En medio de las múltiples realidades que unos y otros intentan construir sobre la Venezuela que ha quedado tras la salida de Nicolás Maduro, hay una que, en lo personal, resulta difícil de ignorar: la fragilidad.
La situación atraviesa un momento extremadamente delicado, incluso cuando la estructura de poder que lo ha sostenido durante más de una década permanece, en lo esencial, intacta. Da la impresión de que algo ha cambiado, pero al mismo tiempo persiste la sensación de que, en el fondo, nada ha ocurrido realmente.
Esa ambigüedad convierte en una tarea cuesta arriba la posibilidad de sentar bases firmes, primero para ingresar en el tan anunciado periodo de transición y, más adelante, para construir un gobierno estable y duradero. La salida de Maduro, tal como se produjo, dejó abiertos múltiples flancos de vulnerabilidad.
Hoy en día, esos elementos siguen siendo capaces de generar una desestabilización significativa si se hubiese optado por un gobierno que excluyera por completo al aparato chavista. En ese contexto, no resulta difícil entender por qué se mantuvo una continuidad administrativa, en lugar de avanzar hacia la instalación inmediata de un nuevo gobierno.
De haberse producido ese quiebre abrupto, el frágil equilibrio que hoy sostiene al poder heredado del chavismo probablemente no habría existido. Todo habría derivado, casi con certeza, en un escenario de confrontación interna de consecuencias imprevisibles.
Desde esa perspectiva —y muy a pesar de las críticas que esta decisión genera—, la permanencia de los mismos actores al frente del gobierno ha funcionado, al menos por ahora, como un dique de contención. No garantiza soluciones, pero sí reduce la probabilidad inmediata de que el caos, el desorden y los enfrentamientos se conviertan en protagonistas a escala nacional.
Bajo este temporal de inestabilidad, las ambiciones presidencialistas, tanto de un lado como del otro, quedan particularmente mal paradas. Lejos de contribuir a la estabilidad necesaria para iniciar un proceso de transición serio y sostenido, agregan presión a un escenario ya tensionado.
Estas ambiciones alimentan, de forma explícita o velada, las expectativas de quienes apuestan a un desenlace violento que, según sus propios cálculos, podría favorecerles. Algo similar ocurre con quienes anuncian que el momento esperado ha llegado y que ahora es tiempo de justicia.
Incluso si esa premisa fuera correcta, la fragilidad del contexto arrastraría al ya enrarecido ambiente político hacia un desenlace no solo prematuro, sino potencialmente indeseado. Aquí cobra especial relevancia el papel de los venezolanos que permanecen en el territorio nacional.
Son ellos quienes han aprendido a reconocer los momentos de mayor tensión y riesgo, administrando sus emociones con una mezcla de incertidumbre y prudencia. Algunos lo atribuyen al miedo; otros, a la resignación. Sin embargo, esa conducta ha evitado que la situación derive en un estallido social de consecuencias aún más graves.
Considero que la posibilidad de ingresar, en el corto plazo, a un proceso de transición real hacia la democracia en Venezuela aún luce distante. Apenas se percibe una rendija estrecha por la cual podría comenzar a discurrir ese camino.
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Este es un momento que exige temple y habilidad diplomática, atributos esenciales de la política en contextos de alta fragilidad. Será necesario aislar todo aquello que introduce ruido en el ambiente —desde las falsas promesas hasta formas de dirigencia marcadamente polarizante— si de verdad se aspira a cerrar la larga pesadilla de los últimos años.
Solo desde esa contención será posible abrir, de manera gradual, los espacios que permitan iniciar una transición real. Una que no se limite al discurso, sino que derive en garantías efectivas para la participación de todos los ciudadanos en un proceso electoral justo, transparente y verdaderamente democrático.
Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
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