Tras la intervención militar en Venezuela analistas prevén que se enfríen las pretensiones territoriales de Caracas sobre el Esequibo. Guyana podría beneficiarse de un menor riesgo para el flujo de inversiones petroleras que catapultan sus ingresos.
El 6 de enero, apenas tres días después de la fulminante operación en Venezuela, el secretario de Estado Marco Rubio conversó telefónicamente con el presidente guyanés Irfaan Ali. Reafirmó “el compromiso de Estados Unidos de profundizar la cooperación en materia de seguridad con Guyana”. Ali, por su parte, agradeció el respaldo de Washington: “En defensa de nuestra soberanía e integridad territorial”. Una clara alusión a la disputa territorial por el Esequibo, de tierra y mar.
Origen del conflicto
Desde 1962, Venezuela rechaza la decisión del tribunal internacional que en 1899 adjudicó el Esequibo a Guyana, entonces colonia del Imperio Británico. En 1966, tras la independencia de Guyana, ambos países firmaron el Acuerdo de Ginebra, comprometiéndose a encontrar una solución práctica y mutuamente satisfactoria.
Sin acuerdo posible, la controversia pasó a los buenos oficios de la ONU, y en 2018 Guyana acudió a la Corte Internacional de Justicia, que Venezuela desconoce. Entre 1999 y 2013, la disputa quedó en pausa por las buenas relaciones entre Hugo Chávez y Georgetown. Por afinidad política, en 2004, el mandatario venezolano llegó a expresar en Guyana que Venezuela no sería obstáculo para proyectos de desarrollo en Esequibo si beneficiaban a la población guyanesa. Pero el conflicto resurgió en 2015 cuando la estadounidense ExxonMobil descubrió un gigantesco yacimiento de petróleo que se extiende hasta la zona que Caracas reclama.
El bloque Stabroek, frente a la costa de Guyana, alberga 11.000 millones de barriles. El pequeño país, que tiene en los 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo dos terceras partes de su territorio, ya produce 900.000 barriles diarios mediante un consorcio liderado por ExxonMobil, junto a Chevron, otra gigante estadounidense y la china CNOOC, el mayor productor de petróleo y gas natural en alta mar de la potencia asiática.
El interés de Caracas
Venezuela, por su parte, ha reclamado la explotación petrolera en áreas que considera suyas en el Esequibo. Es una región rica en recursos naturales como oro y diamantes, además de sus vastas reservas de crudo. Nicolás Maduro llegó a llamar a Irfaan Ali “el Zelenski del Caribe”, insinuando la posibilidad de una acción militar y aprobó la creación de un Estado venezolano en el territorio en disputa.
Además, el petróleo del Esequibo es de alta calidad y relativamente fácil de extraer. Por lo tanto, las ganancias son altas. Mientras, el petróleo del Orinoco es pesado, de baja calidad y caro de extraer. Por eso Caracas ha tenido tanto interés en el petróleo del mar en la zona que está en disputa.
Riesgo contenido
Un elemento a considerar es que el gobierno tutelado e interino de Delcy Rodríguez concentra sus esfuerzos en garantizar la permanencia del chavismo en el poder y retrasar una transición democrática en Venezuela. Bajo esa lógica, asuntos como el Esequibo tienden a quedar relegados a un segundo plano.
Eileen Gavin, analista principal para América de Verisk Maplecroft, firma especializada en inteligencia de riesgos, considera que el derrocamiento de Maduro apunta a un congelamiento de las pretensiones venezolanas y a una mayor seguridad para las compañías petroleras que operan en Guyana.
“En algunas oficinas, especialmente sobre el terreno, se habrán exhalado suspiros de alivio, porque esa es una amenaza constante tanto al intentar manejar la logística como al asegurarse de que los barcos circulen con seguridad”, afirmó Gavin en declaraciones a CNBC.
Allen Good, director de investigación de renta variable en Morningstar, sostuvo que las advertencias de Caracas sobre el Esequibo nunca tuvieron un carácter práctico. En su análisis, explicó que “con Venezuela ya en la mira de Estados Unidos y Exxon como el mayor operador en Guyana, cualquier agresión probablemente habría provocado una respuesta estadounidense”.
Añadió que el nuevo escenario reduce aún más las posibilidades de una acción militar por parte de Caracas. “Ahora, con la intención de Estados Unidos de controlar el país, cualquier acción de Venezuela se vuelve aún más remota, eliminando una molestia para Exxon y Guyana”.
Esperando a la Corte
Todo indica que la controversia se resolverá en la Corte Internacional de Justicia. Tras su fallo, se abrirá la posibilidad de que Venezuela y Guyana alcancen acuerdos en distintas áreas.
Emilio Figueredo, exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas, afirma: “No descarto que una vez emitida la sentencia, que no determinará la nulidad del laudo de 1899, haya espacio para que ambos países delimiten equitativamente la plataforma continental y alcancen acuerdos ganar-ganar en materia petrolera y de generación eléctrica”.
El exembajador y diplomático venezolano Oscar Hernández sostiene que, para la administración de Delcy Rodríguez, “el conflicto con Guyana dejó de ser centro de atención. No tiene justificación para usarlo como expediente narrativo y como recurso político en el plano internacional como lo hizo Maduro en distintas oportunidades”.
“Dudo que Estados Unidos no mantenga su posición de acercamiento con Georgetown, con relación al petróleo y como detente con la actual administración en Caracas. Estados Unidos seguirá apoyando a Guyana”, añade.
La apuesta de Trump
Washington empezó a vender el petróleo venezolano a precios de mercado e intervenir en el cobro y la transferencia de fondos. Al mismo tiempo, la administración Trump instó a las compañías estadounidenses a invertir en Venezuela, país con las mayores reservas de crudo del mundo, cuya producción se desplomó bajo el chavismo.
En teoría, el interés por el control del negocio petrolero y el entendimiento con la administración de Delcy Rodríguez podría derivar en algún cambio en el apoyo de la administración de Washington a Guyana. Pero la dinámica del sector indica que esa posibilidad enfrenta obstáculos de peso.
Según datos de la OPEP, Venezuela produce 934.000 barriles diarios, apenas un tercio de lo que extraía antes de la llegada del chavismo en 1999. Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, señala que elevar la producción hasta 4 millones de barriles diarios requeriría inversiones de unos 100.000 millones de dólares y diez años de trabajo continuo.
El gobierno de Delcy Rodríguez continúa siendo ilegítimo, y las grandes petroleras —entre ellas Exxon— han advertido que no darán el paso hacia inversiones de largo plazo mientras no exista un marco sólido que las respalde. Incluso Chevron, que ha mantenido operaciones en Venezuela, todavía no contempla desembolsos significativos.
El gobierno venezolano planea reformar su Ley de Hidrocarburos para atraer inversión, pero el panorama sigue siendo incierto en medio de la inestabilidad política. En contraste, Guyana se presenta como un destino seguro para grandes capitales.
Periodista. Autor de los libros Petróleo y Desmadre y La Economía del Caos.
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