Venezuela debatirá el jueves una propuesta que permitiría a las empresas petroleras privadas comercializar su propia producción, pagar menos impuestos y resolver disputas mediante arbitraje, en lugar de hacerlo exclusivamente en los tribunales venezolanos, según un proyecto de ley al que tuvo acceso Bloomberg.
Los detalles aún podrían cambiar, ya que el borrador se someterá a debate, pero en su forma actual supone la reforma más significativa del marco normativo sobre hidrocarburos del país en más de dos décadas, al relajar el control de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA y mantener al mismo tiempo la propiedad estatal de las reservas.
Según el borrador, las empresas privadas venezolanas podrían explotar yacimientos petrolíferos por su cuenta y riesgo mediante contratos con empresas estatales, mientras que las empresas conjuntas seguirían requiriendo una participación mayoritaria del Estado. El proyecto de ley también permitiría a las compañías, bajo determinadas condiciones, comercializar el crudo directamente en lugar de venderlo exclusivamente a través de PDVSA.
La propuesta también permitiría a las empresas resolver disputas legales mediante arbitraje y otros mecanismos alternativos, flexibilizando las restricciones impuestas por la ley de hidrocarburos de 2001, promulgada durante la presidencia de Hugo Chávez, que limitaba la resolución de controversias a los tribunales locales. La ley fue modificada por última vez en 2006.
Los contratos existentes, incluidos los acuerdos de asociación de producción adoptados en el marco antibloqueo, seguirían en vigor.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 15 de enero su intención de reformar la ley de hidrocarburos sin ofrecer detalles. Los cambios buscan atraer nuevamente a las empresas petroleras internacionales al país tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en una incursión militar este mes.
Las condiciones fiscales se suavizarían para atraer inversiones. Aunque se mantendría una tasa de regalías básica del 30%, la propuesta permitiría reducciones para proyectos considerados poco rentables, junto con recortes temporales de los impuestos a la extracción. Los cambios apuntan a canalizar capital hacia yacimientos poco desarrollados, incluidas zonas con escasa infraestructura existente.
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