de transición
La visita del secretario de Energía de Estados Unidos no fue protocolar ni una cortesía diplomática entre gobiernos. Fue estratégica.
La agenda incluyó contactos con empresas petroleras y reuniones con autoridades venezolanas, en el marco de un plan gradual delineado previamente por Washington. Los mensajes implícitos fueron claros: no hay normalización; Estados Unidos no reconoce al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez como legítimo; el plan de tres fases que desemboca en una transición, explicado por el secretario de Estado, Marco Rubio, continúa su curso; y la política energética es hoy el principal instrumento de presión estructural.
En este sentido, la presión sobre el sector petrolero afecta directamente la caja del régimen y, por tanto, su capacidad de financiar represión y clientelismo. No produce una transición automática. Pero modifica el cálculo de supervivencia de las élites gubernamentales y los actores esenciales que les dan soporte.
Y, como hemos dicho tantas veces, las transiciones no comienzan porque los regímenes colapsan. Comienzan porque las élites concluyen que resistir es más costoso que negociar.
Las piezas juntas del rompecabezas
Si se analizan por separado, los eventos de la semana parecen coyunturales. Integrados, muestran una arquitectura coherente:
– Las excarcelaciones son respuesta a la presión.
– La calle se activa porque percibe la presión sobre el régimen y el costo de reprimir ha aumentado.
– La presión energética define un horizonte que no es de normalización, sino de transición.
Venezuela no está aún en una transición, politológicamente hablando, pero el sistema ha perdido su equilibrio y ha entrado en una fase de tensión estratégica que desemboca en uno de los siguientes tres escenarios en lo inmediato:
- Un nuevo equilibrio que implica una administración prolongada del conflicto con concesiones parciales, que puede terminar revirtiendo todos los avances alcanzados.
- Una transición negociada y condicionada con garantías para actores clave.
- Una ruptura abrupta con un desenlace difícil de predecir, por mala gestión del proceso, lo que incluye extender la permanencia de un gobierno sin legitimidad , que además incuba sus propios conflictos internos, más allá de lo estrictamente necesario.
Lo que parece cada vez menos sostenible es una continuidad estable del statu quo.
El momento político
Como estudioso de las transiciones democráticas debo recordar que los procesos de transición rara vez son lineales. Pero como activista por la democracia, debo añadir algo más: Estamos obligados a no desperdiciar un momento histórico como el que vivimos. Muy difícilmente volverán a coincidir en un mismo momento un liderazgo nacional valiente y coherente con un profundo arraigo nacional, un gobierno legítimamente electo y reconocido tanto dentro como fuera del país, presión de la mayor potencia internacional comprometida con el uso de todos los recursos disponibles para generar un cambio, y una nación que apoya de manera casi unánime un cambio político. Lo que falta para lograrlo depende de nosotros.
Cuando el costo de reprimir supera el costo de tolerar, los sistemas autoritarios entran en fase de transición. Esa es la ley escrita por Robert Dahl en los años setenta, que hoy sigue teniendo plena vigencia.
La pregunta no es si Venezuela cambiará. La pregunta es cuándo y bajo qué condiciones.
El tablero cambió. Y cuando cambia el tablero, cambian las decisiones.
La responsabilidad histórica de la dirigencia democrática es convertir este momento en arquitectura de transición y no en una nueva frustración, y eso comienza por no pasar la página del 28 de julio de 2024. Si algo ha demostrado nuestra historia reciente es que las ventanas de oportunidad no permanecen abiertas indefinidamente.
La transición no es un deseo. Es una posibilidad real que debe construirse con estrategia, tal como se construyó el triunfo del 28 de julio de 2024.
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