El proceso político que se inició en Venezuela hace 27 años con la llegada al poder del teniente coronel Hugo Chávez Frías el día 2 de febrero de 1999, parece estar llegando a su fin. Se han producido dos hechos políticos de gran importancia en los últimos años que han creado el contexto de ese final. El primero fue la ocurrencia de las elecciones primarias de la oposición del 22 de octubre de 2023, de las que brotó el liderazgo absolutamente mayoritario de María Corina Machado, que fue capaz de unir al 80% por ciento de la oposición venezolana a su alrededor, como quedó demostrado fehacientemente con los hechos posteriores. El segundo evento fue la elección presidencial del 28 de julio de 2024, en la que Nicolás Maduro fue derrotado de forma abrumadora (70% versus 30%).
Ese resultado electoral, respaldado por las actas legítimas de votación recopiladas por la dirigencia opositora y que hoy reposan en las arcas del Banco Central de Panamá, alterado toscamente a favor de Maduro por el Consejo Nacional electoral (CNE), despojó al régimen de toda legitimidad, exponiéndolo así frente a la nación y al mundo. De allí que la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo no reconozcan la presidencia de Maduro como auténtica y legítima.
Por esa y otras razones que tienen que ver con la violación sistemática de los derechos humanos, el aprovechamiento ilícito de los recursos nacionales, la depredación del tesoro público, acciones ilícitas vinculadas al narcotráfico y relaciones estrechas con grupos terroristas internacionales, el régimen madurista se encuentra acosado por Estados Unidos que lo ha catalogado de enemigo y operador peligroso para su seguridad.
En estas condiciones, el país está inmerso en uno de los escenarios más espinosos y complejos de su historia, con posibilidades de verse envuelto en una condición sangrienta de violencia de la que no tiene ninguna posibilidad de salir indemne. Aunque esa alternativa pudiera ser la vía para que se produzca el cambio político que la inmensa mayoría del país desea fervientemente, no sería, desde luego, la opción más deseable. Lo conveniente sería que a estas alturas de la crisis política nacional, tan dilatada y dolorosa como ha sido, pudiera resolverse de manera pacífica mediante un acuerdo entre el régimen ilegítimo y la oposición triunfante en las elecciones del año 2024. Por eso, muchos demandan un nuevo diálogo entre gobierno y oposición.
Pero ante esa alternativa surgen las siguientes interrogantes:
¿Se puede dialogar con quienes están obsesionados en mantener el poder a toda costa, como lo han manifestado tenazmente hasta la fecha?
¿Quiénes representarían válidamente a la oposición, que no fueran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia?
¿Alguien puede imaginarse a Jorge Rodríguez o cualquier otro representante del régimen dialogando con estas dos personas?
Pareciera que tales cosas no son posibles dada la naturaleza del régimen madurista. Muchos creemos que solo el poder de la fuerza puede removerlo. Quisiera estar equivocado. Quisiera pensar que todavía es posible salir de este atolladero por una vía pacífica, racional y democrática, como tantas veces se ha propuesto, pero me cuesta trabajo creerlo. No en balde hemos sufrido 27 años de chavismo, socialismo e izquierdismo, sin olvidar el populismo, siempre presente en la mentalidad de todos nuestros políticos de ayer y de hoy, con las poquísimas excepciones de quienes no es necesario citar nuevamente.
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