En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la ONG Transparencia Venezuela alertó que la persecución política y sextorsión se suman a violencia contra las venezolanas.
La organización subrayó que la extorsión se ha convertido en un “paso ineludible” en casi cualquier interacción con funcionarios públicos, fenómeno agravado por la debilidad institucional, la opacidad y la impunidad.
En el caso de las mujeres, esta práctica adopta una dimensión particularmente cruel: la sextorsión, una forma de corrupción que combina abuso de poder y coerción sexual, perpetrada tanto por redes criminales como por funcionarios públicos.
“Ser mujer en Venezuela se configura como un altísimo factor de vulnerabilidad, pero pese a esta grave realidad, la sextorsión no está tipificada como delito en la legislación venezolana, lo que genera impunidad y dificulta el acceso a la justicia”, afirmó la ONG.
En su informe del 20 de septiembre de 2024 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció “actos de violencia sexual y basada en género, normalmente en centros de detención, que se incrementaron tras la crisis postelectoral”, entre ellos “manoseos de senos, glúteos y genitales, desnudez forzada y requisas invasivas, amenazas e insultos sexistas y denegación de derechos sexuales y reproductivos contra algunas de las más de 200 mujeres y niñas detenidas, así como contra mujeres que visitaban a sus seres queridos en los centros de detención”.
En Venezuela está vigente Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007 —reformada luego en 2014 y 2021—, pero existe solo en el papel. En la práctica, instituciones y funcionarios encargados de cumplirla y hacerla cumplir no solo no lo hacen, sino que la violentan flagrantemente.
La doble condena de las presas políticas
La ONG también denunció la persecución política contra mujeres defensoras de derechos humanos, líderes sociales y periodistas. Más de 180 han sido víctimas de detenciones arbitrarias.
Entre los casos más graves figuran la desaparición forzada de la profesora y sindicalista Lourdes Villareal en mayo de 2025, y la detención de la defensora Rocío San Miguel Sosa, incomunicada por más de 120 horas en febrero de 2024. También, Emirlendriz Benítez, condenada a 30 años, fue torturada y perdió un embarazo. Marggie Orozco, de 65 años, con antecedentes de infartos, recibió la misma condena por un audio crítico en WhatsApp. Yosida Vanegas Monasterios, jubilada de la UPEL, fue detenida en 2023 por ser madre de un preso político, pese a necesitar atención médica urgente.
Otros casos, como los de Nélida Sánchez y Angela Lisbeth Expósito Carrillo, evidencian que la maquinaria represiva utiliza la detención y el abuso como táctica de control social y político, sin respeto a las garantías constitucionales ni a los derechos humanos más básicos.
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